En las elecciones del 3 de noviembre, los votantes respaldaron restricciones a los grandes centros de datos en 40 de 41 consultas locales, según el relevamiento de Ballotpedia. El consumo de electricidad y agua, el impacto sobre las tarifas y las condiciones de los acuerdos con las empresas tecnológicas alimentan una resistencia que atraviesa a demócratas y republicanos.
La expansión de la inteligencia artificial comenzó a enfrentar un obstáculo que las grandes empresas tecnológicas no pueden resolver únicamente con inversiones: el rechazo de las comunidades donde buscan instalar sus centros de datos. En las elecciones locales del 3 de noviembre en Estados Unidos, los ciudadanos se pronunciaron sobre decenas de iniciativas vinculadas con estas instalaciones y, en 40 de las 41 consultas relevadas, los resultados favorecieron mayores restricciones a su construcción o funcionamiento. El dato, difundido por Ballotpedia, refleja un cambio en el debate público: la infraestructura que sostiene el crecimiento de la inteligencia artificial dejó de ser una cuestión exclusivamente empresarial y se convirtió en un tema político local.
Los resultados incluyeron prohibiciones totales y parciales, moratorias, regulaciones urbanísticas y mecanismos que exigen la aprobación de los vecinos para determinados proyectos. En Alhambra, California, los votantes respaldaron una prohibición de los centros de datos dentro de la ciudad. En Edgewater, Florida, una amplia mayoría apoyó impedir nuevas instalaciones, mientras que en Bloomington, Illinois, se aprobó una medida que expresa oposición a los grandes complejos. También hubo restricciones en distintas localidades de Ohio, Kansas y Maine. No todas las iniciativas tienen el mismo alcance jurídico: algunas establecen prohibiciones vinculantes y otras expresan posiciones políticas o establecen condiciones para futuros desarrollos.
El conflicto tiene razones concretas. Los centros de datos concentran miles de servidores que procesan y almacenan información, sostienen servicios digitales y permiten entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial. Para funcionar necesitan un suministro eléctrico permanente y, en muchos casos, grandes cantidades de agua para refrigeración. La instalación de complejos de gran escala puede exigir ampliaciones de redes eléctricas, nuevas obras de infraestructura y un uso intensivo del territorio. Los vecinos cuestionan quién paga esos costos y advierten que los beneficios económicos prometidos por las compañías no siempre compensan las consecuencias para quienes viven en las zonas afectadas.
La electricidad se convirtió en uno de los principales focos de preocupación. El crecimiento de la demanda de los centros de datos obliga a ampliar la capacidad de generación y distribución, y abre una discusión sobre el impacto que esas inversiones pueden tener en las facturas de los hogares. En distintas comunidades, los opositores reclaman garantías para evitar que los usuarios residenciales terminen financiando, a través de sus tarifas, la infraestructura necesaria para abastecer a grandes compañías tecnológicas. También aparecen cuestionamientos por el consumo de agua, el ruido de las instalaciones, la ocupación de terrenos y los beneficios impositivos que algunos gobiernos locales conceden para atraer inversiones.
Una particularidad del fenómeno es que el rechazo no responde exclusivamente a una identidad partidaria. En distintas localidades, vecinos de orientación conservadora y progresista coincidieron en cuestionar proyectos que consideran perjudiciales para sus comunidades. En algunos casos, organizaciones ambientales, asociaciones vecinales y sectores políticos que habitualmente mantienen diferencias trabajaron en conjunto para impulsar restricciones. La discusión se concentra en cuestiones cotidianas —el costo de la energía, el acceso al agua, el uso del suelo y la transparencia de los acuerdos— y no necesariamente en una oposición al desarrollo de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica.
El debate también alcanzó a los gobiernos estatales y a la política nacional. Nueva York avanzó durante 2026 con una moratoria temporal para nuevos centros de datos de gran escala, mientras que otros estados discutieron regulaciones sobre el consumo energético y las condiciones para autorizar instalaciones. La administración de Donald Trump, por su parte, impulsó una política favorable a la expansión de la inteligencia artificial y cuestionó las regulaciones estatales sobre esta tecnología. Esa tensión enfrenta dos prioridades: mantener la competitividad estadounidense en la carrera tecnológica internacional y atender los reclamos de las comunidades que soportan los impactos de la infraestructura.
Las consecuencias ya son observadas por el sector financiero y las empresas desarrolladoras. Según un análisis de Reuters publicado después de las elecciones, el avance de las restricciones locales elevó la preocupación de los inversores sobre la viabilidad de algunos proyectos y las futuras condiciones regulatorias. La consultora UBS estimó que una parte de la capacidad adicional de centros de datos prevista para Estados Unidos hacia 2028 podría quedar expuesta a interrupciones en su desarrollo. Esto no significa que la expansión de la infraestructura vaya a detenerse, pero sí que las compañías deberán considerar con mayor atención la aceptación social, las reglas locales y los costos de abastecimiento antes de definir nuevas inversiones.
El resultado electoral deja planteado un interrogante que también alcanza a otros países: cómo aprovechar los avances de la inteligencia artificial sin trasladar sus costos a la población. La discusión ya no se limita a cuántos centros de datos pueden construirse ni a cuánto capital está dispuesto a invertir el sector privado, sino a quién controla los recursos, quién se beneficia de la actividad y quién asume sus consecuencias. En Estados Unidos, las urnas mostraron que una parte importante de las comunidades quiere intervenir en esas decisiones. La carrera tecnológica continúa, pero ahora enfrenta una exigencia adicional: obtener legitimidad social y demostrar que sus beneficios también llegan a los territorios donde se instala.
Con ayuda de Política Argentina
