Un análisis de El Destape sostiene que la Nación no habría registrado como gasto transferencias a la Ciudad de Buenos Aires por casi un billón de pesos. Según esa estimación, el resultado financiero informado por el Gobierno se reduciría prácticamente a la mitad si se incorporaran esos recursos.
El Gobierno de Javier Milei quedó bajo cuestionamiento por la forma en que registra las transferencias realizadas a la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de una medida dispuesta por la Corte Suprema. Según una investigación publicada por El Destape, durante el primer semestre de 2026 la Nación habría transferido a CABA alrededor de $676.000 millones que no aparecen contabilizados en las planillas presupuestarias como gasto. A esa cifra se sumarían otros $250.000 millones correspondientes a julio y agosto, llevando el monto estimado a casi un billón de pesos. El análisis sostiene que ese dinero representa aproximadamente el 10% del superávit primario acumulado durante el año bajo la metodología utilizada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La investigación se basa en el cruce de información presupuestaria nacional con datos publicados por el propio Gobierno porteño. En particular, la administración de la Ciudad registró durante el primer semestre ingresos por $675.333.966.298,25 correspondientes al expediente CSJN 1865/2020, vinculado con la disputa por los fondos de coparticipación. Sin embargo, las planillas de ejecución presupuestaria de la Nación consignaron solamente una transferencia de $87.783,91 millones realizada en febrero bajo otro concepto relacionado con una medida cautelar de la Corte. La diferencia entre ambas registraciones es uno de los elementos centrales utilizados para cuestionar la forma en que se presentan las cuentas fiscales.
El origen del conflicto se remonta a la discusión por el porcentaje de coparticipación que corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. La Corte Suprema ordenó que la Nación transfiriera a CABA el 2,95% de la masa de fondos coparticipables, con un mecanismo de transferencia diaria y automática a través del Banco Nación. Esa decisión se encuentra vinculada con la causa iniciada por la Ciudad contra el Estado nacional luego de que una ley sancionada en diciembre de 2020 redujera el coeficiente porteño al 1,4%. En la práctica, CABA continúa recibiendo el 1,4% mediante el mecanismo habitual y, según el análisis publicado, el 1,55% restante derivado del fallo judicial se estaría transfiriendo por una vía que no queda reflejada de la misma manera en las cuentas presupuestarias nacionales.
El impacto sobre las cuentas públicas resulta significativo porque la Secretaría de Hacienda informó para el primer semestre un superávit primario de $7.327.029 millones y un superávit financiero de $1.456.194 millones. De acuerdo con el cálculo presentado por El Destape, si se incorpora el monto transferido a la Ciudad que figura en sus propios registros, el resultado primario se reduciría a unos $6,7 billones y el financiero quedaría en aproximadamente $790.000 millones. Es decir, el efecto sería especialmente importante sobre el resultado financiero, que representa el saldo de las cuentas públicas después de considerar los intereses de la deuda.
La controversia también alcanza a los números correspondientes a julio. Durante ese mes, el Sector Público Nacional informó un superávit financiero de $244.897 millones y un resultado primario positivo de $2.960.333 millones. Sin embargo, esos datos tampoco contemplarían una transferencia vinculada con el fallo de la Corte, estimada por la investigación en un rango de entre $120.000 y $140.000 millones. De confirmarse esa diferencia, una parte del resultado positivo informado oficialmente quedaría reducida al incorporar los recursos que efectivamente salieron de las cuentas nacionales y fueron recibidos por la administración porteña.
El artículo también plantea que las transferencias a CABA no serían necesariamente el único componente que genera diferencias entre el resultado fiscal presentado oficialmente y una medición más amplia de las obligaciones del Estado. Según el análisis, en los mercados financieros ya existe aceptación de determinados mecanismos contables relacionados con intereses capitalizados de las Lecap y con los ajustes de capital de los bonos CER, debido a que no representan necesariamente una salida inmediata de dinero en el mes en que se contabilizan. El caso de las transferencias a la Ciudad sería diferente porque se trata, según la investigación, de recursos efectivamente erogados y recibidos por otro nivel del Estado.
La investigación de El Destape va incluso más allá y sostiene que existen otros gastos que tampoco se reflejarían de manera inmediata en el resultado financiero. El medio estima que ese conjunto de erogaciones podría alcanzar unos $2 billones mensuales y superar los $16 billones durante el año. Bajo una metodología que incorporara esos compromisos, el resultado financiero podría transformarse en un déficit cercano a los $15 billones. Se trata de una estimación periodística que cuestiona la metodología oficial y que deberá ser contrastada con los criterios contables utilizados por Hacienda y con la información presupuestaria completa antes de considerar esos números como una medición alternativa definitiva.
El debate vuelve a colocar el resultado fiscal en el centro de la discusión económica del Gobierno de Milei. El superávit es uno de los principales pilares de su programa y constituye una de las variables que la administración utiliza para mostrar el cumplimiento de sus objetivos de equilibrio de las cuentas públicas. Por eso, cualquier diferencia entre los gastos efectivamente ejecutados y aquellos que aparecen reflejados en los balances puede tener un impacto político y financiero relevante. En este caso, el cuestionamiento apunta específicamente a las transferencias ordenadas por la Corte a la Ciudad de Buenos Aires y plantea que, si esos recursos fueran incorporados al cálculo del resultado, el superávit financiero informado por el Gobierno sería considerablemente menor.
Fuente: El Destape
