La Justicia colombiana ordenó suspender de manera provisoria los ataques aéreos contra campamentos de grupos armados cuando existan indicios sobre la presencia de niños o adolescentes. La medida se tomó después de que tres menores murieran en un operativo militar en el departamento del Guaviare y en medio de la creciente polémica por la estrategia de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella.
La decisión fue adoptada como una medida cautelar y establece que las Fuerzas Militares deberán abstenerse temporalmente de bombardear objetivos de grupos armados ilegales cuando exista información de inteligencia, alertas preventivas u otros elementos objetivos que permitan advertir razonablemente que en el lugar podrían encontrarse niños, niñas o adolescentes. La orden tiene carácter provisional y permanecerá vigente mientras la Justicia analiza una acción de tutela presentada para proteger los derechos fundamentales de menores reclutados o utilizados por estructuras armadas.
El fallo judicial se conoció después de uno de los operativos más controvertidos de las primeras semanas del gobierno de Abelardo de la Espriella. El 27 de agosto, un bombardeo contra una disidencia de las FARC en una zona rural del municipio de El Retorno, en Guaviare, dejó diez muertos. Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres de las víctimas eran menores de edad: dos tenían 15 años y otro 16. El dato volvió a poner en el centro del debate la utilización de operaciones aéreas contra grupos que incorporan niños y adolescentes en sus estructuras.
La controversia no se limita a ese operativo. Otro menor había muerto previamente en un bombardeo realizado el 10 de agosto en la región del Catatumbo, mientras que nuevos ataques ordenados por el Gobierno elevaron la preocupación de organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la oposición. La discusión gira alrededor de una cuestión especialmente delicada: cómo enfrentar militarmente a grupos armados que reclutan menores sin convertir a esos niños y adolescentes en víctimas de operaciones destinadas a neutralizar a las organizaciones que los utilizan.
La Justicia estableció además que las operaciones aéreas solamente podrán avanzar cuando, a partir de la información disponible y de los protocolos militares correspondientes, se determine que no existe una alternativa menos lesiva para alcanzar un objetivo militar legítimo. De esta manera, el fallo no establece una prohibición absoluta de las operaciones contra grupos armados, sino que impone un límite específico cuando existen elementos que indiquen que la vida o la integridad de menores podría quedar expuesta.
El Gobierno de De la Espriella, por su parte, defendió la legalidad de los ataques y sostuvo que los menores que murieron formaban parte de las estructuras armadas enfrentadas por las Fuerzas Militares. El presidente había respaldado públicamente los bombardeos como parte de una política de línea dura contra las organizaciones vinculadas al narcotráfico y los grupos armados ilegales. Sin embargo, las imágenes difundidas tras uno de los operativos y la confirmación de la muerte de menores profundizaron las críticas sobre los métodos empleados por el nuevo gobierno.
La resolución también obliga a distintas autoridades, entre ellas la Presidencia, el Ministerio de Defensa y los organismos militares, a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los menores y el cumplimiento inmediato de la orden. Al tratarse de una medida judicial provisional, todavía resta conocer la decisión definitiva sobre la tutela. Sin embargo, mientras el proceso continúa, las autoridades deben respetar las restricciones establecidas por la Justicia y evaluar mecanismos que reduzcan el riesgo para niños y adolescentes.
El conflicto por el reclutamiento infantil agrega una dimensión especialmente grave al escenario colombiano. Según datos citados por EFE, la Defensoría del Pueblo registró 1.173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes entre 2024 y el 31 de julio de 2026. La cifra refleja la persistencia de una problemática que atraviesa distintas regiones del país y que enfrenta al Estado con organizaciones armadas que utilizan a menores en contextos de violencia. El fallo judicial coloca ahora la protección de esos niños en el centro de las decisiones militares.
La resolución abre así un nuevo capítulo en la discusión sobre la política de seguridad del gobierno de De la Espriella, que apuesta por intensificar las operaciones militares contra las estructuras armadas ilegales. La Justicia dejó claro que esa ofensiva no puede desarrollarse ignorando la posible presencia de menores en los objetivos atacados. Mientras avanza la acción de tutela, el Gobierno deberá encontrar un equilibrio entre la persecución de los grupos armados y el cumplimiento de sus obligaciones de protección hacia niños y adolescentes atrapados en el conflicto colombiano.
Fuente: Página12
