Tras el fracaso de la negociación en el Consejo del Salario, el Gobierno estableció unilateralmente una nueva escala de aumentos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil. El haber pasará a $383.800 desde septiembre y subirá progresivamente hasta $437.000 en abril de 2027, por debajo incluso de la propuesta que habían realizado las cámaras empresarias.
El Gobierno de Javier Milei decidió fijar por decreto el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), luego de que representantes sindicales y empresarios no lograran alcanzar un acuerdo en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 4/2026 y establece una serie de incrementos escalonados desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027. De acuerdo con la nueva escala, el salario mínimo pasará de los $378.800 vigentes a $383.800 desde septiembre, mientras que el último aumento llevará el piso a $437.000 en abril del próximo año.
La particularidad de la resolución es que el incremento definido por el Ejecutivo quedó incluso por debajo de la propuesta que habían realizado las cámaras empresarias durante las negociaciones previas. Los representantes del sector privado habían ofrecido un aumento cercano a $6.000 para septiembre, mientras que el Gobierno terminó estableciendo una suba de $5.000. Además, los empresarios habían planteado que el salario mínimo alcanzara aproximadamente los $468.000 en abril de 2027, una cifra superior a los $437.000 finalmente establecidos por la administración nacional.
El nuevo esquema contempla aumentos mensuales y progresivos. Desde el 1° de septiembre, el SMVM quedó establecido en $383.800; en octubre subirá a $391.200; en noviembre alcanzará $398.800 y en diciembre llegará a $406.400. Para 2027, la escala continuará con $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y finalmente $437.000 desde abril. La resolución también determina los valores correspondientes para trabajadores jornalizados, de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas.
La definición oficial se produjo después de que las centrales sindicales abandonaran las negociaciones ante lo que consideraron una oferta insuficiente. La CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores habían reclamado una recomposición mucho más significativa y plantearon que el salario mínimo debía llegar a $993.300 en diciembre de este año. La propuesta sindical buscaba recuperar parte del poder adquisitivo perdido y acercar el piso salarial a los costos reales que enfrentan los hogares, aunque finalmente quedó muy lejos del monto definido por el Gobierno.
El debate adquiere especial relevancia porque el salario mínimo no funciona solamente como referencia para quienes cobran exactamente ese monto. También constituye un parámetro utilizado para diferentes prestaciones y actividades laborales, además de tener incidencia sobre el salario inicial docente y sobre trabajadores informales o empleados de sectores con bajos niveles de sindicalización. La actualización del SMVM también impacta directamente sobre la prestación por desempleo, cuyo cálculo se encuentra vinculado al salario mínimo vigente. Según la normativa oficial, el seguro de desempleo tendrá un piso equivalente al 50% del SMVM y un tope equivalente al 100%.
La magnitud de la distancia entre el nuevo salario mínimo y las necesidades de los hogares se convirtió en uno de los principales ejes de las críticas sindicales. Según los datos citados durante el debate del Consejo del Salario, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en julio alrededor de $1.564.716 para cubrir la Canasta Básica Total y no caer por debajo de la línea de pobreza. En ese contexto, el salario mínimo establecido para septiembre representa apenas una fracción de ese monto y evidencia la brecha existente entre el piso legal para una jornada laboral completa y el costo de vida de un hogar compuesto por cuatro personas.
Desde el Gobierno, la decisión de establecer el salario mediante una resolución aparece como consecuencia directa de la falta de acuerdo entre las partes. El Consejo del Salario constituye el ámbito institucional destinado a reunir a representantes de trabajadores, empleadores y Estado para discutir la evolución del ingreso mínimo, pero cuando las negociaciones fracasan el Ejecutivo puede establecer el monto correspondiente. En esta oportunidad, la ausencia de consenso llevó nuevamente a una definición unilateral, dejando planteada una nueva disputa entre el Gobierno y las organizaciones sindicales en torno al poder adquisitivo de los trabajadores.
La nueva escala también abre un interrogante sobre la evolución del salario mínimo frente a la inflación y el costo de vida durante los próximos meses. El Gobierno apuesta por incrementos graduales mientras sostiene su estrategia de estabilización macroeconómica, pero los sindicatos cuestionan que las subas no alcancen para recomponer el poder adquisitivo. La diferencia entre los $993.300 reclamados por las centrales obreras para diciembre y los $406.400 que establece la nueva escala para ese mismo mes muestra la dimensión de la disputa. Con el salario mínimo previsto en $437.000 para abril de 2027, el conflicto por la recuperación de los ingresos promete continuar ocupando un lugar central en la agenda laboral y política del país.
La magnitud de la distancia entre el nuevo salario mínimo y las necesidades de los hogares se convirtió en uno de los principales ejes de las críticas sindicales. Según los datos citados durante el debate del Consejo del Salario, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en julio alrededor de $1.564.716 para cubrir la Canasta Básica Total y no caer por debajo de la línea de pobreza. En ese contexto, el salario mínimo establecido para septiembre representa apenas una fracción de ese monto y evidencia la brecha existente entre el piso legal para una jornada laboral completa y el costo de vida de un hogar compuesto por cuatro personas.
Desde el Gobierno, la decisión de establecer el salario mediante una resolución aparece como consecuencia directa de la falta de acuerdo entre las partes. El Consejo del Salario constituye el ámbito institucional destinado a reunir a representantes de trabajadores, empleadores y Estado para discutir la evolución del ingreso mínimo, pero cuando las negociaciones fracasan el Ejecutivo puede establecer el monto correspondiente. En esta oportunidad, la ausencia de consenso llevó nuevamente a una definición unilateral, dejando planteada una nueva disputa entre el Gobierno y las organizaciones sindicales en torno al poder adquisitivo de los trabajadores.
La nueva escala también abre un interrogante sobre la evolución del salario mínimo frente a la inflación y el costo de vida durante los próximos meses. El Gobierno apuesta por incrementos graduales mientras sostiene su estrategia de estabilización macroeconómica, pero los sindicatos cuestionan que las subas no alcancen para recomponer el poder adquisitivo. La diferencia entre los $993.300 reclamados por las centrales obreras para diciembre y los $406.400 que establece la nueva escala para ese mismo mes muestra la dimensión de la disputa. Con el salario mínimo previsto en $437.000 para abril de 2027, el conflicto por la recuperación de los ingresos promete continuar ocupando un lugar central en la agenda laboral y política del país.
Fuente: Primereando las noticias
