Una denuncia penal apunta contra Luis Caputo, Manuel Adorni y Demian Reidel por presunto uso indebido de fondos públicos en Nucleoeléctrica. El caso incluye gastos en el exterior, adelantos millonarios en efectivo y posibles delitos de malversación.
Un nuevo escándalo sacude al gobierno nacional. El diputado Esteban Paulón presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ex titular de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos vinculados a la empresa estatal.
La presentación judicial, que será sorteada en los tribunales de Comodoro Py, apunta directamente a posibles delitos de malversación de caudales públicos. El origen de la denuncia se encuentra en información oficial brindada por el propio Adorni durante su informe de gestión ante el Congreso, donde se detallaron gastos realizados con tarjetas corporativas de la empresa.
Uno de los puntos más delicados es la supuesta utilización de dinero en efectivo por fuera de los controles habituales. Según el escrito, se habrían registrado adelantos por unos 56 millones de pesos —más de 40 mil dólares— lo que encendió alarmas sobre la trazabilidad y el destino real de esos fondos.
Pero eso no es todo. La denuncia también menciona gastos en rubros que poco tienen que ver con funciones oficiales: perfumería, cosméticos, peluquería, duty free, servicios de playa, bares y consumos en el exterior. Entre los destinos aparecen ciudades como Río de Janeiro, Punta Cana, Salamanca y Ámsterdam, además de vuelos internacionales y hoteles de alta gama.
El problema se agrava por la falta de claridad en la información. Según el denunciante, los registros no identifican qué funcionario realizó cada gasto, pese a que habría alrededor de 100 personas habilitadas para utilizar esos fondos. Esto dificulta establecer responsabilidades individuales y abre un interrogante mayor sobre los mecanismos de control interno.
Además, la presentación recuerda que existen topes legales para viáticos y gastos en el exterior, lo que podría agravar la situación si se comprueba que esos límites fueron superados o utilizados para fines personales. En ese marco, se solicita una investigación para determinar si hubo violaciones al régimen vigente.
El trasfondo político es inevitable. La denuncia golpea a figuras centrales del gobierno en un contexto donde el oficialismo se presenta como garante de la “austeridad” y la “transparencia”. El contraste entre ese discurso y los gastos señalados en la causa abre una discusión incómoda.
En definitiva, el caso recién comienza, pero ya plantea una pregunta clave: ¿se trata de irregularidades aisladas o de un esquema más amplio de manejo discrecional de fondos públicos? La respuesta, ahora, quedará en manos de la Justicia. Pero el impacto político ya está en marcha.
Fuente: Minuto uno
