El Fondo Monetario Internacional reconoció la disciplina fiscal del Gobierno, pero advirtió que necesita cambios estructurales para mejorar la recaudación y la eficiencia del gasto público. Entre sus principales propuestas figuran reducir beneficios impositivos, revisar las exenciones del IVA y normalizar los impuestos a los combustibles.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner el sistema tributario argentino en el centro de sus recomendaciones al Gobierno de Javier Milei. La subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del organismo, Dabla-Norris, sostuvo que la disciplina fiscal fue un pilar fundamental del programa de estabilización, aunque remarcó que todavía hacen falta reformas para mejorar la eficiencia de los impuestos y del gasto público. El planteo introduce nuevas exigencias en medio de las negociaciones por la revisión del acuerdo vigente.
Entre las medidas señaladas por la funcionaria se encuentra la reducción o eliminación de los denominados gastos tributarios, es decir, los recursos que el Estado deja de recaudar por exenciones, tratamientos especiales y beneficios impositivos. El FMI puso especial énfasis en las exenciones del impuesto al valor agregado (IVA), que permiten que determinadas actividades, bienes o servicios reciban un tratamiento distinto del régimen general. Una modificación de esos beneficios podría ampliar la base imponible, aunque sus efectos dependerían de qué exenciones se revisen y de cómo se implemente la reforma.
Otro punto de la recomendación es la normalización de los impuestos a los combustibles. El planteo apunta a revisar el esquema tributario aplicado a esos productos y avanzar hacia una recaudación más previsible. Sin embargo, cualquier actualización puede trasladarse a los precios finales de la nafta y el gasoil, con efectos sobre el transporte, la logística y los costos de producción. Por eso, el impacto de una eventual medida dependerá de los plazos, las alícuotas y los mecanismos que decida aplicar el Gobierno.
Dabla-Norris también propuso eliminar gradualmente otros impuestos que el organismo considera distorsivos y reemplazarlos por un sistema tributario más sólido y sostenible. La discusión abarca la estructura impositiva nacional, provincial y municipal, donde conviven tributos con distintas bases, alícuotas y mecanismos de recaudación. Una reforma integral requeriría coordinación entre los distintos niveles del Estado, además de acuerdos políticos para definir qué impuestos se modifican y cómo se compensan los ingresos que se pierdan durante la transición.
El reclamo se produjo mientras el Gobierno busca avanzar con la tercera revisión del programa con el FMI. La evaluación quedó condicionada por el incumplimiento de la meta de superávit primario del primer semestre de 2026. Entre enero y junio, el resultado primario acumulado fue de $6,29 billones, frente al objetivo de $6,86 billones, una diferencia de aproximadamente $574.000 millones. Para continuar con el proceso, el equipo económico necesita que el organismo acepte una dispensa por ese desvío, conocida como waiver.
En materia de reservas, en cambio, el Banco Central logró cumplir el objetivo revisado por el Fondo después de que se flexibilizara la exigencia. La evaluación de las metas fiscales y monetarias resulta central para la continuidad del acuerdo y para habilitar el desembolso pendiente de US$869 millones, sujeto a la aprobación de las instancias correspondientes. En ese contexto, las recomendaciones tributarias agregan un componente estructural a una negociación que no se limita a los resultados fiscales de corto plazo.
Las advertencias también coinciden con una revisión a la baja de las perspectivas económicas argentinas. En su informe de octubre de 2026, el FMI redujo su previsión de crecimiento para el país al 2,1% durante este año, desde el 3,5% que proyectaba anteriormente. Para 2027, la estimación también fue recortada, hasta el 3,5%. Las proyecciones reflejan que el cumplimiento de las metas fiscales convive con un escenario de menor expansión económica, lo que vuelve relevante el debate sobre cómo recaudar sin profundizar las dificultades de los sectores productivos y los hogares.
La discusión de fondo es qué tipo de sistema tributario busca construir el país y cómo se distribuye el costo de sostener las cuentas públicas. Para el FMI, ampliar la base imponible, reducir tratamientos especiales y mejorar la eficiencia de la recaudación contribuiría a consolidar las finanzas del Estado. La implementación, sin embargo, implicaría decisiones políticas sobre exenciones, impuestos al consumo y tributos sectoriales, con consecuencias diferentes según los ingresos de los hogares y la actividad económica. Hasta el momento, las declaraciones de la funcionaria constituyen recomendaciones del organismo y no significan que todas esas medidas hayan sido aprobadas o anunciadas formalmente por el Gobierno.
Fuente: Ámbito Financiero
