El sindicato apuntó contra las autoridades de la empresa estatal tras el fallecimiento de Fernando Secondino, operario de la planta de Villa María, quien murió mientras se trasladaba en motocicleta hacia su puesto de trabajo y fue embestido por un camión cisterna. Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, sostuvo que la eliminación del servicio de transporte laboral expuso a los trabajadores a situaciones de riesgo y afirmó: “Esta muerte se podría haber evitado”.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) responsabilizó públicamente a las autoridades de Fabricaciones Militares por las condiciones que, según denunciaron, contribuyeron al fallecimiento de Fernando Secondino, trabajador de la planta fabril de Villa María, en la provincia de Córdoba. El operario perdió la vida mientras se dirigía a cumplir con sus tareas en motocicleta, cuando fue embestido por un camión cisterna. Desde la organización sindical vincularon el hecho con la decisión empresarial de eliminar el servicio de transporte que trasladaba al personal hasta las instalaciones industriales, una medida que obligó a los trabajadores a resolver por sus propios medios los desplazamientos hacia sus puestos laborales.
El reclamo gremial pone el foco en las consecuencias que tuvo la eliminación de un servicio que, de acuerdo con ATE, resultaba fundamental para garantizar condiciones seguras de traslado. La distancia entre la fábrica y los centros urbanos, las características de las rutas de acceso y la circulación de vehículos de gran porte conforman un escenario que, según el sindicato, representa un riesgo cotidiano para quienes deben ingresar y salir de la planta. Con la suspensión del transporte, los trabajadores quedaron obligados a utilizar vehículos particulares o buscar alternativas para llegar a sus lugares de trabajo, asumiendo individualmente los costos y las dificultades de una prestación que anteriormente estaba garantizada.
Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, expresó su indignación por la muerte del trabajador y cuestionó directamente la decisión de las autoridades de Fabricaciones Militares. “Fernando viajaba en moto a trabajar y fue embestido por un camión cisterna. Esta muerte se podría haber evitado, pero desde Fabricaciones Militares decidieron eliminar el transporte para las y los trabajadores. Sentimos una profunda bronca y dolor ante una pérdida evitable”, manifestó la dirigente. Sus declaraciones trasladaron el reclamo más allá del accidente vial y colocaron en discusión las responsabilidades empresariales respecto de las condiciones en las que el personal debe trasladarse para cumplir con sus obligaciones laborales.
Desde ATE señalaron que la problemática no era desconocida para las autoridades de la empresa estatal. Según denunciaron, la seccional Villa María había presentado reclamos formales para exigir la restitución urgente del servicio de transporte, advirtiendo sobre los peligros que enfrentaban diariamente los trabajadores. La organización gremial sostuvo que las advertencias estaban relacionadas con las particularidades del recorrido hasta la planta, especialmente por la distancia respecto de las zonas urbanizadas y las condiciones de circulación en los horarios de ingreso y egreso del personal. Sin embargo, de acuerdo con el sindicato, los planteos no obtuvieron una respuesta que permitiera recuperar la prestación.
Uno de los puntos más preocupantes señalados por la representación sindical es la falta de iluminación en determinados tramos de las rutas y la circulación permanente de tránsito pesado. Estas condiciones adquieren especial relevancia durante los recambios de guardia, cuando numerosos trabajadores deben desplazarse en horarios en los que la visibilidad puede resultar reducida. La combinación de rutas con escasa iluminación, vehículos de gran porte y traslados individuales configura un escenario que, según ATE, había sido advertido previamente. En ese sentido, el gremio sostiene que el transporte laboral no constituía un beneficio accesorio, sino una herramienta vinculada directamente con la seguridad y la protección de quienes desarrollan tareas en la fábrica.
El caso también reabrió el debate sobre el impacto de las políticas de reducción de gastos en las empresas públicas y sus consecuencias sobre las condiciones laborales. Para ATE, la eliminación del transporte representa una muestra de cómo las medidas de ajuste pueden trasladar responsabilidades y costos desde las estructuras empresariales hacia los propios trabajadores. En este caso, además de afrontar los gastos cotidianos de movilidad, el personal debe organizar sus recorridos y exponerse a condiciones de circulación que el sindicato considera peligrosas. La discusión sobre el funcionamiento de Fabricaciones Militares queda así atravesada por una cuestión central: las condiciones de seguridad que deben garantizarse para que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades sin asumir riesgos adicionales.
En sus declaraciones, Cabezas también cuestionó el deterioro de las condiciones económicas que atraviesan los trabajadores estatales y la necesidad de utilizar recursos propios para sostener la actividad laboral. “Las autoridades tienen que dar la cara; la situación de las y los trabajadores del Estado es insostenible. El ajuste es crítico y los propios trabajadores están poniendo recursos de su bolsillo para ir a trabajar. ¿Dónde se ha visto?”, expresó la dirigente. Desde la conducción nacional de ATE reclamaron explicaciones a las autoridades de Fabricaciones Militares y volvieron a exigir que se atiendan los planteos realizados por los representantes gremiales, particularmente aquellos vinculados con la seguridad y las condiciones de traslado del personal.
La muerte de Fernando Secondino deja planteada una fuerte controversia sobre las decisiones adoptadas por la conducción de Fabricaciones Militares y los reclamos que, según ATE, habían sido presentados antes del trágico episodio. Mientras el sindicato exige respuestas y la restitución del transporte laboral, también reclama que se revisen las condiciones de seguridad que enfrentan quienes trabajan en la planta de Villa María. La organización sostiene que el fallecimiento debe impulsar una discusión sobre la responsabilidad de las autoridades en la prevención de riesgos laborales y la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el conjunto del personal. El reclamo sindical pone en primer plano una demanda concreta: que los trabajadores no tengan que poner en riesgo su integridad ni afrontar individualmente los costos de trasladarse para cumplir con sus tareas.
Fuente: Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Declaraciones de Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional.
