La Libertad Avanza no consiguió reunir las firmas necesarias para avanzar con el proyecto que amplía los beneficios para grandes inversiones. Senadores del PRO, la UCR y el peronismo disidente reclamaron mayores garantías para los proveedores nacionales y propusieron priorizar empresas argentinas cuando la diferencia de precios frente a una oferta extranjera no supere el 15%. El debate pasó a cuarto intermedio.
El oficialismo sufrió un nuevo revés parlamentario al no conseguir dictamen en el Senado para el proyecto denominado “Súper RIGI”, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones destinada a captar proyectos de más de 1.000 millones de dólares. El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General volvió a reunirse este miércoles, pero La Libertad Avanza no logró reunir las firmas necesarias para avanzar con el despacho. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, quedó nuevamente postergada y el oficialismo deberá retomar las negociaciones con los bloques que habitualmente acompañan sus proyectos.
El principal obstáculo apareció a partir de un pedido de senadores del PRO, la Unión Cívica Radical y el peronismo disidente para incorporar una protección más fuerte a la producción nacional. Los legisladores reclamaron que las empresas beneficiadas por el régimen tengan la obligación de priorizar proveedores argentinos incluso cuando los productos o servicios nacionales resulten algo más caros que los importados. La propuesta establece un margen de hasta el 15%: si una oferta local cumple con condiciones equivalentes de calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega y no supera en más de ese porcentaje el precio de una alternativa extranjera, debería ser priorizada.
La discusión puso nuevamente en evidencia una tensión central alrededor del proyecto: mientras el Gobierno pretende ofrecer condiciones extraordinarias para atraer inversiones de gran escala, distintos sectores políticos buscan evitar que esos beneficios terminen favoreciendo principalmente a empresas y proveedores extranjeros. El oficialismo ya había aceptado modificaciones destinadas a promover el desarrollo de proveedores locales y estableció un piso del 20% para la contratación de bienes y servicios de origen nacional. Sin embargo, los aliados consideraron insuficiente esa garantía y reclamaron una cláusula adicional que permita competir a la industria argentina frente a las importaciones aun cuando exista una diferencia moderada de precios.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quedó al frente de las negociaciones para intentar destrabar el proyecto. Ante la resistencia de algunos aliados, la dirigente lanzó una advertencia que sintetizó la posición del oficialismo: “Si tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”. La frase refleja el escenario de negociación que enfrenta el Gobierno, que debe decidir cuánto está dispuesto a modificar su proyecto original para conseguir los votos necesarios. Al mismo tiempo, los bloques dialoguistas buscan aprovechar su posición para introducir condiciones destinadas a proteger a la producción nacional.
Además de las exigencias vinculadas con proveedores nacionales, el proyecto ya había incorporado modificaciones relacionadas con el consumo energético de determinados emprendimientos. Una de las disposiciones apunta especialmente a proyectos de enorme demanda eléctrica, como los centros de datos, que deberán contar con mecanismos de autoabastecimiento o infraestructura energética propia cuando su instalación pueda afectar el suministro de una determinada región. La intención es evitar que una inversión de gran escala termine trasladando sus costos sobre el sistema eléctrico y perjudicando el servicio que reciben los usuarios de la zona donde se radique.
El “Súper RIGI” contempla beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores considerados estratégicos o vinculados con actividades de alto potencial de crecimiento. Entre las ventajas previstas se encuentran una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, mecanismos de amortización acelerada, beneficios vinculados con el IVA, condiciones especiales para el tratamiento de quebrantos, reducción de la carga sobre dividendos y exenciones de derechos de importación. El régimen también establece un esquema progresivo para disponer de las divisas generadas por las exportaciones de los proyectos alcanzados.
La falta de dictamen implica además que el oficialismo deberá postergar, al menos por ahora, su intención de llevar el proyecto al recinto durante la próxima sesión. El Gobierno esperaba avanzar rápidamente en el Senado después de la aprobación obtenida en Diputados, pero las nuevas exigencias de los bloques aliados modificaron el escenario. La iniciativa quedó en cuarto intermedio y la negociación continuará la semana próxima, con la expectativa de alcanzar un texto que permita reunir las firmas necesarias en las tres comisiones que deben intervenir.
El episodio constituye una nueva señal de las dificultades que enfrenta La Libertad Avanza para avanzar con su agenda económica en el Congreso aun cuando cuenta con sectores opositores dispuestos a acompañar determinadas iniciativas. El Gobierno necesita de esos bloques para construir mayorías, pero los aliados también buscan imponer modificaciones que consideran necesarias para defender intereses productivos, regionales o sectoriales. En el caso del Súper RIGI, la discusión quedó concentrada en el equilibrio entre atraer inversiones multimillonarias con beneficios excepcionales y garantizar que una parte de esas inversiones genere demanda para empresas argentinas. Hasta que ese punto no sea resuelto, el proyecto continuará trabado en el Senado
Fuente: Infonews
