Claudio Marín cuestionó la situación laboral en la empresa de telecomunicaciones y denunció que lleva una década sin cumplir un acuerdo homologado judicialmente. También cargó contra Starlink, la compañía de Elon Musk, por su impacto en el empleo argentino, y advirtió sobre la pérdida de representación sindical en el sector.
La industria de las telecomunicaciones atraviesa un escenario de transformaciones empresariales, incorporación de nuevas tecnologías, fusiones y reestructuraciones que también repercuten sobre las condiciones laborales. En ese contexto, el secretario general de FOETRA y titular de la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (Consetil), Claudio Marín, lanzó fuertes cuestionamientos contra Claro y Starlink, y puso el foco en el crecimiento de los trabajadores que quedan fuera de los convenios colectivos.
La denuncia más contundente estuvo dirigida a Claro. Según los datos expuestos por el dirigente sindical en diálogo con InfoGremiales, la compañía cuenta con aproximadamente 4.000 trabajadores en todo el país, pero apenas 700 estarían encuadrados bajo convenio colectivo.
«De los 4.000 trabajadores a nivel país, solamente están bajo convenio 700», afirmó Marín, quien calificó la situación como un caso de «fraude laboral».
El dirigente sostuvo que la exclusión de la negociación colectiva no responde a una excepción vinculada con determinadas funciones profesionales o jerárquicas, sino a una práctica extendida dentro de la empresa. Como argumento, recordó que existe un acuerdo homologado judicialmente hace diez años que, según denunció, Claro continúa sin cumplir.
Claro, en el centro de las denuncias sindicales
Marín explicó que puede existir un porcentaje reducido de trabajadores fuera de convenio por las características de sus tareas, como sucede con personal de informática, legales o determinados puestos jerárquicos. Sin embargo, consideró que la proporción que presenta Claro excede ampliamente esos casos.
«Yo puedo entender que un 3% de la masa laboral no esté conveniada entre personal de informática o legales; incluso secretarias de gerentes o directores; pero acá lo que hace Claro claramente es un fraude laboral», sostuvo.
El titular de FOETRA insistió en que el reclamo no constituye una disputa particular del sindicato, sino que involucra derechos laborales y el cumplimiento de un acuerdo judicial. «Esto no es un capricho mío, son los derechos del trabajador», remarcó.
La denuncia también apunta a las consecuencias que tendría el crecimiento del personal fuera de convenio sobre la organización gremial dentro de la compañía. Según Marín, cuando disminuye la cantidad de trabajadores encuadrados y afiliados, también se reduce la presencia de delegados y, con ella, la capacidad de fiscalizar las condiciones de trabajo.
En esa línea, vinculó la falta de representación sindical con los niveles de accidentes laborales que, según afirmó, registra la empresa. Además, señaló que de las 26 filiales internacionales de Claro solamente existe presencia sindical en México y Argentina.
Se trata de acusaciones formuladas por el dirigente sindical, que colocan bajo discusión el alcance de la negociación colectiva y la representación de los trabajadores dentro de una de las principales compañías de telecomunicaciones del país. InfoGremiales+1
Más trabajadores fuera de convenio en las telecomunicaciones
El caso de Claro, de acuerdo con el diagnóstico de Marín, no es un episodio aislado. El dirigente advirtió que el problema se extiende al conjunto de la actividad y que la proporción de trabajadores sin representación sindical creció de manera significativa.
Según los números que presentó, históricamente alrededor del 25% de los trabajadores del sector se encontraba fuera de convenio, pero actualmente esa proporción habría superado el 50%.
El fenómeno se desarrolla en una industria atravesada por cambios tecnológicos permanentes, nuevas modalidades de prestación de servicios, procesos de concentración empresarial y modificaciones en las estructuras de contratación.
Para el dirigente, este escenario plantea un desafío para las organizaciones sindicales: evitar que la transformación tecnológica y empresarial se convierta en una vía para debilitar los derechos laborales y reducir el alcance de los convenios colectivos.
La discusión excede, por lo tanto, la situación de una compañía. Lo que está en juego es la capacidad de los trabajadores de las telecomunicaciones para conservar condiciones laborales reguladas, representación gremial y mecanismos de protección en una actividad estratégica.
Marín apuntó contra Starlink y Elon Musk: «No generó ni un puesto de trabajo argentino»
Otro de los blancos de las críticas fue Starlink, el servicio de internet satelital perteneciente al empresario Elon Musk, que viene ampliando su presencia comercial en Argentina.
Marín reconoció el crecimiento de la compañía y la incorporación de nuevos abonados, pero cuestionó que esa expansión no se traduzca, según su mirada, en generación de empleo nacional ni en un aporte significativo de divisas al país.
«Starlink viene ganando terreno comercial con cada vez mayor cantidad de abonados, pero no generó ni un puesto de trabajo argentino, como tampoco deja dólares en el país», disparó.
La crítica abre un debate sobre el impacto de las empresas tecnológicas internacionales en el mercado argentino: mientras amplían su participación comercial y suman usuarios, el sindicalismo cuestiona qué empleo generan localmente, qué inversiones realizan y cuál es su contribución a la economía nacional.
Para Marín, la discusión no debería limitarse a la competencia entre prestadores o a la incorporación de nuevas tecnologías. También debe contemplar el desarrollo de capacidades propias, la generación de trabajo argentino y el control sobre sectores estratégicos.
El reclamo por una Agencia Nacional de Datos y Telecomunicaciones
En la entrevista, el titular de FOETRA también planteó la necesidad de fortalecer la intervención estatal en el sector. En contraposición con la orientación del Gobierno nacional, propuso crear una Agencia Nacional de Datos y Telecomunicaciones y avanzar en una Ley Nacional de Datos y Telecomunicaciones.
«Nosotros, a contramano del Gobierno actual, queremos crear la Agencia Nacional de Datos y Telecomunicaciones», afirmó.
La iniciativa, según explicó, apunta a establecer herramientas de regulación y control sobre las empresas que administran infraestructura tecnológica, servicios de comunicación y grandes volúmenes de información.
Marín advirtió sobre la pérdida de control de los datos personales frente al funcionamiento de las plataformas internacionales y sostuvo que los Estados deben contar con presupuesto y capacidad de gestión para intervenir en una actividad cada vez más determinante.
«Una vez que nosotros sacamos una foto con el celular ya deja de ser nuestra; ya está en jurisdicción yanki», expresó, al plantear sus preocupaciones sobre la soberanía de la información.
La propuesta sindical busca instalar una discusión que va más allá de las condiciones laborales: quién controla los datos, qué capacidad de regulación conserva el Estado y qué lugar ocupa Argentina en el desarrollo de sus propias tecnologías.
Telecom y Telefónica: concentración empresarial y retiros voluntarios
Marín también se refirió a la fusión entre Telecom y Telefónica, un proceso que modificó el mapa de las telecomunicaciones argentinas y que estuvo atravesado por la intervención del Gobierno y las condiciones regulatorias para su aprobación.
En ese marco, mencionó la cesión de clientes a Metrotel como parte de las condiciones vinculadas con la operación.
El dirigente retomó las críticas a la concentración empresarial y recuperó una caracterización que, según la nota de InfoGremiales, circula entre especialistas del sector: «De la mano de Milei, ahora estamos ante un Entel privado».
La comparación remite a la concentración de servicios y poder económico en una actividad que históricamente tuvo un papel central en el desarrollo de las comunicaciones del país.
La reestructuración también tiene consecuencias sobre los trabajadores. Telecom abrió un esquema de retiros voluntarios y Marín recomendó a los empleados no aceptar apresuradamente esa alternativa.
«El mejor retiro voluntario es no agarrarlo y seguir trabajando», planteó.
El dirigente argumentó que los trabajadores telefónicos tienen una trayectoria vinculada al empleo formal y a la estabilidad de la relación de dependencia. Por eso, advirtió que la suma de dinero que puede ofrecer una empresa para concretar una salida no necesariamente garantiza una solución a largo plazo.
«El telefónico es un trabajador acostumbrado a la relación de dependencia y que si hoy optara por el retiro voluntario se podría ir con un buen dinero, pero en menos de un año se lo fuma», sostuvo.
Su advertencia apunta a un problema recurrente en los procesos de concentración empresarial: las reestructuraciones no solo modifican el mapa de las compañías, sino que también pueden traducirse en reducción de puestos de trabajo y pérdida de estabilidad para quienes integran sus plantillas.
La memoria de la privatización de Entel y la resistencia sindical
En el tramo final de la entrevista, Marín vinculó el escenario actual con las transformaciones que atravesó el sector durante la década de 1990, cuando se concretó la privatización de Entel.
En ese recorrido recordó a Héctor Esquivel, histórico secretario general de FOETRA durante el menemismo, fallecido recientemente.
El dirigente mencionó una medida de fuerza de aquella etapa en la que, frente al proceso privatizador, el sindicato dejó sin funcionamiento durante 40 días el servicio de operadores internacionales conocido como el «triple cero».
La referencia histórica funciona como una advertencia sobre los conflictos que puede generar una transformación profunda del sistema de telecomunicaciones cuando los trabajadores consideran amenazados sus derechos y sus fuentes laborales.
Una discusión que excede a Claro
Las declaraciones de Claudio Marín ponen sobre la mesa varios conflictos que atraviesan a las telecomunicaciones argentinas: el crecimiento del empleo fuera de convenio, la pérdida de representación sindical, las fusiones empresariales, los retiros voluntarios y la expansión de compañías tecnológicas internacionales.
La denuncia contra Claro concentra buena parte de esa preocupación: según los números expuestos por FOETRA, de una plantilla de 4.000 trabajadores apenas 700 estarían comprendidos en el convenio colectivo. El sindicato sostiene que existe un acuerdo judicial homologado hace una década que la empresa no estaría cumpliendo.
Al mismo tiempo, el cuestionamiento a Starlink y a la concentración del mercado vuelve a instalar una pregunta de fondo: qué modelo de telecomunicaciones se está construyendo en Argentina y qué lugar tendrán los trabajadores, la producción nacional y la soberanía tecnológica en ese esquema.
En una actividad que resulta cada vez más estratégica para la economía y la vida cotidiana, el debate ya no pasa solamente por quién ofrece el servicio más rápido o quién suma más usuarios. También se discute quién genera empleo, bajo qué condiciones se trabaja y cuánto poder conservan los trabajadores para defender sus derechos.
