La Libertad Avanza firmó un dictamen de mayoría junto al PRO y la UCR para reincorporar la Ley de Tierras Rurales de 2011, que el Gobierno había derogado mediante el DNU 70/2023. La decisión se tomó en medio de la presión opositora, el rechazo social a la extranjerización del territorio y una disputa judicial que volvió a poner la norma en vigencia de manera provisoria. El oficialismo busca evitar que el Congreso avance contra otros capítulos del decreto.
El oficialismo acordó restituir la Ley de Tierras
A casi tres años de haber impulsado su derogación, el Gobierno de Javier Milei acordó restituir la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La decisión quedó plasmada en un dictamen de mayoría firmado por La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical dentro del debate del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa incorpora un artículo que deja sin efecto la derogación establecida por el artículo 154 del DNU 70/2023 y otro que restablece la vigencia de la ley. El giro político representa un cambio respecto de la postura que el oficialismo había defendido desde el inicio de la gestión.
Qué establece la Ley de Tierras Rurales
La Ley 26.737, aprobada en diciembre de 2011, establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales en Argentina. Entre sus disposiciones centrales fija un máximo del 15% de tierras rurales en manos de personas y empresas extranjeras en el territorio nacional, provincial y municipal, además de restricciones para determinadas nacionalidades y zonas. La normativa también establece límites a la adquisición de tierras por parte de una misma nacionalidad y contempla restricciones específicas para terrenos ubicados en zonas de seguridad de frontera y para superficies que contengan cuerpos de agua relevantes. Su objetivo declarado fue regular la concentración de tierras rurales en manos extranjeras y preservar intereses vinculados al territorio y los recursos naturales.
El DNU 70/2023 había eliminado esas restricciones
En diciembre de 2023, el Gobierno de Milei incluyó en el DNU 70/2023 un artículo que derogó la Ley de Tierras Rurales. La administración argumentó que las restricciones constituían obstáculos para la inversión y que una mayor apertura podía facilitar el ingreso de capitales al país. La medida fue cuestionada por organizaciones sociales, ambientales, sectores políticos y representantes de comunidades que advirtieron sobre los riesgos de facilitar la adquisición de grandes extensiones de territorio por parte de intereses extranjeros. Desde entonces, la vigencia de la derogación quedó atravesada por litigios judiciales y debates legislativos que mantuvieron el tema en la agenda pública.
La presión política y judicial aceleró el cambio
El cambio de posición del oficialismo se produjo en un escenario de creciente presión parlamentaria. La oposición había impulsado una sesión para intentar derogar el DNU 70/2023, una medida que podía afectar no solamente la Ley de Tierras, sino también otras reformas incluidas en el decreto. En paralelo, el 9 de octubre de 2026, la Corte Suprema suspendió de manera provisoria los efectos del artículo que había derogado la norma, en el marco de una causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie. La medida cautelar permitió que los límites de la ley volvieran a aplicarse mientras continúa el proceso judicial. El fallo no resolvió definitivamente la constitucionalidad del decreto, pero modificó el escenario en el que se desarrolla la discusión legislativa.
El acuerdo con el PRO y la UCR
El dictamen de mayoría reunió 34 firmas y permitió al oficialismo acordar una salida con sectores que respaldan la protección de las tierras rurales, pero no querían avanzar contra la totalidad del DNU. El radical correntino Diógenes González actuó como miembro informante del despacho y reconoció la relevancia pública que adquirió la discusión. El acuerdo también evidenció las diferencias entre los bloques que acompañan habitualmente al Gobierno: algunos legisladores consideran necesario mantener las reformas del decreto, mientras que otros sostienen que la regulación sobre tierras debe conservarse. La fórmula elegida permite separar ambos debates y procurar que el rechazo a la derogación de la ley no arrastre al resto del paquete normativo.
Las críticas de Unión por la Patria y la izquierda
Desde Unión por la Patria, el diputado Diego Giuliano cuestionó el cambio de postura del oficialismo y destacó que la Ley de Tierras había sido impulsada por el peronismo. La diputada Paula Penacca, por su parte, calificó la decisión como un retroceso del Gobierno respecto de su posición anterior. Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman denunció que la restitución de la norma podía funcionar como una maniobra para evitar que otros bloques acompañaran la sesión destinada a rechazar el DNU 70/2023 en su conjunto. Estas expresiones reflejan la disputa parlamentaria sobre los alcances de la negociación: mientras el oficialismo busca preservar el decreto, sus críticos sostienen que la restitución de una norma no debería utilizarse para bloquear el debate sobre las restantes reformas.
La discusión de fondo: propiedad privada, territorio y soberanía
El debate sobre la Ley de Tierras enfrenta dos enfoques sobre la relación entre inversión extranjera y regulación del territorio. Quienes cuestionan las restricciones sostienen que pueden limitar el ingreso de capitales y desalentar proyectos productivos. Sus defensores argumentan que la tierra rural no es solamente un activo económico: también está vinculada con el agua, los recursos naturales, la producción de alimentos y la soberanía territorial. La norma no prohíbe toda compra de tierras por extranjeros, sino que establece límites y condiciones. La discusión, por lo tanto, gira en torno a qué reglas deben regir esas adquisiciones y qué mecanismos permiten compatibilizar la inversión con la protección de recursos estratégicos.
Qué falta para definir la situación de la ley
La firma del dictamen constituye un paso legislativo, pero no equivale por sí sola a la sanción definitiva de una nueva ley. El texto debe continuar su recorrido parlamentario y su situación debe analizarse junto con la medida cautelar dictada por la Corte Suprema. Mientras tanto, el proceso judicial sobre la validez del artículo 154 del DNU 70/2023 sigue abierto. La decisión final determinará cómo queda establecido el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El episodio deja expuesta una contradicción política relevante: el mismo espacio que había eliminado las restricciones ahora impulsa su restitución, en un intento de preservar otras partes de su programa de reformas.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
