El presidente paraguayo, cuya renuncia fue rechazada por el Congreso, solicitó una prórroga de tres días para responder a las acusaciones en su contra. Denunció que recibió el expediente pocas horas antes de la audiencia y consideró que el plazo establecido vulnera las garantías del debido proceso. El juicio político está vinculado a la crisis financiera de Ueno Bank, que dejó a miles de ahorristas sin acceso a sus fondos.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó formalmente una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el juicio político impulsado en su contra. El pedido fue presentado mediante una nota dirigida al titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, en una jornada decisiva para el futuro político del mandatario. Peña cuestionó el escaso tiempo que le concedieron para responder a las acusaciones y sostuvo que las condiciones establecidas no garantizan un ejercicio adecuado de su derecho a la defensa.
En el documento, el mandatario hizo referencia a la notificación número 4217, fechada el 5 de noviembre, mediante la cual se le comunicó que debía formular su descargo y ofrecer pruebas dentro del procedimiento parlamentario. Según detalló, recibió esa comunicación a las 22:15 del jueves, acompañada por un escrito acusatorio de 15 páginas y documentación anexa que alcanzaría aproximadamente las 300 fojas. La convocatoria para comparecer ante el Senado estaba prevista para las 10 de la mañana del viernes, lo que le dejaba menos de doce horas para analizar el expediente y organizar su estrategia.
Peña argumentó que ese margen resulta insuficiente para afrontar un proceso que puede derivar en una sanción de semejante gravedad. En su presentación sostuvo que las garantías del debido proceso deben contemplar un tiempo razonable para estudiar las acusaciones, elegir un abogado de confianza y preparar las pruebas correspondientes. “Resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho”, expresó en el escrito, con el que fundamentó su solicitud de una extensión de 72 horas.
El pedido se produjo después de una sucesión de acontecimientos que profundizaron la crisis política paraguaya. Peña había presentado su renuncia a la Presidencia el jueves, en medio del escándalo financiero generado por el colapso de Ueno Bank y de la pérdida de respaldo dentro de su propio espacio político. Sin embargo, el Congreso no aceptó su dimisión y decidió avanzar con el juicio político. De esta manera, el mandatario continuó formalmente en el cargo mientras el Poder Legislativo avanzaba con el procedimiento para determinar su eventual destitución.
El origen de la crisis está relacionado con la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera que quedó bajo control de las autoridades regulatorias luego de que se detectaran irregularidades en sus operaciones y problemas en su situación patrimonial. La caída de la entidad provocó una fuerte preocupación social, ya que millones de paraguayos utilizaban sus servicios y numerosos clientes quedaron temporalmente imposibilitados de acceder a sus ahorros, transferencias y salarios. El caso también generó cuestionamientos sobre los controles estatales y los vínculos entre el sistema financiero, los organismos reguladores y el poder político.
En ese contexto, los legisladores que impulsan el juicio político formularon acusaciones vinculadas a presuntos conflictos de intereses, el manejo de fondos previsionales y posibles encubrimientos institucionales relacionados con la crisis bancaria. Uno de los elementos que alimentó los cuestionamientos fue el vínculo empresarial que Peña mantuvo con un grupo relacionado con Ueno hasta el año pasado. Se trata de señalamientos que deberán ser examinados en las instancias correspondientes y cuya responsabilidad deberá determinarse mediante los procedimientos institucionales y judiciales pertinentes.
La ofensiva parlamentaria también refleja una fractura dentro del Partido Colorado, fuerza política que históricamente concentra una importante cuota de poder en Paraguay. El retiro de respaldo de dirigentes influyentes y el avance de legisladores que antes acompañaban al oficialismo dejaron a Peña en una posición de creciente aislamiento. Mientras tanto, la investigación sobre el colapso de Ueno Bank avanzó por la vía judicial y las autoridades comenzaron a implementar mecanismos para devolver gradualmente los depósitos, en una crisis que excede la disputa entre dirigentes y afecta directamente a miles de familias.
Con su solicitud de 72 horas, Peña busca ganar tiempo para responder a las acusaciones y evitar que el proceso avance sin las condiciones que considera necesarias para ejercer su defensa. La decisión sobre la prórroga y el desarrollo del juicio político serán determinantes para definir el futuro inmediato del mandatario y el escenario institucional paraguayo. La crisis ya dejó expuestas las tensiones dentro del oficialismo, las dudas sobre los controles financieros y el impacto social de la caída de una entidad bancaria de gran alcance. En ese marco, el desenlace no solo definirá la continuidad de Peña en la Presidencia, sino también el alcance de las responsabilidades políticas e institucionales que se investigan.
Fuente: Noticias Argentinas
