El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, reclamó la derogación de la Ley 24.184, que ratificó en los años 90 un acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Argentina y el Reino Unido. El pedido se produce en medio del endurecimiento del Gobierno nacional frente a las empresas que exploran hidrocarburos en las islas.
El conflicto por las Islas Malvinas volvió a sumar un nuevo capítulo político y jurídico luego de que el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, reclamara al Congreso de la Nación la derogación de la Ley 24.184. La norma ratificó el convenio bilateral de promoción y protección de inversiones firmado entre Argentina y el Reino Unido en 1990 y establece un marco de protección para las inversiones de ambos países. Para el funcionario fueguino, mantener vigente ese acuerdo resulta contradictorio con el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago y con la nueva posición adoptada por el Gobierno nacional frente a la explotación de recursos naturales en la zona.
Dachary calificó el mantenimiento de la legislación como un “error geopolítico” y cuestionó especialmente que el tratado otorgue al Reino Unido el principio de “nación más favorecida”. Según planteó, Argentina mantiene una disputa de soberanía con el Reino Unido mientras, al mismo tiempo, conserva un acuerdo que brinda garantías y determinadas protecciones a las inversiones británicas. “Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas”, sostuvo el funcionario, quien dirigió su pedido directamente al Senado y a la Cámara de Diputados para que analicen la derogación de la norma.
El tratado cuestionado fue firmado en Londres el 11 de diciembre de 1990 y aprobado por el Congreso argentino mediante la Ley 24.184 el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem. El convenio establece que las inversiones de una de las partes deben recibir un trato no menos favorable que el otorgado a los inversores nacionales o de terceros países. También contempla la posibilidad de transferir libremente ganancias, establece protecciones frente a expropiaciones y prevé mecanismos de arbitraje internacional para resolver determinadas controversias. Su origen estuvo vinculado al proceso de normalización de las relaciones entre Argentina y el Reino Unido después de la Guerra de Malvinas.
La eventual derogación, sin embargo, no implicaría necesariamente que todas las protecciones del tratado desaparezcan de manera inmediata. Uno de los aspectos que podría complicar el proceso es que la propia legislación contempla un período de protección de 15 años para las inversiones realizadas mientras el acuerdo se encontraba vigente, incluso en caso de que una de las partes decidiera denunciarlo. Esto significa que una eventual decisión del Congreso tendría consecuencias jurídicas que deberían analizarse cuidadosamente y que no se limitarían simplemente a eliminar la norma del ordenamiento argentino.
El planteo de Tierra del Fuego aparece además en un momento de fuerte endurecimiento del discurso y de las medidas del Gobierno de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas. El Presidente anunció recientemente un incremento del presupuesto destinado a Defensa para avanzar con una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y anticipó sanciones contra empresas que desarrollen actividades de exploración o explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. El Gobierno también anunció acciones judiciales contra empresas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago.
En particular, la Casa Rosada anunció que impulsará una denuncia penal contra empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, que se desarrolla en la Cuenca Norte de Malvinas. La administración nacional sostiene que las compañías involucradas operan con autorizaciones británicas que Argentina considera ilegítimas y que sus actividades podrían violar la legislación nacional que regula la explotación de recursos naturales en el área disputada. Entre las empresas señaladas aparecen distintas sociedades vinculadas con Navitas Petroleum y otros actores relacionados con el proyecto.
Desde Tierra del Fuego consideran que el giro de la política nacional debería estar acompañado por medidas concretas en materia económica, jurídica y diplomática. El gobernador Gustavo Melella, pese a sus fuertes diferencias políticas con Milei, había expresado respaldo al cambio de posición del Gobierno nacional sobre Malvinas y reclamado avanzar desde las declaraciones hacia acciones concretas en defensa de la soberanía. En ese marco, la propuesta de Dachary busca incorporar a la discusión un tratado que fue firmado hace más de tres décadas y que, desde su perspectiva, resulta incompatible con una política exterior destinada a confrontar las actividades británicas en el Atlántico Sur.
El reclamo fueguino se suma así a una escalada que vuelve a colocar a Malvinas en el centro de la agenda nacional. Mientras Argentina avanza con sanciones y acciones judiciales contra empresas vinculadas con la explotación petrolera, el Reino Unido mantiene su posición de soberanía sobre las islas y ratificó que no existen dudas sobre su postura. En ese escenario, el pedido de derogar la Ley 24.184 abre una discusión que va más allá del conflicto territorial: plantea si Argentina puede sostener acuerdos económicos con el Reino Unido mientras endurece su estrategia diplomática y jurídica por la soberanía de las Malvinas.
Fuente: Ámbito Financiero
