La histórica empresa láctea santafesina acordó transferir sus establecimientos de Clason y Suardi por 15,5 millones de dólares, aunque la operación todavía necesita autorización judicial. La compañía atraviesa un concurso preventivo con un pasivo de $118.496 millones y los trabajadores denuncian meses de salarios impagos y un posible vaciamiento.
Lácteos Verónica, una de las empresas históricas de la industria láctea argentina, atraviesa una de las crisis más profundas de su historia y ahora acordó desprenderse de sus dos principales plantas industriales en Santa Fe. Los establecimientos ubicados en Clason y Suardi fueron comprometidos mediante contratos firmados el 2 de julio por un total de 15,5 millones de dólares, con las firmas Lacterra S.A.S. y Copalac S.A.S. como adquirentes. Sin embargo, la operación no está cerrada: al encontrarse la compañía en concurso preventivo de acreedores, las transferencias necesitan el aval de la Justicia.
La situación financiera de la firma explica la magnitud de la operación. Según la información incorporada al expediente concursal, Lácteos Verónica acumula un pasivo superior a los $118.496 millones, además de más de 2.900 cheques rechazados por un monto que supera los $11.200 millones. A eso se suma una deuda bancaria cercana a los $4.745 millones, con el Banco Galicia como uno de sus principales acreedores. La empresa, controlada por la familia Espiñeira, llegó a esta instancia después de más de un año de dificultades financieras y productivas que fueron deteriorando progresivamente su capacidad de funcionamiento.
El problema tampoco se limita al sistema financiero. Alrededor de 150 productores tamberos reclaman una deuda estimada en unos 60 millones de dólares por leche cruda entregada y que no habría sido abonada. El expediente también refleja un patrimonio neto negativo de $9.262 millones al 30 de junio. Desde la empresa atribuyeron parte de sus dificultades al derrumbe del consumo, al encarecimiento del crédito y a la falta de capital de trabajo, en un contexto en el que la industria láctea argentina viene atravesando fuertes dificultades para sostener producción, financiamiento y niveles de demanda.
La venta de las plantas generó además interrogantes debido a las características de las sociedades compradoras. Lacterra fue constituida el 19 de junio y Copalac el 11 de junio, apenas semanas antes de la firma de los contratos. El esquema contempla una modalidad de producción a fasón: las empresas compradoras aportan la materia prima y mantienen la propiedad de los productos elaborados, mientras Lácteos Verónica recibe un canon por el procesamiento. En Suardi, este mecanismo ya comenzó a funcionar como una suerte de período de prueba, aunque con una dotación de entre 12 y 18 trabajadores frente a los 85 que tenía anteriormente la planta.
El impacto laboral es uno de los aspectos más dramáticos del conflicto. La empresa llegó a tener alrededor de 700 trabajadores, pero actualmente la plantilla se redujo a poco más de 300 empleados distribuidos entre Clason, Suardi y Lehmann. Según las denuncias de los trabajadores, los salarios permanecen impagos desde diciembre de 2025 y también existen deudas correspondientes al aguinaldo, además de problemas con la cobertura de obra social y los aportes jubilatorios. La crisis convirtió así una disputa empresarial y financiera en un conflicto social que afecta directamente a cientos de familias santafesinas.
Frente a esta situación, los trabajadores realizaron protestas, acampes y otras medidas frente a las plantas para reclamar una respuesta de los propietarios y garantías sobre la continuidad laboral. El sindicato ATILRA cuestionó el esquema de producción acordado y sostuvo que representa una salida coyuntural y provisoria, mientras exige definiciones sobre el futuro de los puestos de trabajo. Para quienes permanecen en las instalaciones, la incertidumbre no se reduce a saber quién será el nuevo titular de los establecimientos: el interrogante central es si la transferencia permitirá recuperar una actividad productiva estable o simplemente significará otra etapa de reducción de personal y capacidad industrial.
La crisis también puso bajo la lupa las decisiones adoptadas por los propietarios durante el proceso de deterioro de la compañía. Las denuncias de trabajadores y dirigentes políticos hablan de un posible vaciamiento, aunque esas acusaciones forman parte de una controversia que deberá ser analizada en el marco del concurso y por las autoridades judiciales correspondientes. Mientras tanto, el Gobierno nacional ya había rechazado el pedido de procedimiento preventivo de crisis presentado por Lácteos Verónica, en un contexto en el que la empresa buscaba alternativas para enfrentar sus compromisos laborales y financieros.
El futuro de Lácteos Verónica queda ahora atado a la decisión de la Justicia sobre la transferencia de las plantas y a la capacidad de los nuevos actores para sostener la producción y el empleo. La venta por 15,5 millones de dólares puede representar una vía para mantener activos industriales en funcionamiento, pero para los más de 300 trabajadores que todavía permanecen vinculados a la compañía la prioridad es recuperar los salarios adeudados y garantizar fuentes laborales. El caso vuelve a poner en discusión el deterioro de empresas industriales argentinas y el costo que las crisis financieras terminan trasladando a trabajadores, productores y comunidades enteras.
Fuente: Motor Económico
