Hugo Berozzi había cuestionado el acuerdo entre San Juan y Vicuña y calculado cuánto podrían representar las regalías resignadas. Días después fue despedido del Fondo de Garantías provincial, en una secuencia que abrió una fuerte discusión sobre los beneficios del RIGI y el modelo minero que impulsa el gobierno de Javier Milei.
El economista Hugo Berozzi, quien trabajaba desde hacía seis años en el Fondo de Garantías de San Juan, fue despedido pocos días después de difundir un análisis crítico sobre el acuerdo firmado entre el gobierno provincial y Vicuña. El especialista había puesto bajo la lupa las 57 páginas del convenio y advertido sobre el impacto que determinadas condiciones podrían tener sobre la recaudación provincial durante las próximas décadas. La coincidencia temporal entre la publicación del informe y su desvinculación abrió una nueva controversia alrededor del proyecto minero.
El acuerdo fue firmado el 5 de agosto y posteriormente ratificado por la Legislatura sanjuanina por 27 votos contra nueve. Uno de sus puntos centrales establece un aporte de US$250 millones de Vicuña destinado a financiar infraestructura, con desembolsos progresivos sujetos a certificados de avance. Para Berozzi, ese mecanismo debe analizarse en conjunto con las obligaciones económicas que podrían generarse durante la vida útil del emprendimiento, estimada en 71 años. Su interpretación sostiene que el esquema implica resignar determinados ingresos futuros a cambio de un aporte anticipado.
El gobierno de Marcelo Orrego rechazó esa lectura. Desde la administración provincial sostuvieron que los US$250 millones constituyen un aporte cierto y no reembolsable que comenzará a estar disponible desde 2026 y que las regalías son un concepto independiente. Según la explicación oficial, Vicuña deberá pagar un 3% sobre el valor bruto de comercialización cuando comience la explotación y, a partir del sexto año de producción, se incorporará además un aporte adicional del 1,5%. Para el gobierno,por lo tanto, no existe un intercambio directo entre los US$250 millones y las regalías futuras
La discusión también alcanzó al porcentaje de regalías. Berozzi señaló que la legislación nacional permite a las provincias establecer hasta un 5% sobre el valor boca de mina para nuevos proyectos, mientras que el acuerdo con Vicuña fija un 3% durante toda la vida del emprendimiento. A partir de esa diferencia, calculó que cada punto porcentual de regalías que San Juan no percibiría podría representar unos US$491,2 millones en valor presente, tomando como referencia las reservas proyectadas y una tasa de descuento del 9,2%. El gobierno provincial cuestionó esa metodología y remarcó que parte de los ingresos que Berozzi proyecta como perdidos son futuros y contingentes.
El Ejecutivo sanjuanino también explicó por qué considera conveniente anticipar los US$250 millones. Como antecedente mencionó el caso Pascua-Lama, donde Barrick había comprometido US$70 millones en 20 cuotas sujetas al avance del proyecto, pero la paralización de la construcción terminó interrumpiendo los desembolsos y la provincia habría recibido alrededor de US$17 millones. Según Orrego, el esquema acordado con Vicuña busca evitar que San Juan quede atado durante años a una producción futura que podría demorarse o no concretarse en los términos previstos.
En el centro del debate aparece Vicuña Corp, la sociedad formada por BHP y Lundin Mining para desarrollar los proyectos Josemaría y Filo del Sol. La inversión inicial proyectada ronda los US$9.700 millones y se trata de uno de los mayores desarrollos de cobre del país. El gobierno nacional lo presenta como una de las grandes apuestas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el RIGI, diseñado para atraer capitales mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios de largo plazo.
El proyecto también generó controversias alrededor de la infraestructura eléctrica. Vicuña necesita unos 260 MW para la primera etapa de Josemaría y obtuvo prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo, durante un horizonte previsto de 25 años. El cuestionamiento central es que se trata de una infraestructura financiada con participación nacional, provincial y de los usuarios sanjuaninos, por lo que otros proyectos mineros y actividades productivas también necesitan acceder a esa capacidad. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán plantearon objeciones sobre distintos aspectos del esquema.
La polémica excede así la situación laboral de Berozzi y vuelve a colocar al RIGI frente a una pregunta de fondo: cuánto beneficio queda en las provincias y en la economía argentina cuando se otorgan condiciones especiales para atraer grandes inversiones. La minería atraviesa un fuerte crecimiento y las exportaciones del sector alcanzaron US$5.340 millones durante los primeros siete meses de 2026, pero al mismo tiempo crecen los cuestionamientos sobre importaciones, infraestructura pública y beneficios fiscales. El despido del economista, cuya relación causal con sus críticas deberá determinarse y fue presentado por LPO como parte de la controversia, terminó convirtiéndose en otro capítulo de una discusión que recién comienza.
Fuente: La Política Online.
