El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, fue denunciado penalmente luego de que se conociera que su pareja, Bettina Angeletti, viajó a Estados Unidos junto a la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei durante una gira internacional. La polémica se centra en el uso del avión presidencial ARG-01 para trasladar a una persona que no ocupa ningún cargo en el Estado.
La presentación judicial fue impulsada por el abogado Gregorio Dalbón y también por la diputada nacional Marcela Pagano, quienes solicitaron que la Justicia investigue si existió malversación de fondos públicos o uso indebido de recursos del Estado. Según los denunciantes, el traslado de la pareja del funcionario en un viaje oficial podría constituir delitos como peculado, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Py y, tras el sorteo correspondiente, quedó radicada en distintos juzgados federales para su investigación preliminar. Los denunciantes sostienen que el uso de aeronaves oficiales debe estar estrictamente limitado a funcionarios o personas que participen formalmente de las actividades de gobierno.
El episodio ocurrió durante la gira del gobierno argentino en Nueva York, en el marco de la llamada “Argentina Week”, un evento que reunió a empresarios y funcionarios para promover inversiones en el país. Sin embargo, la presencia de la esposa de Adorni generó cuestionamientos políticos, ya que no tenía rol institucional dentro de la comitiva oficial.
Frente a las críticas, Adorni defendió públicamente su accionar y aseguró que el viaje de su pareja no implicó gastos para el Estado, afirmando que los costos fueron afrontados de manera privada. Además, denunció que las acusaciones forman parte de una campaña para desprestigiar su trabajo durante la gira internacional.
El caso generó un fuerte debate político y mediático porque el propio Gobierno había impulsado recientemente normas más estrictas para limitar la composición de las comitivas oficiales en viajes al exterior, con el objetivo de reducir gastos del Estado. Por ese motivo, desde distintos sectores de la oposición reclamaron explicaciones y pidieron que la Oficina Anticorrupción analice el episodio.
Mientras tanto, la Justicia deberá determinar si el traslado de la pareja del jefe de Gabinete constituyó una irregularidad administrativa o si se configuró algún delito vinculado al uso de recursos públicos.
Fuente: La Nueva Mañana
