El acuerdo anunciado por Donald Trump y Delcy Rodríguez contempla inversiones por más de 100.000 millones de dólares y tributos por 209.000 millones sobre 65.000 millones de barriles de reservas. Sin embargo, el cálculo realizado por Motor Económico muestra que el ingreso fiscal promedio para Venezuela sería de apenas 3,22 dólares por barril, muy por debajo de lo previsto por la legislación vigente.
El anuncio presentado como el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” establece un nuevo escenario para la explotación de recursos energéticos venezolanos. Donald Trump y Delcy Rodríguez anunciaron un convenio que involucra más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas distribuidas en 17 campos estratégicos de la Faja Petrolífera del Orinoco y del Lago de Maracaibo. Según la información difundida por el gobierno venezolano, el proyecto contempla inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares y una recaudación tributaria estimada en 209.000 millones. Sin embargo, al dividir ambas magnitudes, aparece una cifra que generó fuertes cuestionamientos: apenas 3,22 dólares por barril.
El cálculo adquiere mayor relevancia cuando se lo compara con los esquemas fiscales que Venezuela utilizaba anteriormente y con el régimen que entró en vigencia durante 2026. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos estableció un sistema con regalías de hasta el 30% y un Impuesto Integrado de Hidrocarburos de hasta el 15% sobre los ingresos brutos. Según los análisis citados por Motor Económico, bajo ese esquema la participación fiscal potencial del Estado podría alcanzar una carga equivalente al 45% del ingreso bruto. En términos de un barril de petróleo cotizado alrededor de 83 dólares, la recaudación podría ubicarse muy por encima de los 3,22 dólares que surgen del nuevo acuerdo.
La diferencia se vuelve todavía más significativa cuando se observa el volumen total involucrado. Los 209.000 millones de dólares anunciados como tributos parecen, a primera vista, una cifra extraordinaria. Pero el acuerdo proyecta la explotación de 65.000 millones de barriles y, según el análisis publicado, los contratos podrían extenderse durante décadas. Si esos 209.000 millones se distribuyeran sobre todo el volumen comprometido, el resultado sería de aproximadamente 3,22 dólares por barril. El cálculo es utilizado por los críticos del acuerdo para cuestionar si la magnitud de la inversión anunciada justifica una participación fiscal que sería considerablemente menor a la que permitiría el marco legal venezolano.
La comparación con el régimen anterior también permite dimensionar el cambio. Antes de la reforma de 2026, las regalías y los impuestos aplicados a la actividad petrolera permitían al Estado venezolano capturar una proporción mucho mayor del valor generado por cada barril. El análisis difundido por Motor Económico sostiene que, dependiendo de los precios y de la estructura tributaria considerada, la participación estatal podía superar los 25 dólares por barril y alcanzar niveles todavía superiores bajo determinadas condiciones. Frente a ese antecedente, los 3,22 dólares calculados para el nuevo convenio representan una reducción sustancial de la participación fiscal que es presentada como una de las principales claves económicas del acuerdo.
El convenio también tiene una dimensión geopolítica que excede la cuestión tributaria. Entre los campos incluidos aparecen áreas estratégicas del Lago de Maracaibo que actualmente se encuentran vinculadas a operaciones de la empresa china China Concord Resources Corp. El desplazamiento de capitales chinos de determinados yacimientos para favorecer una mayor presencia estadounidense representa, de confirmarse los términos anunciados, un cambio relevante en la disputa por el control de los recursos energéticos venezolanos. La puja por el petróleo de Venezuela vuelve así a quedar atravesada por la competencia global entre Washington y Beijing.
Otro punto de discusión está relacionado con la legalidad y la estructura jurídica del acuerdo. El análisis publicado por Motor Económico plantea dudas sobre la posibilidad de aplicar un esquema de “arrendamiento” de los campos bajo la actual legislación venezolana, dado que la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Constitución establecen límites sobre la participación privada y reservan al Estado determinadas actividades estratégicas de la industria. Estas cuestiones podrían convertirse en un elemento central de la discusión política y jurídica si el acuerdo avanza hacia su implementación efectiva
Del lado venezolano, el argumento central para defender el entendimiento pasa por la necesidad de atraer capital, tecnología y capacidad de producción hacia una industria que lleva años atravesando dificultades. La recuperación de los niveles productivos requeriría inversiones de enorme magnitud y el gobierno de Rodríguez presenta el ingreso de capital estadounidense como una herramienta para recuperar infraestructura y aumentar la explotación. Además, según declaraciones atribuidas a la administración venezolana, la recaudación efectiva del Estado no se limitaría necesariamente a la simple división de los 209.000 millones de dólares por la cantidad de barriles, ya que el esquema tributario contempla distintos componentes. Esa diferencia de interpretación es uno de los puntos centrales de la controversia.
El acuerdo entre Washington y Caracas abre, en definitiva, una discusión que combina petróleo, soberanía, inversiones y geopolítica. Para sus impulsores, la llegada de más de 100.000 millones de dólares permitiría recuperar una industria estratégica y aumentar considerablemente la producción venezolana. Para sus críticos, en cambio, el esquema implica una cesión fiscal extraordinaria y una pérdida de capacidad del Estado para apropiarse de la renta petrolera. La cifra de 3,22 dólares por barril resume el principal cuestionamiento económico planteado por Motor Económico: si Venezuela posee una de las mayores reservas petroleras del planeta, el debate ahora pasa por cuánto de esa riqueza terminará efectivamente en las arcas del Estado y cuánto quedará en manos de las empresas que exploten esos recursos.
Fuente: Motor Económico
