La desregulación del mercado y el derrumbe de los precios que reciben los productores profundizaron la crisis de la actividad en Misiones. Julio Petterson, titular de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, denunció que el kilo de hoja verde se paga entre $230 y $280, cuando debería superar los $630 para cubrir los costos. Mientras los grandes molinos concentran las ganancias, miles de familias enfrentan el riesgo de perder su fuente de sustento.
La actividad yerbatera atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente y mantiene en alerta a unas 50.000 familias que dependen de la producción de yerba mate en Misiones. La caída de los ingresos en las chacras, el aumento de los costos y la desregulación del mercado conforman un escenario que amenaza la continuidad de pequeños productores y trabajadores rurales. Desde el sector advierten que producir dejó de ser una actividad rentable y que, en las condiciones actuales, cada jornada de trabajo profundiza el endeudamiento de quienes sostienen el primer eslabón de la cadena.
El diagnóstico fue planteado por Julio Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), quien cuestionó las consecuencias de las medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el dirigente sostuvo que la pérdida de herramientas de regulación dejó a los productores primarios en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los grandes compradores. La eliminación de la facultad del organismo para establecer precios de referencia debilitó la capacidad de negociación de quienes producen la materia prima.
Uno de los datos más preocupantes expuestos por Petterson es la diferencia entre los valores que reciben los agricultores y los montos necesarios para sostener la producción. Según explicó, el kilo de hoja verde debería pagarse entre $630 y $640 para cubrir los costos, teniendo en cuenta la inflación y los aumentos de combustible. Sin embargo, actualmente los productores reciben entre $230 y $280 por kilo puesto en secadero. La brecha refleja una pérdida significativa para las economías familiares y convierte a la actividad en un negocio inviable para buena parte de los pequeños establecimientos.
El dirigente también describió un retroceso histórico en la participación de los productores dentro del precio final de la yerba mate. Según sus declaraciones, durante períodos económicos especialmente difíciles el sector nunca había recibido menos del 8% o 9% del valor del producto en góndola, mientras que actualmente esa participación habría descendido al 4%. Petterson cuestionó que el crecimiento de determinados segmentos comerciales no se traduzca en mejores condiciones para quienes trabajan en las chacras y producen la hoja verde que abastece a toda la industria.
En ese contexto, apuntó contra la concentración económica en manos de grandes molinos y acopiadores, a los que responsabilizó por quedarse con una parte desproporcionada de las ganancias de la cadena. Según su planteo, estos actores cuentan con mayor capacidad para imponer condiciones comerciales, mientras que los productores primarios deben aceptar precios que no cubren sus costos. La desigualdad en la distribución de los ingresos se vuelve especialmente preocupante en una actividad que involucra a miles de familias y constituye una de las principales fuentes de trabajo y movimiento económico de Misiones.
La crisis también se expresa en las dificultades para cobrar por la producción entregada. De acuerdo con información sectorial citada en los relevamientos económicos, una parte de los pagos se realiza de manera diferida, con plazos que pueden extenderse hasta 120 días. A esto se suma la preocupación por el incremento de cheques rechazados, una situación que compromete la liquidez de los agricultores y dificulta afrontar gastos cotidianos, salarios, combustibles y nuevas tareas en las chacras. El problema ya no se limita al precio de venta: también afecta la posibilidad concreta de disponer del dinero generado por el trabajo.
Los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) permiten dimensionar el deterioro. En su informe sobre la evolución del complejo yerbatero publicado en mayo de 2026, el organismo señaló que en marzo el precio máximo pagado al productor fue de $220 por kilo de hoja verde, mientras que el costo de producción informado por el INYM alcanzaba los $424, sin contemplar impuestos ni rentabilidad. El relevamiento estimó una pérdida mínima de $204 por kilo y advirtió que la participación del productor en el precio de góndola había caído a uno de sus niveles más bajos desde 2019. Estas cifras muestran que el problema tiene una dimensión estructural y no se reduce a una dificultad coyuntural de comercialización.
Petterson también alertó sobre el impacto social de esta situación en las comunidades rurales. La pérdida de rentabilidad, las deudas y la falta de previsibilidad obligan a numerosos productores a buscar alternativas para subsistir, incluso mediante trabajos temporales fuera del país. Mientras tanto, el consumo interno y las exportaciones pueden mostrar movimientos positivos sin que ese desempeño se refleje necesariamente en los ingresos de quienes producen la materia prima. La advertencia es contundente: si no se recuperan herramientas que permitan equilibrar la cadena y garantizar precios que cubran los costos, miles de familias podrían quedar fuera de la actividad. La crisis yerbatera vuelve a poner en discusión quiénes se benefician de la producción nacional y quiénes terminan pagando las consecuencias de un modelo que deja al pequeño productor sin capacidad de negociación.
Fuente: InfoGremiales
