Las cámaras empresarias propusieron una suma no remunerativa de $60.000 y pequeños incrementos acumulativos para los próximos tres meses. El gremio que conduce Roberto Fernández consideró insuficiente la propuesta, denunció que los aumentos quedan por debajo de la inflación y cuestionó que las empresas ofrezcan menos de los recursos que el propio Estado reconoce en la estructura de costos del transporte. La negociación pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta el 16 de noviembre.
La negociación paritaria de los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a quedar trabada después de que las cámaras empresarias presentaran una propuesta salarial que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) consideró insuficiente. Los porcentajes ofrecidos, que van del 1,7% al 1,5% para los próximos tres meses, encendieron el conflicto y profundizaron el enfrentamiento entre el sindicato y las patronales del transporte.
La discusión se desarrolló en una nueva audiencia coordinada por el Ministerio de Capital Humano. Allí, las empresas acercaron una propuesta que contempla una suma no remunerativa de $60.000 y tres incrementos salariales acumulativos, pero el gremio rechazó que esos porcentajes permitan recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Desde la UTA fueron contundentes: «No aceptaremos salarios que nos condenen a la pobreza. Que quede claro: no estamos pidiendo privilegios; estamos reclamando dignidad en nuestras remuneraciones y respeto por nuestro trabajo».
La frase sintetiza el eje del reclamo sindical: los choferes exigen una recomposición que acompañe el costo de vida y cuestionan que las empresas pretendan cerrar la negociación con aumentos inferiores a la inflación.
La oferta empresarial: $60.000 y aumentos que no alcanzan a la inflación
La propuesta presentada por las cámaras empresarias contempla dos componentes. Por un lado, el pago de una suma no remunerativa de $60.000, por todo concepto, durante noviembre de 2026.
Por otro, establece incrementos salariales remunerativos acumulativos del 1,7%, 1,6% y 1,5%, calculados sobre los salarios básicos mensuales de convenio y los viáticos diarios vigentes a septiembre de 2026.
El esquema propuesto quedaría distribuido de la siguiente manera:
- Noviembre de 2026: incremento remunerativo del 1,7%.
- Diciembre de 2026: incremento remunerativo acumulativo del 1,6%.
- Enero de 2027: incremento remunerativo acumulativo del 1,5%.
- Durante noviembre: suma no remunerativa de $60.000 por todo concepto.
Para el sindicato, estos porcentajes están lejos de representar una recomposición salarial suficiente. La organización que conduce Roberto Fernández sostuvo que, en esas condiciones, no existe una posibilidad real de alcanzar un acuerdo entre trabajadores y empresarios.
La UTA también cuestionó que las cámaras patronales argumentaran que su oferta está limitada por los recursos que el Gobierno reconoce para el funcionamiento del sistema. Según el gremio, esa posición termina trasladando el problema de financiamiento a los salarios de los trabajadores.
La UTA denunció que las empresas ofrecen menos de lo que reconoce el Estado
Uno de los puntos centrales del reclamo sindical está relacionado con la estructura de costos del transporte público.
Desde la UTA señalaron que el Estado estableció un reconocimiento denominado «Previsión Paritarias Oct 26 – Ene 27», equivalente a $106.000 por trabajador a partir de octubre, dentro de la última estructura de costos para las líneas de jurisdicción nacional.
El gremio sostuvo que la propuesta empresarial se encuentra muy por debajo de ese reconocimiento.
«Estamos en conocimiento que el Estado ha establecido un reconocimiento en la última estructura de costos para las líneas de jurisdicción nacional como “Previsión Paritarias Oct 26 – Ene 27” equivalente a $106.000 por trabajador a partir del mes de octubre. Los empresarios ofrecen muy por debajo de tales sumas», señalaron desde la organización.
La denuncia coloca en el centro de la discusión el destino de los recursos que el Estado reconoce para sostener el funcionamiento del transporte. Para la UTA, las empresas no están trasladando a la negociación salarial los montos que, según el sindicato, fueron contemplados en la estructura de costos.
De esta manera, el conflicto ya no se limita a la diferencia entre el porcentaje que reclaman los trabajadores y el que ofrecen las patronales: también involucra una disputa sobre los recursos del sistema, los subsidios y la distribución de los fondos destinados a sostener el servicio.
La inflación de octubre volvió a tensionar la paritaria
La propuesta empresarial llegó en un contexto de actualización de los índices de precios que el sindicato consideró indispensable incorporar a la negociación.
Durante la audiencia se conoció el dato de inflación de octubre, que registró un aumento del 2,2%. De acuerdo con la información difundida en la reunión, la variación interanual alcanzó el 33,1%.
Para la UTA, esos números confirman que los porcentajes ofrecidos por las cámaras empresarias no acompañan la evolución del costo de vida.
El planteo sindical es que los aumentos salariales deben contemplar la inflación acumulada y las necesidades cotidianas de los trabajadores y sus familias. Por eso, rechazó que se presente como una propuesta de recomposición un esquema que, según su evaluación, consolida el deterioro de los ingresos.
La discusión tiene un antecedente inmediato: el 6 de noviembre, otra audiencia entre el gremio y las empresas había terminado sin acuerdo. En aquella instancia, la UTA ya había cuestionado la intención empresarial de limitar los aumentos a porcentajes mensuales reducidos. InfoGremiales+2
«La economía debe estar al servicio de las personas»
En su respuesta a las patronales, la UTA también incorporó un planteo sobre el sentido social del salario y las responsabilidades del Estado en la negociación colectiva.
«Hacemos propio el reciente mensaje del Santo Padre de que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía», expresaron desde el sindicato.
La organización reclamó que el Gobierno intervenga para equilibrar la negociación y garantizar paritarias libres, sin utilizar su participación en el sistema de transporte para limitar las actualizaciones salariales.
«El Estado debe equilibrar la negociación, el Gobierno debe garantizar paritarias libres, que son para tener mejores salarios y que son los que sustentan a nuestras familias. No puede utilizar la intervención estatal para pisar los salarios e impedir que acompañen el costo de vida», afirmaron.
El gremio también advirtió sobre las consecuencias de mantener remuneraciones que no alcancen para cubrir las necesidades básicas: «Cuando el ingreso de quien trabaja no permite cubrir las necesidades básicas de su familia, se vulnera la dignidad que debe garantizar el trabajo».
El planteo apunta directamente a la responsabilidad de las autoridades nacionales en una actividad que depende de un esquema de costos y compensaciones estatales, pero en la que las condiciones salariales se discuten entre las cámaras empresarias y la representación sindical.
Nueva audiencia el 16 de noviembre: la negociación sigue abierta
Ante la falta de acuerdo, el Ministerio de Capital Humano convocó a una nueva audiencia remota para el lunes 16 de noviembre a las 14 horas.
La instancia buscará acercar posiciones entre la UTA y las cámaras empresarias, aunque las diferencias expresadas durante el último encuentro anticipan una negociación compleja.
Por el momento, la oferta empresarial fue rechazada y no se anunció un acuerdo que modifique las condiciones salariales vigentes. Tampoco corresponde dar por cerrado el conflicto: la próxima audiencia será determinante para conocer si las partes logran acercar sus posiciones.
La disputa vuelve a poner en discusión el poder adquisitivo de los trabajadores del transporte, el financiamiento del sistema de colectivos y el papel del Estado en una negociación en la que las empresas argumentan limitaciones económicas mientras el sindicato reclama que los salarios no queden por detrás de la inflación.
Para los choferes, la discusión no pasa solamente por sumar unos puntos porcentuales al recibo de sueldo. El reclamo de fondo es que el trabajo permita sostener una vida digna y que la negociación paritaria no termine convalidando ingresos que pierden capacidad de compra mes a mes.
