Una investigación sobre el circuito empresarial de los residuos puso en el centro de la escena a la multinacional Stericycle y a los empresarios Mauro y Solari. La compañía reconoció un esquema de sobornos para conseguir y conservar contratos públicos en Argentina, Brasil y México. El caso reabre el debate sobre los controles estatales, los antecedentes de las empresas proveedoras y la necesidad de verificar que los servicios contratados efectivamente se cumplan antes de liberar los pagos.
El negocio de la gestión de residuos volvió a quedar bajo la lupa a partir de una investigación que reconstruye los antecedentes de la multinacional Stericycle y las operaciones societarias vinculadas a los empresarios Mauro y Solari. El caso pone en discusión una cuestión central para el funcionamiento del Estado: qué controles deben realizar los organismos públicos antes de adjudicar contratos millonarios y, especialmente, cómo deben verificar que las empresas contratadas hayan cumplido efectivamente con los servicios por los que reciben dinero público. La investigación fue publicada por la Agencia Noticias Argentinas y expone una serie de antecedentes empresariales, actuaciones fiscales y cuestionamientos sobre la capacidad operativa de determinados proveedores.
Uno de los puntos más relevantes del caso es el reconocimiento de Stericycle de haber participado en un esquema de sobornos destinado a obtener o conservar contratos con organismos públicos de Argentina, Brasil y México. Según los antecedentes difundidos, la multinacional admitió prácticas irregulares que involucraban pagos indebidos para asegurar negocios con clientes estatales. La información vuelve a poner en discusión la transparencia de las contrataciones públicas y la responsabilidad de los organismos que deben garantizar que la selección de proveedores responda a criterios de legalidad, capacidad técnica y competencia efectiva.
Los antecedentes internacionales se remontan a abril de 2022, cuando la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) informó sobre las irregularidades detectadas en las operaciones de Stericycle. El organismo describió la utilización de planillas con códigos para registrar sobornos, proveedores ficticios y facturas falsas que permitían encubrir los desembolsos. También señaló deficiencias en los controles contables internos de la compañía. Los acuerdos alcanzados con autoridades estadounidenses y brasileñas superaron los 84 millones de dólares, aunque ese monto corresponde a las consecuencias económicas de los acuerdos y no exclusivamente al dinero utilizado para pagar sobornos.
La investigación también reconstruye el recorrido empresarial de los hermanos Gustavo Gabriel Mauro, Fernando Javier Mauro y Gustavo Osvaldo Solari. Según los registros societarios citados por la Agencia NA, los empresarios vendieron TRI-ECO al grupo Stericycle en 2013. Posteriormente, una cesión instrumentada el 3 de agosto de 2020 y publicada en el Boletín Oficial en febrero de 2021 estableció que cada uno tendría el 30% de MEDAM B.A. S.R.L., alcanzando entre los tres una participación del 90%. Estos movimientos societarios forman parte de los antecedentes que los organismos públicos deben analizar cuando evalúan la identidad y la trayectoria de quienes buscan acceder a contrataciones estatales.
Sin embargo, la existencia de antecedentes internacionales no significa que todas las personas o sociedades vinculadas empresarialmente con una multinacional puedan ser consideradas automáticamente responsables de las irregularidades. La propia investigación advierte que un acuerdo de enjuiciamiento diferido no equivale necesariamente a una condena firme y que las responsabilidades de una compañía no pueden trasladarse sin más a sus antiguos socios o a otras personas relacionadas con su estructura societaria. Por eso, resulta fundamental establecer qué empresa participó de cada operación, quiénes fueron sus responsables y cuáles son los efectos jurídicos concretos de las decisiones judiciales o administrativas.
En Argentina, el régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional contempla determinadas causales de inelegibilidad para impedir que empresas con antecedentes específicos accedan a contratos estatales. Entre ellas aparecen situaciones vinculadas con continuidades empresariales de compañías inhabilitadas, simulación de competencia, incumplimientos contractuales anteriores y condenas firmes en el extranjero por soborno transnacional. No obstante, la aplicación de estas restricciones requiere examinar cada caso y las condiciones establecidas en las normas y los pliegos. Además, el régimen nacional no reemplaza las disposiciones que regulan las contrataciones de provincias y municipios, que deben aplicar sus propios marcos normativos.
Otro aspecto determinante tiene que ver con la capacidad real de las empresas para prestar los servicios que ofrecen. En el caso de la gestión de residuos, no alcanza con presentar documentación societaria o ganar una licitación: también es necesario demostrar que las instalaciones cuentan con autorización para recibir determinados materiales, que disponen de procedimientos adecuados y que tienen capacidad suficiente para procesar los volúmenes comprometidos. La identificación de transportistas, plantas de tratamiento y eventuales subcontratistas permite establecer quién interviene en cada etapa del circuito. Posteriormente, esos datos deben contrastarse con registros de retiro, recepción, tratamiento y disposición final de los residuos.
La investigación también menciona la actuación 4398/2026 de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), que reúne requerimientos destinados a identificar operadores, determinar la procedencia de los residuos y obtener contratos y órdenes de compra. Asimismo, señala que el Ministerio de Salud bonaerense respondió con información sobre sus contrataciones correspondientes a 2025 y 2026, dentro de las cuales figuraba Hábitat Ecológico, una sociedad que también aparece en la estructura histórica de Stericycle. Estos elementos forman parte de una reconstrucción que busca determinar las relaciones empresariales y las condiciones en las que se desarrollaron distintas contrataciones públicas.
El caso deja planteada una pregunta que atraviesa a todas las administraciones públicas: ¿quién controla a las empresas que reciben contratos financiados con recursos del Estado y cómo se comprueba que realmente cumplen con lo que facturan? La respuesta exige controles antes, durante y después de cada contratación. Identificar correctamente al proveedor, revisar sus antecedentes, acreditar su capacidad técnica, verificar las instalaciones y documentar cada etapa del servicio son obligaciones fundamentales para evitar irregularidades. En un negocio donde están involucrados recursos públicos y riesgos ambientales y sanitarios, adjudicar un contrato no puede ser el final del procedimiento de control: la verificación de cada prestación debe ser una condición indispensable antes de autorizar los pagos.
Fuente: Noticias Argentinas
