El diputado nacional de Unión por la Patria solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) que examine de manera integral el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos. La operación fue adjudicada por 340,2 millones de dólares al consorcio que comprará el 90% de las acciones estatales. El legislador pidió que el informe esté listo antes del 1° de marzo de 2027.
La privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) sumó un nuevo capítulo político e institucional. El diputado nacional Guillermo Michel, de Unión por la Patria, presentó un pedido formal ante la Auditoría General de la Nación (AGN) para que el organismo realice una auditoría integral sobre la venta de la empresa. La solicitud fue dirigida a Juan Manuel Olmos, titular del organismo de control, y busca revisar los aspectos administrativos, financieros y legales de una operación que involucra un servicio esencial para millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Michel solicitó que la auditoría sea incorporada al Programa Operativo Anual 2026 de la AGN y que se inicien las actuaciones correspondientes. Además, estableció un plazo concreto para que los resultados sean remitidos al Congreso: antes del 1° de marzo de 2027. El pedido contempla una revisión de gestión, financiera y de cumplimiento normativo del proceso mediante el cual el Estado nacional decidió desprenderse de la totalidad de su participación accionaria en AySA.
El planteo se apoya en el marco legal que habilitó la privatización. La Ley 27.742, conocida como Ley Bases, declaró a AySA sujeta a privatización, mientras que distintos decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía instrumentaron el procedimiento. En su presentación, Michel pidió que la AGN examine si las distintas etapas de la operación se ajustaron a las normas vigentes y si se cumplieron los requisitos administrativos y financieros establecidos. La solicitud no constituye una denuncia con irregularidades ya comprobadas, sino un pedido de fiscalización sobre el proceso.
El Gobierno nacional adjudicó el 22 de octubre de 2026 la licitación para vender el 90% de las acciones de AySA que pertenecen al Estado por un monto de 340,2 millones de dólares. El consorcio ganador está integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX Aqua AR B.V. y Transclor S.A. La adjudicación quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía. El 10% restante de la compañía continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
El monto de la operación y las condiciones de la transferencia son parte de las discusiones que rodean la privatización. Michel cuestionó públicamente el valor de venta y sostuvo que la cifra resulta baja en relación con los resultados operativos de la compañía. También planteó interrogantes sobre la participación de empresas vinculadas al sector proveedor de AySA dentro del consorcio adjudicatario. Esas observaciones forman parte de los argumentos del legislador y deberán ser evaluadas a través de los mecanismos institucionales correspondientes; por sí solas no prueban que haya existido una irregularidad en la licitación.
La dimensión de AySA explica la relevancia pública de la discusión. La empresa presta servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 26 municipios bonaerenses. Su área de concesión comprende a unos 14,3 millones de habitantes, con más de 10,7 millones de personas que cuentan con agua potable y alrededor de 9,1 millones con servicio de cloacas, según datos de su reporte de sustentabilidad. Se trata de una infraestructura estratégica cuya prestación tiene impacto directo sobre la salud pública, las condiciones de vida y el desarrollo urbano de millones de familias.
La auditoría solicitada busca que el Congreso cuente con información independiente sobre las condiciones en las que se realizó la operación. Entre los puntos que podrían ser examinados se encuentran los procedimientos administrativos, la documentación financiera, el cumplimiento de las disposiciones legales y las condiciones establecidas para la transferencia de las acciones. La intervención de la AGN permitiría incorporar una instancia de control externo sobre una decisión de alto impacto económico y social. Por ahora, resta conocer cómo responderá el organismo al pedido y si incorporará la revisión a su planificación de auditorías.
La discusión sobre AySA vuelve a poner en el centro el debate sobre el destino de las empresas públicas y el papel del Estado en la prestación de servicios esenciales. Mientras el Gobierno sostiene su política de privatizaciones, desde la oposición reclaman controles sobre el valor de los activos transferidos y las condiciones de las operaciones. En este caso, el pedido de Michel abre una nueva instancia de revisión institucional, aunque sus resultados todavía están pendientes. La pregunta de fondo es cómo se garantizará la calidad, la cobertura y el acceso al agua potable y al saneamiento para los millones de usuarios que dependen de la empresa.
Con ayuda de Info News
