La administración de Javier Milei busca avanzar antes del primer semestre de 2027 con la privatización o concesión de al menos cinco empresas públicas. AySA aparece como la principal prioridad, mientras también avanzan los procesos sobre el Belgrano Cargas, Intercargo y distintos activos de Enarsa.
El Gobierno nacional prepara una nueva ofensiva sobre las empresas públicas y ya tiene definida una hoja de ruta para avanzar con privatizaciones y concesiones durante los próximos meses. Según la información publicada por Infonews sobre la base de datos de Noticias Argentinas, la administración de Javier Milei pretende concretar antes del primer semestre de 2027 la transferencia al sector privado de al menos cinco compañías o activos estatales. El proceso está coordinado por el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y las autoridades de cada una de las compañías involucradas.
La principal prioridad es AySA, la empresa estatal responsable del servicio de agua potable y saneamiento. El Gobierno tiene previsto abrir el próximo 15 de septiembre las ofertas por el 90% de su paquete accionario. El mecanismo elegido será una licitación sin precio base público, aunque existe una valuación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior que funcionará como referencia para determinar el valor mínimo que deberán superar las propuestas. La magnitud de la operación convierte a AySA en una de las piezas centrales del proceso privatizador.
En torno a AySA ya comenzaron a circular nombres de posibles interesados. Entre ellos aparece Mauricio Filiberti, empresario vinculado a Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor, quien podría presentar una oferta junto con la constructora Rowing. También aparece el Grupo Roggio, que actualmente opera Aguas Cordobesas, como otro de los posibles interesados en quedarse con el control de la compañía. El dato resulta particularmente relevante porque se trata de una empresa estratégica vinculada a un servicio esencial: el acceso al agua potable y al saneamiento.
El segundo gran frente es el sistema ferroviario. El Gobierno ya lanzó una licitación para otorgar en concesión las vías del Belgrano Cargas, con un esquema que contempla contratos de hasta 50 años y una inversión estimada cercana a los 1.000 millones de dólares. El proyecto también contempla beneficios vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y abarca las vías y los inmuebles aledaños correspondientes a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Las empresas interesadas podrán realizar consultas hasta el 28 de octubre y tendrán plazo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre.
La propuesta ferroviaria incorpora además una condición particular: las empresas extranjeras controladas por Estados no podrán participar. El argumento oficial apunta a garantizar determinadas condiciones de inversión y participación privada, aunque el esquema vuelve a abrir una discusión histórica sobre el rol del ferrocarril en la economía argentina. Las vías no son solamente infraestructura de transporte: conectan regiones productivas, facilitan el traslado de mercancías y pueden determinar costos logísticos para sectores enteros de la economía. Una concesión de medio siglo, por lo tanto, excede ampliamente el horizonte de una administración gubernamental.
Otra de las empresas que aparece en el plan es Intercargo, la compañía estatal encargada de prestar servicios de rampa y asistencia en tierra en los aeropuertos. El proceso de licitación viene siendo trabajado desde el año pasado y el Gobierno prepara un segundo llamado antes de que termine 2026, aunque todavía resta definir la modalidad concreta. La eventual privatización de Intercargo se suma así a la transformación del sistema aeroportuario y a una política que busca reducir progresivamente la participación directa del Estado en distintas áreas consideradas estratégicas por la actual administración.
El cuarto gran objetivo es Enarsa, la empresa estatal vinculada con la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y con la generación de energía eléctrica. Según la hoja de ruta oficial, durante 2026 se prevé convocar a licitación para las centrales termoeléctricas Belgrano y San Martín, mientras que para el primer trimestre de 2027 quedaría prevista la licitación de la Central Vuelta de Obligado. El Gobierno también tiene previsto avanzar sobre los gasoductos que actualmente forman parte de los activos de Enarsa.
El conjunto de medidas muestra que la política de privatizaciones entra en una etapa diferente. Ya no se trata únicamente de una discusión ideológica acerca de si el Estado debe participar o no de determinadas actividades: comienzan a definirse activos concretos, porcentajes de participación, plazos de concesión, inversiones comprometidas y posibles compradores. Y ahí aparece la discusión que debería ocupar un lugar central: qué recibe el Estado a cambio de desprenderse de empresas estratégicas, qué mecanismos de control tendrán los contratos y, fundamentalmente, cómo se garantizará que los servicios esenciales sigan siendo accesibles para la población.
La experiencia argentina demuestra que las privatizaciones no pueden analizarse solamente desde la necesidad de reducir el déficit o achicar el gasto público. También hay que mirar la calidad del servicio, las inversiones realizadas, las tarifas, las obligaciones de los concesionarios y la capacidad del Estado para controlar que los contratos se cumplan. Entregar durante décadas la administración de vías ferroviarias, servicios aeroportuarios, infraestructura energética o una empresa de agua potable implica tomar decisiones que pueden condicionar a varias generaciones. El Gobierno plantea estas operaciones como parte de su estrategia para reducir el peso del Estado; la discusión social será si esa reducción termina generando mayor eficiencia y mejores servicios o simplemente transfiriendo activos estratégicos y fuentes de ingresos públicos al sector privado.
Fuente: Infonews
