Una investigación por presuntas coimas dentro del astillero estatal Tandanor derivó en cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello. La Policía Federal secuestró más de 367 mil dólares, documentación y dispositivos electrónicos, mientras busca determinar si se pidió dinero a cambio de condonar una deuda millonaria.
La investigación por presuntas maniobras de corrupción dentro de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) dio un nuevo paso con cinco allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y terminaron con el secuestro de US$367.110 en efectivo, encontrados entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño.
El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, quien se desempeñaba como gerente comercial del astillero estatal. La Justicia intenta determinar si Gallé habría solicitado dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de gestionar la condonación de una deuda que la empresa privada mantenía con Tandanor y que rondaba los US$200.000. La hipótesis investigada sostiene que la deuda habría sido utilizada como mecanismo para exigir un pago a cambio de hacerla desaparecer.
La pesquisa apunta a una presunta maniobra de al menos US$220.000, aunque el expediente deberá determinar cuál fue efectivamente el monto involucrado y qué participación tuvo cada persona. Uno de los elementos que despertó especial atención durante los allanamientos fue el hallazgo de un recibo escrito a mano en el que figuran US$100.000 y $12,7 millones. También fueron secuestradas cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos vinculados con las empresas investigadas.
Los operativos también permitieron incautar una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. Estos dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar si contienen comunicaciones, registros financieros u otros elementos que permitan reconstruir la operatoria investigada. La caja de seguridad donde se encontró parte del dinero quedó clausurada e inhabilitada por disposición judicial mientras continúa la investigación.
La causa se inició a partir de una auditoría interna realizada en Tandanor luego del cambio de autoridades. Las irregularidades detectadas durante esa revisión derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa estatal. En mayo, Casanello delegó las tareas investigativas en una unidad especializada de la Policía Federal, que avanzó con análisis financieros, informáticos y patrimoniales hasta identificar los domicilios vinculados con los sospechosos.
El expediente también vuelve a poner bajo la lupa la gestión de Ana Laura Hernández, quien llegó a la presidencia de Tandanor durante la etapa en la que Nicolás Posse estuvo al frente de la Jefatura de Gabinete. Según la investigación periodística, durante su administración hubo una fuerte reestructuración de la empresa, con despidos, incorporación de directivos y asesores y la desarticulación de la Gerencia de Control de Gestión. Estas cuestiones forman parte del contexto político y administrativo que rodea el caso, pero no implican por sí mismas una imputación penal contra la exfuncionaria.
Tandanor ocupa además un lugar estratégico dentro del Estado argentino. El astillero desarrolla tareas vinculadas con la reparación, mantenimiento y construcción naval y dispone de más de 30 hectáreas en la Ciudad de Buenos Aires. Su situación cobró especial relevancia durante el actual proceso de reorganización de las empresas públicas, mientras también surgieron cuestionamientos políticos sobre el destino de sus activos y terrenos. Por ahora, esas discusiones constituyen un capítulo diferente de la causa judicial por presunto cohecho.
Con los allanamientos, una investigación que comenzó como una auditoría administrativa pasó a tener una dimensión judicial mucho mayor. La Justicia deberá establecer el origen de los US$367.110 secuestrados, determinar si existe una relación entre ese dinero y el supuesto pedido de coimas y analizar qué información surge del recibo manuscrito, los movimientos bancarios y los dispositivos electrónicos incautados. Hay dos personas imputadas y la investigación continúa abierta: por el momento, se trata de presuntas maniobras cuya responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia.
Fuente: La Política Online.
