El Gobierno australiano impulsa un proyecto de ley que obligaría a las grandes plataformas digitales a permitir que sus usuarios desactiven las recomendaciones personalizadas. La iniciativa busca devolverles a las personas mayor control sobre lo que aparece en sus feeds y limitar el poder de los algoritmos sobre el consumo de contenidos.
Australia avanza con una nueva iniciativa para aumentar el control sobre las grandes plataformas digitales y limitar la influencia de los algoritmos que determinan qué contenidos aparecen en las redes sociales. El proyecto de ley será presentado esta semana ante el Parlamento y establece que las compañías tecnológicas deberán ofrecer a sus usuarios la posibilidad de desactivar las recomendaciones personalizadas. La medida apunta especialmente a los sistemas que analizan los intereses y comportamientos de cada persona para seleccionar automáticamente publicaciones, videos y otros contenidos.
La propuesta contempla la creación de un denominado “deber de diligencia digital” para las grandes compañías tecnológicas. En términos concretos, plataformas como Meta deberían incorporar una alternativa que permita a los usuarios rechazar los sistemas de personalización que utilizan sus preferencias para definir qué aparece en sus feeds. El objetivo no sería prohibir directamente los algoritmos, sino establecer que las personas tengan la posibilidad de decidir si quieren utilizarlos o no.
La ministra de Comunicaciones australiana, Anika Wells, aclaró que el Gobierno no pretende eliminar las recomendaciones algorítmicas de las plataformas. Según explicó, muchos usuarios consideran útiles estos mecanismos porque les permiten encontrar contenidos que coinciden con sus intereses. Sin embargo, el planteo oficial es que esa utilidad no debería implicar que las empresas puedan imponer automáticamente ese sistema de selección sin ofrecer una alternativa.
La discusión de fondo apunta al creciente poder que tienen las plataformas sobre la información que consumen millones de personas. Los algoritmos no muestran necesariamente los contenidos de manera cronológica, sino que seleccionan y priorizan publicaciones en función de distintos indicadores vinculados con el comportamiento de cada usuario. De esta manera, una persona puede terminar recibiendo durante horas contenidos similares a aquellos con los que previamente interactuó, generando una experiencia cada vez más personalizada y, al mismo tiempo, más difícil de abandonar.
Las autoridades australianas también cuestionan el funcionamiento de estos sistemas porque pueden favorecer contenidos diseñados para mantener durante más tiempo la atención de los usuarios. Entre las críticas aparece la posibilidad de que las plataformas prioricen publicaciones sensacionalistas o extremas debido a su capacidad para generar interacciones. El debate, por lo tanto, excede la cuestión tecnológica y alcanza directamente la forma en que las redes sociales influyen sobre los hábitos de consumo de información.
La iniciativa se suma a una política más amplia que Australia viene desarrollando para aumentar la regulación sobre las redes sociales. El país ya avanzó con una normativa destinada a impedir que menores de edad utilicen determinadas plataformas, con el argumento de reducir su exposición al acoso digital y a los llamados “algoritmos depredadores”. Esa legislación convirtió a Australia en uno de los países que más decididamente avanzaron contra determinados usos de las plataformas digitales.
El debate australiano también se inscribe en una tendencia internacional. Reino Unido y Francia avanzaron con distintas medidas destinadas a restringir el acceso de menores a las redes sociales y reducir los riesgos asociados al uso intensivo de estas plataformas. El caso australiano, sin embargo, agrega una dimensión diferente: ya no se trata solamente de establecer quién puede ingresar a una red, sino también de discutir cómo las plataformas deciden qué contenido recibe cada usuario.
Si el proyecto avanza, Australia podría convertirse nuevamente en un caso de referencia para otros gobiernos que buscan establecer límites al poder de las grandes empresas tecnológicas. La discusión plantea una pregunta central para la era digital: hasta dónde pueden llegar las compañías al momento de utilizar los datos y preferencias de sus usuarios para determinar qué información consumen. Con esta iniciativa, el Gobierno australiano busca que esa decisión deje de estar exclusivamente en manos de los algoritmos y pase, al menos parcialmente, a los propios usuarios.
Fuente: Ámbito Financiero.
