El exmandatario paraguayo protagonizó un tenso momento cuando llegó al Palacio de Justicia de Asunción para comparecer ante un juez. Se negó inicialmente a que le colocaran las esposas y reclamó un trato diferencial por haber ocupado la Presidencia. Está detenido con prisión preventiva en el marco de la investigación por el escándalo financiero de Ueno Bank.
La caída política de Santiago Peña tuvo una escena que recorrió los medios de la región. Apenas un día después de ser destituido de la Presidencia de Paraguay, el exmandatario llegó al Palacio de Justicia de Asunción para comparecer ante el juez Humberto René Otazú Fernández. Cuando los funcionarios le informaron que debía ser esposado para trasladarse hasta el despacho judicial, reaccionó con una frase que sintetizó su resistencia al procedimiento: “No puede ser, ko, soy un expresidente de la República”. Finalmente, aceptó que le colocaran las esposas y recorrió el edificio bajo custodia policial.
El episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre, después de una jornada política extraordinaria en Paraguay. El Senado había destituido a Peña el viernes 6 mediante un juicio político, en medio de la crisis institucional desatada por el caso Ueno Bank. La decisión fue aprobada por unanimidad de los 44 legisladores presentes, que lo encontraron culpable de mal desempeño de sus funciones. Tras perder el cargo y los fueros correspondientes, la Fiscalía avanzó con medidas judiciales en su contra. Su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la Presidencia para completar el período de gobierno.
Según la reconstrucción publicada por el diario paraguayo ABC Color, Peña llegó al edificio judicial en una camioneta blindada, acompañado por su jefe de seguridad y escoltado por móviles policiales. En el estacionamiento del subsuelo le comunicaron que, por su condición de imputado y la medida restrictiva de libertad que pesaba sobre él, debía cumplir el protocolo de seguridad. El expresidente se resistió inicialmente, pero los funcionarios le explicaron que las esposas serían utilizadas solamente durante el traslado. Un policía se las colocó y así recorrió el estacionamiento, el ascensor y el pasillo del cuarto piso hasta llegar al despacho del magistrado.
La secuencia tuvo un contraste con su paso previo por la Fiscalía General del Estado. Allí, Peña había ingresado por un acceso reservado, sin esposas y con una custodia discreta, para una audiencia en la que se abstuvo de responder las preguntas de los fiscales. Ese trato generó malestar entre personas afectadas por la crisis de Ueno Bank que se manifestaban frente al organismo y reclamaban recuperar sus ahorros. En el Poder Judicial, en cambio, se aplicó el procedimiento de esposamiento durante los desplazamientos internos. Las autoridades no permitieron tomar fotografías ni grabar videos del recorrido.
La Fiscalía imputó al exmandatario por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Karina Benítez Benítez solicitaron su prisión preventiva. Entre los argumentos presentados señalaron un posible riesgo de fuga, al considerar que Peña dispone de recursos económicos, propiedades, cuentas y contactos fuera de Paraguay que podrían facilitarle abandonar el país. También mencionaron la gravedad de los delitos atribuidos y las posibles penas como elementos que, a su criterio, justificaban la medida cautelar. Se trata de fundamentos de la acusación fiscal y no de una condena penal.
El juez Otazú hizo lugar al pedido y ordenó que Peña cumpliera la prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial. La decisión inicial contemplaba que permaneciera bajo arresto domiciliario, pero los disturbios y las protestas frente a su vivienda llevaron a las autoridades a trasladarlo a una dependencia militar por razones de seguridad. El comandante del regimiento explicó que el lugar no cuenta con celdas penitenciarias y que el exmandatario se encuentra alojado en un dormitorio convencional. También indicó que tiene autorización para recibir visitas y utilizar su teléfono celular, de acuerdo con las condiciones de libre comunicación establecidas judicialmente.
Detrás de la detención se encuentra el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera que había acumulado millones de clientes y recibido importantes recursos de organismos públicos durante el gobierno de Peña. La intervención del Banco Central paraguayo y las dificultades de los ahorristas para acceder a sus fondos desencadenaron una crisis de gran magnitud. Entre los afectados se encuentran miles de jubilados vinculados al Instituto de Previsión Social. Durante el juicio político, legisladores acusadores denunciaron pérdidas millonarias y responsabilizaron políticamente al entonces presidente por el manejo del caso. Las cifras y responsabilidades señaladas forman parte de las denuncias y acusaciones que deberán ser examinadas en las instancias correspondientes.
La frase de Peña también tuvo repercusión por el uso de la palabra “ko”, una expresión coloquial muy extendida en Paraguay y vinculada con el guaraní. En el habla cotidiana funciona como una partícula de énfasis, utilizada para remarcar una afirmación o expresar sorpresa y molestia. Más allá de la repercusión de la escena, el episodio dejó una imagen de fuerte impacto institucional: quien hasta pocas horas antes había ocupado la máxima autoridad del Poder Ejecutivo paraguayo debió cumplir un procedimiento judicial como cualquier otro imputado. La investigación por Ueno Bank continúa y será la Justicia la que deberá determinar las responsabilidades penales que correspondan.
Con ayuda de Minuto Uno
