En una entrevista con El Informativo Cordobés, por Mordisquito TV, Leandro Vallejos Arce, secretario adjunto nacional de la UOLRA y secretario general del gremio en Córdoba, cuestionó la baja de la Obra Social del Personal Ladrillero, reclamó respuestas por las prestaciones de salud y convocó a las organizaciones sindicales a solidarizarse. También habló de salarios, empleo no registrado y de la necesidad de defender el convenio colectivo de trabajo.
La situación de los trabajadores ladrilleros atraviesa un momento de preocupación y conflicto. Así lo expresó Leandro Vallejos Arce, secretario adjunto nacional de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA) y secretario general de la organización en Córdoba, durante una entrevista en El Informativo Cordobés, por Mordisquito TV. El dirigente puso el foco en la baja de la Obra Social del Personal Ladrillero, cuestionó la intervención estatal y sostuvo que el movimiento sindical debe organizarse para defender una herramienta fundamental para la salud de los trabajadores y sus familias. “No podemos perder en silencio”, afirmó.
Uno de los reclamos centrales estuvo relacionado con la escala salarial de la actividad. Vallejos Arce explicó que el gremio continúa discutiendo y difundiendo los valores que corresponden a las distintas categorías, aun cuando, según señaló, no existe una cámara empresaria comprometida con la negociación para establecer acuerdos sobre las condiciones laborales. Como referencia, indicó que un peón mensualizado o ayudante debería percibir alrededor de 1.200.000 pesos, mientras que para la categoría de corte y apilado por millar mencionó valores de 55.465 pesos para ladrillo común y aproximadamente 74.000 pesos para ladrillo de primera. Aclaró que esos montos deben considerarse como pisos de referencia y llamó a los trabajadores a comunicarse con el sindicato para conocer la escala vigente.
El dirigente también advirtió sobre la persistencia del empleo no registrado dentro de la actividad ladrillera. Sostuvo que una parte importante de los trabajadores permanece fuera de las condiciones formales de contratación y, por lo tanto, sin acceso pleno a los derechos establecidos en el convenio colectivo. En ese sentido, reclamó que los trabajadores se acerquen al gremio y difundan la información salarial. Además, recordó conquistas que, según explicó, deben seguir instalándose en la agenda de la actividad: el reconocimiento de la antigüedad, con un adicional del 1% por cada año trabajado; el 21 de agosto como Día del Trabajador Ladrillero; los elementos de protección personal y la defensa de los derechos de niños y niñas a la educación y la salud.
Sin embargo, el tramo más contundente de la entrevista estuvo dedicado a la situación de la Obra Social del Personal Ladrillero. Vallejos Arce recordó que el organismo fue intervenido en agosto de 2024 por el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, y denunció que posteriormente se publicó en el Boletín Oficial la baja de la entidad. El secretario general de la UOLRA Córdoba calificó la medida como un avasallamiento de derechos y cuestionó que una herramienta destinada a brindar cobertura sanitaria a los trabajadores y sus familias termine fuera de su funcionamiento habitual. También convocó a las organizaciones sindicales a expresar su solidaridad, al considerar que la situación no afecta únicamente al sector ladrillero.
En relación con las respuestas que reciben los beneficiarios, el dirigente señaló que los trabajadores habían recibido una comunicación de la intervención informando sobre la baja y la necesidad de realizar el cambio de prestadores. Según relató, esa era la respuesta oficial que conocían hasta el momento de la entrevista. Frente a ese escenario, adelantó que la organización evaluaría los pasos a seguir junto con su equipo jurídico, incluida la posibilidad de judicializar la medida. También anunció que viajaría a Buenos Aires para reunirse con dirigentes y abogados, analizar alternativas y coordinar acciones con otros sectores dispuestos a acompañar el reclamo. “Necesitamos la solidaridad de todos”, insistió.
Vallejos Arce vinculó el conflicto de la obra social con una situación más amplia de retroceso de derechos laborales y sociales. En ese marco, cuestionó la política económica del Gobierno nacional y reclamó una política industrial que permita sostener el empleo y fortalecer la producción argentina. También expresó su preocupación por los trabajadores de distintas empresas y sectores industriales, mencionando los conflictos y dificultades que atraviesan establecimientos como Pauny, Metalfor y FAdeA. Para el dirigente, la defensa de la actividad ladrillera no puede separarse de la discusión sobre el futuro de la industria nacional, las condiciones de trabajo y el papel de las organizaciones sindicales.
Durante la entrevista, el secretario general de la UOLRA Córdoba también expuso una situación personal para ilustrar las consecuencias que puede tener la interrupción de las prestaciones. Contó que su hijo Mateo, que tiene síndrome de Down, necesita acompañamiento de un transportista, una psicopedagoga y una fonoaudióloga. Según su testimonio, al transportista no se le había abonado durante todo el año y a las profesionales se les adeudaban entre cuatro y cinco meses de trabajo. Vallejos Arce atribuyó esas demoras a la administración de la intervención, aunque aclaró que no integra el consejo directivo de la obra social y que no podía responder sobre el conjunto de las deudas con los prestadores. Su relato puso en primer plano la preocupación de las familias que dependen de tratamientos y acompañamientos sostenidos.
Finalmente, Vallejos Arce reafirmó que la UOLRA Córdoba buscará construir una respuesta colectiva frente a la situación. Reclamó que se garantice la cobertura de salud, defendió la administración de la obra social por parte de los trabajadores y convocó a fortalecer la organización sindical en un contexto de creciente informalidad y pérdida de derechos. La entrevista dejó planteados varios interrogantes que todavía requieren respuestas: qué ocurrirá con los beneficiarios, cómo se resolverán las prestaciones pendientes y qué alternativas existen para recuperar la cobertura. Mientras tanto, el dirigente ratificó su disposición a dar la disputa en el terreno judicial, gremial y en las calles. “No podemos perder en silencio” fue el mensaje que atravesó toda su intervención.
Fuente: Multimedio Mordisquito
