El exjefe de Gabinete presentó un escrito de 77 páginas para responder a las observaciones realizadas por el fiscal Gerardo Pollicita en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Su defensa sostuvo que contaba con ahorros previos a su ingreso al Gobierno y atribuyó US$ 591.544,61 a operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018.
Manuel Adorni presentó ante la Justicia Federal un extenso escrito para explicar la evolución de su patrimonio durante el período en el que ocupó distintos cargos dentro del Gobierno de Javier Milei. El exjefe de Gabinete respondió así al requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, quien había detectado diferencias entre los ingresos y los gastos del grupo familiar y solicitado explicaciones sobre distintos movimientos patrimoniales. La defensa sostuvo que la evolución económica del exfuncionario tiene un “sustento razonable y verificable” y negó que exista un enriquecimiento que no pueda ser explicado.
Uno de los principales argumentos presentados por Adorni está relacionado con una suma cercana a los 600.000 dólares que, según su defensa, formaba parte de ahorros acumulados antes de su llegada a la función pública. El escrito atribuye US$ 591.544,61 a operaciones realizadas con Bitcoin entre 2014 y 2018 mediante ocho billeteras virtuales. Según la explicación presentada ante la Justicia, esos activos digitales fueron posteriormente vendidos y los fondos se conservaron fuera del sistema bancario.
La defensa también explicó que el capital inicial utilizado para aquellas operaciones habría surgido de ahorros obtenidos por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, a partir de sus actividades profesionales, además de una herencia familiar. Según el planteo presentado, se trataba de dinero que permaneció fuera del sistema financiero y que posteriormente fue utilizado para afrontar distintos gastos e inversiones. La presentación sostiene que esos recursos eran anteriores al ingreso de Adorni a la administración pública.
Uno de los aspectos que generó mayor atención fue la explicación sobre la decisión de mantener esos fondos fuera del circuito bancario. La defensa sostuvo que Adorni y su esposa “optaron por vivir como si no lo tuvieran”, en referencia a los ahorros acumulados durante años. Según esa versión, la familia habría priorizado conservar el capital para objetivos de largo plazo, como la educación de sus hijos y la jubilación, en lugar de incorporarlo al consumo cotidiano. La frase fue destacada por Primereando, que presentó el argumento desde una perspectiva crítica.
El escrito también intentó explicar cómo se habría acreditado la titularidad de las billeteras utilizadas para las operaciones con criptomonedas. La defensa presentó un acta notarial mediante la cual un escribano dejó constancia de que Adorni posee actualmente las claves privadas de esas billeteras, que ya no conservan saldo. El abogado Matías Ledesma sostuvo que la posesión de esas claves constituye un elemento para acreditar la titularidad. Sin embargo, la información publicada por otros medios señala una diferencia relevante: el acta acredita que Adorni controla actualmente esas billeteras, pero no necesariamente quién las controlaba en el momento exacto en que se realizaron las operaciones.
La investigación judicial también contempla diferencias entre los ingresos y los gastos del grupo familiar durante el período analizado. Según la reconstrucción de la Fiscalía citada en las publicaciones sobre el expediente, los ingresos familiares constatados alcanzaron aproximadamente los $229,7 millones, mientras que los gastos llegaron a unos $272,8 millones, generando una diferencia de alrededor de $43 millones. A esto se sumaron aproximadamente US$ 402.578 cuyo origen debía ser explicado dentro de la investigación.
Otro punto controvertido está relacionado con la vivienda ubicada en el country Indio Cuá. La Fiscalía incorporó al expediente el testimonio de un contratista que afirmó haber cobrado US$245.000 en efectivo por trabajos de remodelación. La defensa de Adorni cuestionó esa cifra y sostuvo que el monto efectivamente abonado fue de US$175.000. La diferencia forma parte de los elementos que deberán ser analizados junto con la documentación presentada por el exfuncionario y el resto de las pruebas incorporadas a la causa.
La presentación judicial se produjo casi tres meses después de la salida de Adorni del Gobierno, concretada el 27 de junio. El exfuncionario debía responder a los distintos puntos planteados por el fiscal Pollicita, quien analiza su evolución patrimonial durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. La documentación presentada será ahora evaluada por la Justicia para determinar si las explicaciones ofrecidas resultan suficientes y si permiten justificar las diferencias patrimoniales observadas en la investigación.
La causa continúa abierta y, por el momento, las explicaciones de Adorni constituyen la posición de su defensa y no una conclusión judicial sobre el origen de los fondos. Entre los elementos que deberán ser analizados se encuentran las operaciones con criptomonedas, la documentación sobre las billeteras digitales, los movimientos de dinero, las adquisiciones inmobiliarias y las diferencias señaladas por la Fiscalía. Si las explicaciones no fueran consideradas suficientes, el expediente podría avanzar hacia nuevas medidas procesales, incluida una eventual indagatoria.
Fuente: Primereando las noticias
