El exfuncionario de Mauricio Macri volvió a quedar en el centro de la escena por su actividad empresarial durante el gobierno de Javier Milei. A través de Bentia Energy, consiguió participar en la adjudicación de áreas hidrocarburíferas en Neuquén, mientras su trayectoria estatal acumula cuestionamientos y denuncias.
Javier Iguacel construyó durante los últimos años un recorrido que combina política, función pública y negocios petroleros. Ingeniero especializado en hidrocarburos, fue funcionario durante la gestión de Mauricio Macri y posteriormente se consolidó como empresario del sector energético durante el gobierno de Javier Milei. Un informe publicado por Minuto Uno y basado en una investigación de C5N volvió a poner el foco sobre esa trayectoria y sobre las oportunidades empresariales que consiguió desarrollar después de abandonar la función pública.
Durante el gobierno de Macri, Iguacel ocupó distintos cargos de relevancia. Fue titular de Vialidad Nacional y posteriormente ministro de Energía, posiciones desde las cuales quedó involucrado en distintas controversias. Según el informe periodístico, durante su paso por el Estado recibió cuestionamientos por presuntos beneficios a empresas vinculadas con el poder económico y por su participación societaria en una estructura offshore radicada en las Islas Caimán. Se trata de señalamientos periodísticos y denuncias que forman parte de la trayectoria controvertida que el artículo reconstruye.
Uno de los episodios mencionados está relacionado con la política energética implementada durante el macrismo. Iguacel fue denunciado por una compensación retroactiva destinada a empresas distribuidoras de gas a raíz de la devaluación, cuyo costo terminó trasladándose a los usuarios mediante las facturas. El episodio generó fuertes críticas políticas y judiciales y quedó incorporado entre los cuestionamientos a su desempeño como funcionario nacional.
Su paso por Vialidad Nacional también quedó marcado por otro episodio llamativo: la inauguración de un puente ferroviario sobre la Ruta Nacional 5 que, según el informe citado, presentó un problema en sus dimensiones que impedía el paso de los trenes. El caso fue utilizado como ejemplo de las críticas que recibió su gestión y se sumó a otras acusaciones relacionadas con la administración de recursos públicos durante su permanencia en el Estado.
Iguacel también apareció como testigo en la causa conocida como “Cuadernos”. De acuerdo con la investigación periodística, su declaración fue considerada imprecisa y vaga y la denuncia concreta que recordó durante su presentación, vinculada con la empresa AECSA y la autopista Riccheri, terminó con un sobreseimiento por inexistencia de delito. Es importante diferenciar este antecedente de una condena: el episodio mencionado terminó judicialmente sin acreditar la existencia del delito denunciado.
El salto más significativo de su trayectoria llegó después de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Iguacel fundó Bentia Energy en 2024 junto con otros socios y la compañía comenzó a participar en el proceso de transformación del mapa petrolero argentino. Según la información disponible, Bentia se asoció con Sima Ingeniería y adquirió activos de YPF vinculados con el Clúster Neuquén Norte, convirtiéndose en uno de los nuevos actores privados del sector hidrocarburífero.
La cuestión tomó todavía mayor relevancia con el denominado Proyecto Andes, mediante el cual Bentia Energy consiguió adjudicarse áreas maduras de producción convencional en Neuquén. El informe de C5N y Minuto Uno destaca que la empresa era relativamente nueva y no contaba con antecedentes operativos directos como compañía productora cuando comenzó a quedarse con bloques considerados estratégicos dentro del negocio petrolero. Esa situación generó interrogantes y suspicacias dentro del sector, especialmente por la trayectoria previa de Iguacel como funcionario energético.
Así, el caso de Iguacel vuelve a poner bajo la lupa una discusión recurrente en la política argentina: qué ocurre cuando dirigentes y funcionarios que tuvieron responsabilidades sobre determinadas áreas del Estado pasan posteriormente a desarrollar negocios privados en esos mismos sectores. En este caso, la trayectoria conecta dos gobiernos diferentes —el de Mauricio Macri y el de Javier Milei— a través de un mismo protagonista y de una actividad estratégica como los hidrocarburos. Las denuncias y cuestionamientos deben distinguirse de hechos judicialmente comprobados, pero el recorrido empresarial y político de Iguacel vuelve a abrir el debate sobre la relación entre poder político, negocios privados y recursos naturales.
Fuente: Minuto Uno
