Trabajadores, afiliados y vecinos de Bahía Blanca, Punta Alta y Puerto Belgrano realizaron una caravana para rechazar el cierre de farmacias, policonsultorios y dependencias de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), en el marco de la liquidación de la ex IOSFA impulsada por el Gobierno nacional. La medida amenaza con dejar sin empleo a 83 trabajadores de la región y pone en riesgo la atención médica de miles de afiliados, incluidos pacientes oncológicos y personas que necesitan medicamentos de alto costo.
Una caravana para defender la salud y los puestos de trabajo
La convocatoria fue impulsada por trabajadores de la obra social, afiliados y organizaciones sindicales, que llamaron a participar de una caravana de automóviles, motocicletas y bicicletas para visibilizar las consecuencias del proceso de cierre.
La movilización fue convocada para este jueves 12 de noviembre, a las 12:30, con punto de partida en la farmacia de la ex IOSFA ubicada en Puerto Belgrano, junto al puesto de acceso número 2 de la Base Naval.
La invitación también propuso que los participantes concurrieran con banderas argentinas para expresar el rechazo a las desvinculaciones laborales y al desmantelamiento de los servicios sanitarios.
La protesta se suma a otras manifestaciones realizadas durante los últimos días en Bahía Blanca y Punta Alta. La semana anterior, una movilización en el centro bahiense reunió, según los organizadores, a alrededor de 2.000 personas entre trabajadores, afiliados, sindicatos, instituciones y referentes políticos.
En Punta Alta también se desarrollaron manifestaciones bajo la consigna «La salud es un derecho, no un negocio», con reclamos por la continuidad de las prestaciones y la preservación de los puestos de trabajo.
Más de 80 trabajadores afectados y miles de afiliados en riesgo
Uno de los aspectos más preocupantes del conflicto es su impacto laboral. Según los datos difundidos por trabajadores y representantes sindicales, el cierre de las dependencias de la región alcanza a 83 empleados vinculados a las farmacias, el policonsultorio y la delegación de Puerto Belgrano.
La situación se inscribe en un proceso de alcance nacional que contempla el cierre de las 31 farmacias propias de la obra social, con aproximadamente 1.500 puestos laborales en riesgo, de acuerdo con las estimaciones difundidas por los trabajadores.
Pero el problema no termina en los despidos. La desaparición de estos establecimientos también implica perder espacios de atención que durante años funcionaron como una referencia para miles de afiliados.
En Bahía Blanca se estima que alrededor de 12.000 personas dependen de la cobertura de la obra social y que muchas utilizaban sus farmacias para acceder a medicamentos de alto costo y tratamientos prolongados.
Entre los sectores más vulnerables se encuentran los pacientes oncológicos, trasplantados y quienes necesitan medicación específica para enfermedades crónicas.
Para estas personas, el cierre de una farmacia no representa simplemente un cambio de lugar de compra: puede significar mayores dificultades para conseguir medicamentos, realizar tratamientos y sostener la continuidad de la atención médica.
«Se va a producir una crisis sanitaria terrible»
El secretario general de ATE Punta Alta, Pablo Mendoza, advirtió sobre las consecuencias que puede tener la desaparición de estos servicios para la población de la región.
«Estamos hablando que en una ciudad con la magnitud de la cantidad de gente que tiene OSFA se va a producir una crisis sanitaria terrible», sostuvo el dirigente sindical.
La advertencia apunta especialmente a la capacidad de respuesta del sistema público de salud, que podría recibir una mayor demanda si miles de afiliados pierden el acceso a los servicios que actualmente brinda la obra social.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que la Provincia y el Municipio no dejarán desamparados a los afiliados y que quienes pierdan su cobertura deberán apoyarse en el sistema público sanitario.
Sin embargo, desde las organizaciones sindicales consideran que esa respuesta no resuelve el problema de fondo: los hospitales públicos ya enfrentan dificultades presupuestarias, falta de personal y limitaciones para atender una demanda creciente.
Por eso, el reclamo no se limita a defender los empleos de quienes trabajan en las dependencias de OSFA. También busca preservar una estructura de atención que cumple una función sanitaria fundamental para la comunidad.
El Gobierno avanza con la liquidación de la ex IOSFA
El conflicto local forma parte de una reestructuración nacional impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que dispuso la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
El proceso se enmarca en la creación de dos nuevos organismos: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
La reorganización fue presentada por el Ejecutivo como una modificación del sistema de cobertura médica de las fuerzas. Sin embargo, su implementación abrió un escenario de incertidumbre laboral y sanitaria en distintas localidades del país.
En ese marco, se dispuso avanzar con el cierre de las farmacias propias y otras dependencias, mientras los trabajadores comenzaron a recibir notificaciones de desvinculación y los afiliados reclamaron precisiones sobre la continuidad de sus prestaciones.
Además, el Gobierno nacional abrió un régimen de retiro voluntario para trabajadores de planta permanente, con inscripción prevista entre el 12 y el 26 de noviembre.
Desde ATE cuestionan el alcance de la reestructuración y advierten que la reducción de personal y el cierre de establecimientos pueden debilitar la capacidad de atención de la nueva estructura sanitaria.
El gremio también anunció que continuará con las medidas de protesta en distintos puntos del país y que prepara una movilización nacional para el 27 de noviembre si no se modifica el rumbo de la liquidación.
Una crisis que trasciende a los trabajadores de OSFA
La situación de Bahía Blanca y Punta Alta refleja un conflicto que combina tres problemas centrales: la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de servicios sanitarios y la incertidumbre sobre el futuro de miles de afiliados.
La preocupación es particularmente importante en localidades donde la presencia de las Fuerzas Armadas tiene un peso histórico, económico y social. Allí, las farmacias, las delegaciones y los policonsultorios de la obra social no funcionan únicamente como oficinas administrativas: forman parte de una red de atención que construyó vínculos con la comunidad durante décadas.
La pregunta que queda planteada es qué sucederá con quienes necesitan medicamentos de manera permanente, cómo se garantizarán los tratamientos de alta complejidad y qué capacidad tendrá el sistema público para absorber a los afiliados que eventualmente queden sin cobertura.
Mientras el Gobierno avanza con la reorganización, trabajadores y afiliados buscan frenar los cierres y evitar que el costo de la reestructuración recaiga sobre quienes dependen de estos servicios para cuidar su salud.
La caravana de Bahía Blanca expresa precisamente ese reclamo: defender el trabajo, pero también defender el derecho a la atención sanitaria.
