La investigación judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Eduardo Taiano rechazara el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para reabrir el expediente y continuar investigando al presidente Javier Milei, a Karina Milei y a otros involucrados. El organismo sostiene que el cierre de la causa fue prematuro y que todavía quedan pruebas importantes por analizar. La disputa ahora deberá ser resuelta por la Justicia y podría llegar hasta la Cámara Federal de Casación Penal, prolongando el conflicto judicial hasta 2027.
La causa judicial por la criptomoneda $LIBRA volvió a generar tensión en los tribunales federales luego de que el fiscal Eduardo Taiano presentara un nuevo escrito en el que rechazó los cuestionamientos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y ratificó su postura favorable al sobreseimiento de Javier Milei. El funcionario judicial defendió el trabajo realizado durante la investigación y cuestionó la intención del organismo de asumir la acusación para impulsar nuevas medidas de prueba. La controversia se produce después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptara el pedido de sobreseimiento presentado por la fiscalía, una decisión que abrió una nueva disputa sobre el futuro del expediente.
El conflicto comenzó cuando la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, solicitó intervenir directamente en la causa para evitar que la investigación quedara definitivamente cerrada. El organismo consideró que no se habían agotado las medidas necesarias para esclarecer el funcionamiento de la criptomoneda, los movimientos financieros y las posibles responsabilidades de los involucrados. La presentación fue impulsada a partir de pedidos realizados por dos organizaciones especializadas en la prevención de delitos económicos y el análisis de causas de corrupción. Desde la PIA sostuvieron que todavía existen elementos relevantes que deben ser examinados antes de adoptar una decisión definitiva sobre la situación de los investigados.
En su respuesta, Taiano calificó de sorpresiva y desacertada la presentación de la Procuraduría y cuestionó que el organismo pretendiera revisar las conclusiones de una investigación a la que, según argumentó, había dejado de tener acceso en septiembre de 2025. El fiscal sostuvo que la PIA no pudo analizar la totalidad de las pruebas incorporadas posteriormente al expediente y consideró que sus cuestionamientos no reflejaban adecuadamente el contenido de las actuaciones judiciales. También defendió el criterio utilizado para solicitar los sobreseimientos y aseguró que las pruebas reunidas no permitían atribuir conductas delictivas a los funcionarios públicos involucrados. Su postura profundizó las diferencias entre los organismos judiciales y dejó planteada una discusión sobre el alcance de las facultades de intervención de la Procuraduría.
Uno de los principales cuestionamientos de la PIA está relacionado con la participación que tuvo Javier Milei en la promoción pública del token $LIBRA y con el papel que desempeñaron los intermediarios vinculados al lanzamiento del activo digital. El organismo considera necesario profundizar el análisis de las comunicaciones entre el Presidente y el empresario Mauricio Novelli, uno de los investigados en el expediente. También pidió revisar los vínculos comerciales con el estadounidense Hayden Davis y otros participantes de la operatoria. Para la Procuraduría, estas relaciones deben ser examinadas en conjunto con el contexto del lanzamiento de la criptomoneda y las posibles consecuencias económicas que tuvo para quienes invirtieron en el proyecto.
Otro de los puntos centrales de la disputa está relacionado con los movimientos de dinero y las transferencias realizadas entre distintas billeteras digitales. La PIA reclamó que se profundice el seguimiento de los fondos que habrían salido de cuentas vinculadas a Hayden Davis y terminado en billeteras relacionadas con Mauricio Novelli y su socio. También señaló la existencia de borradores de posibles contratos millonarios encontrados en el teléfono celular del empresario, entre ellos documentación que mencionaría acuerdos económicos y vinculaciones con el Gobierno argentino. Según el organismo, esos elementos todavía requieren un análisis más exhaustivo para determinar qué personas participaron de las negociaciones y cuál fue el alcance de sus posibles responsabilidades.
La discusión también involucra el tratamiento de las pruebas digitales y las circunstancias en las que se analizaron los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación. La Procuraduría cuestionó que determinadas evidencias fueran descartadas o perdieran valor dentro del expediente a partir de observaciones vinculadas con una posible vulneración de la cadena de custodia. Entre los elementos mencionados aparecen mensajes eliminados, comunicaciones con contactos identificados como vinculados al entorno presidencial y movimientos relacionados con cajas de seguridad. Para la PIA, estos aspectos debieron ser investigados con mayor profundidad antes de solicitar el cierre definitivo de las actuaciones. Taiano, por el contrario, defendió la valoración realizada por su fiscalía y sostuvo que las conclusiones alcanzadas justificaban el sobreseimiento de los involucrados.
La controversia también involucra a los inversores que denunciaron haber sufrido pérdidas económicas luego del derrumbe del token. Los damnificados buscan recuperar su participación como querellantes y cuestionaron la decisión judicial de apartarlos del expediente. Entre quienes impulsan las apelaciones se encuentran Martín Romeo y Juan Patricio Marchetto, cuyos representantes legales sostienen que el cierre de la causa resulta prematuro y que todavía existen elementos que justifican continuar con la investigación. Además, los abogados señalaron que declarar que un hecho no constituye delito no es lo mismo que afirmar que no existen pruebas suficientes para demostrarlo. Los recursos presentados deberán atravesar nuevas instancias judiciales y podrían permitir que los damnificados recuperen facultades para intervenir en el proceso.
Ahora la definición sobre la intervención de la PIA y la continuidad del expediente quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado deberá analizar los argumentos enfrentados y determinar si corresponde permitir que el organismo especializado asuma el impulso de la acusación o si mantiene el criterio que llevó al cierre de la investigación. En caso de que la decisión resulte desfavorable para la Procuraduría, el conflicto podría continuar en instancias superiores, especialmente ante la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal. La existencia de recursos pendientes y las discusiones sobre la participación de los damnificados hacen que el expediente todavía tenga un recorrido judicial por delante.
Finalmente, la causa $LIBRA continúa siendo uno de los expedientes judiciales de mayor repercusión política para el Gobierno de Javier Milei, debido a la participación pública del Presidente en la difusión del activo digital y a las consecuencias que tuvo su desplome entre los inversores. Mientras Taiano sostiene que no existen elementos suficientes para atribuir delitos a los funcionarios involucrados, la PIA considera que todavía quedan aspectos fundamentales sin esclarecer. La decisión que adopte Martínez de Giorgi será determinante para establecer si la investigación vuelve a ponerse en marcha o si se mantiene el camino hacia el cierre definitivo. De todas maneras, las apelaciones de los damnificados y las posibles intervenciones de tribunales superiores anticipan que la disputa judicial podría extenderse durante buena parte de 2027.
Fuente : Página/12
