El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, enfrenta un escenario de profunda tensión social y económica tras la abrupta contracción del mercado laboral en su provincia. Aquellos ejes discursivos vinculados a la “generación de empleo” y al dinamismo de la industria local contrastan de forma drástica con la realidad cotidiana que marcan los relevamientos recientes, donde las persianas bajas, las suspensiones rotativas y los despidos se convirtieron en una dolorosa constante para cientos de familias catamarqueñas.
La sintonía política y económica implementada por la administración provincial con el modelo nacional generó un impacto devastador en el entramado productivo regional. Informes de consultoras y registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ubican a Catamarca entre las jurisdicciones más golpeadas del país en materia de destrucción de empresas formales, acumulando bajas porcentuales que superan ampliamente la media nacional y encendiendo luces de alerta en sectores históricamente dinámicos.
El sector industrial, especialmente el rubro textil y el de manufacturas de electrodomésticos asentadas en los parques industriales locales, sufre una sangría incesante. Emblemáticas fábricas que durante años sostuvieron planteles significativos de trabajadores hoy redujeron sus turnos al mínimo, implementan suspensiones temporales ante la caída abrupta del consumo interno o, directamente, deciden bajar las persianas de manera definitiva dejando a decenas de operarios en la calle sin respuestas estatales eficaces.
Para los gremios y las organizaciones de trabajadores, la crisis no hace más que profundizarse debido a la falta de contención por parte del Ejecutivo provincial. Las denuncias de los operarios despedidos apuntan tanto a la desregulación económica general como a la pasividad con la que la gestión de Jalil adoptó normativas nacionales de flexibilización laboral, las cuales facilitaron los recortes de personal y debilitaron los mecanismos históricos de indemnización y resguardo obrero.
En el plano político, la decisión del mandatario provincial de alinear a sus legisladores nacionales con iniciativas clave del oficialismo libertario —como la polémica reforma laboral— generó un profundo malestar interno en las bases sindicales y en sectores del peronismo local. Mientras desde la gobernación se justifican estos movimientos en pos de garantizar la gobernabilidad y entablar puentes de diálogo para futuras inversiones, los gremios sostienen que esa estrategia se tradujo en una virtual entrega de derechos conquistados.
Las consecuencias de este rumbo se traducen en protestas recurrentes, cortes de rutas en zonas clave como Valle Viejo y asambleas permanentes en las puertas de los establecimientos fabriles. Los trabajadores afectados denuncian que la promesa de un “modelo productivo sustentable” quedó reducida a un eslogan vacío de contenido, mientras las estadísticas oficiales confirman un desplome histórico del empleo privado registrado en la geografía catamarqueña.
Por su parte, los empresarios PyME advierten que la recesión actual asfixia cualquier posibilidad de subsistencia, ya que la combinación de tarifas elevadas, apertura comercial y contracción del poder adquisitivo destruyó la cadena de pagos. Sin líneas de crédito accesibles ni un Estado provincial que intervenga con subsidios directos o políticas anticíclicas robustas, el panorama para el corto plazo anticipa nuevas complicaciones en el tejido social.
De este modo, la gestión de Raúl Jalil transita su momento más delicado en términos de legitimidad popular y gobernabilidad económica. El abismo entre la narrativa oficial de bonanza y la crudeza de los indicadores de desempleo marca un punto de inflexión político en Catamarca, donde la urgencia social comienza a desplazar cualquier especulación electoral de cara al futuro institucional de la provincia.
Fuente: El Destape
