La Legislatura porteña debate un proyecto para declarar el Día de la Justicia Social y los libertarios buscan frenarlo a toda costa. El problema para el oficialismo es que la iniciativa tendría los votos necesarios para avanzar. En plena era Milei, hasta una fecha en el calendario parece convertirse en una batalla ideológica.
La discusión que se abrió en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires parece, a primera vista, una cuestión menor: decidir si se declara un día para reivindicar la justicia social. Pero para el universo libertario evidentemente no lo es. Según publicó La Política Online, los legisladores de ese espacio se mueven para intentar bajar un proyecto que tendría los votos suficientes para ser aprobado. Y ahí aparece la verdadera dimensión de la pelea: si para el mileísmo la justicia social es poco menos que una aberración, cualquier reconocimiento institucional de ese concepto se convierte automáticamente en territorio enemigo.
La contradicción resulta bastante evidente. Mientras la política debería ocuparse de problemas concretos como los salarios, el acceso a la vivienda, la educación, la salud, el trabajo y la pobreza, los libertarios parecen dispuestos a librar una guerra cultural hasta por el nombre de una fecha. Es el viejo truco de convertir las palabras en enemigos: si algo recuerda a derechos sociales, solidaridad o redistribución, hay que combatirlo. Y así, una declaración legislativa termina transformándose en una batalla campal contra un concepto que forma parte de la historia política argentina y que, guste o no, sigue teniendo un enorme peso social.
El punto de fondo es que Javier Milei construyó buena parte de su discurso político alrededor de una definición brutal de la justicia social. Para el Presidente, se trata de una idea asociada al robo y a una supuesta apropiación ilegítima del esfuerzo ajeno. Por eso no sorprende que sus seguidores intenten llevar esa pelea discursiva a cada rincón institucional posible. Lo llamativo es hasta dónde llega la obsesión: ahora el problema no sería una política pública concreta, sino que la Legislatura reconozca oficialmente una fecha vinculada con la justicia social.
Y acá aparece la parte que más debería preocupar a cualquiera que mire la política con un mínimo de seriedad. Una cosa es discutir qué políticas generan mayor igualdad y otra muy distinta es pretender que determinados conceptos desaparezcan del espacio público simplemente porque incomodan ideológicamente. La democracia debería funcionar exactamente al revés: discutir ideas, confrontarlas, aprobarlas o rechazarlas mediante argumentos y votos. Pero cuando la estrategia consiste en intentar bajar un proyecto porque la palabra “justicia social” molesta, la discusión empieza a parecer más una cruzada cultural que un debate legislativo.
Además, hay una ironía difícil de ignorar. El proyecto tendría los votos para avanzar, justamente aquello que parece haber encendido las alarmas libertarias. Es decir, el problema no sería solamente que exista una iniciativa de este tipo, sino que existe la posibilidad concreta de que consiga respaldo parlamentario. Entonces aparece la desesperación por impedir que llegue a buen puerto. Dicho en criollo: cuando no alcanza con discutir el proyecto, hay que tratar de voltearlo antes. Y ahí es donde una discusión sobre una fecha termina mostrando algo bastante más profundo sobre las prioridades y los límites de determinados sectores políticos.
La escena también desnuda una paradoja del discurso libertario. Milei y sus seguidores suelen presentarse como enemigos de las imposiciones ideológicas y defensores de la libertad individual. Sin embargo, cuando aparece una iniciativa que reivindica una concepción diferente de la sociedad, rápidamente aparece la maquinaria política para intentar impedir que avance. La libertad parece tener un curioso límite: hasta donde no contradiga el relato oficial. Si alguien quiere reivindicar la justicia social, aparentemente hay que salir corriendo a frenarlo.
Mientras tanto, afuera de la Legislatura, millones de personas siguen enfrentando problemas bastante menos simbólicos. Hay trabajadores preocupados por sus ingresos, jubilados haciendo malabares para llegar a fin de mes, familias que ajustan gastos básicos y jóvenes que encuentran cada vez más dificultades para proyectar su futuro. En ese escenario, que una parte de la dirigencia se embarque en una batalla furiosa contra el nombre de una fecha puede resultar casi tragicómico. Porque la justicia social podrá discutirse en los discursos, pero la desigualdad no desaparece porque alguien decida no nombrarla.
En definitiva, la pelea por el Día de la Justicia Social termina siendo mucho más que una cuestión de calendario. Es otro capítulo de la batalla cultural que el gobierno de Milei intenta instalar como eje permanente de la política argentina. Los libertarios quieren correr del centro de la escena cualquier reivindicación asociada con derechos sociales; del otro lado, quienes impulsan el proyecto buscan precisamente reivindicar ese concepto. Y mientras unos se desesperan por bajar la iniciativa y otros buscan que avance, queda flotando una pregunta incómoda: ¿qué tanto miedo puede generar una simple fecha para que haya que salir corriendo a frenarla?
Fuente: La Política Online
