Un cálculo realizado a través de la plataforma DatoPuro estimó que, entre fines de 2024 y agosto de 2026, los salarios docentes acumularon una pérdida de $4.810.568,16, equivalente a 4,1 sueldos de referencia. El deterioro representa una caída del 23,70% en la capacidad de compra. La crisis salarial se combina con reclamos por falta de presupuesto, condiciones laborales precarias y hechos de violencia en las escuelas.
La situación de los trabajadores de la educación volvió a quedar en el centro de la discusión pública a partir de un informe que dimensiona el deterioro de sus ingresos. Según un cálculo realizado mediante la plataforma DatoPuro, entre fines de 2024 y agosto de 2026 los docentes acumularon una pérdida de $4.810.568,16 en su poder adquisitivo. La cifra equivale a 4,1 salarios de referencia y refleja una caída del 23,70% en la capacidad de compra de sus ingresos. Aunque el título de la publicación vincula el fenómeno con la llegada de Javier Milei al Gobierno, el período específico utilizado para este cálculo comienza a fines de 2024.
El relevamiento muestra el impacto que tiene el retraso de los salarios frente a la evolución de los precios. La pérdida acumulada significa que los trabajadores de la educación resignaron durante ese período una capacidad de consumo equivalente a más de cuatro sueldos completos. Para el sector, el deterioro no es solamente una cuestión estadística: se traduce en mayores dificultades para afrontar alimentos, alquileres, transporte, servicios y otros gastos cotidianos. Los sindicatos docentes vienen reclamando una recomposición salarial que permita recuperar los ingresos y evitar que la actividad continúe perdiendo atractivo y reconocimiento.
La publicación de estos datos coincidió con una jornada de protesta nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), luego del asesinato de Nancy Estela Godoy, directora suplente de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en Corrientes. El crimen generó conmoción en la comunidad educativa y motivó un paro de 24 horas en todo el país. El caso también expuso las condiciones de precariedad en las que desempeñaba su tarea la docente, quien había advertido meses antes sobre el deterioro edilicio de la escuela.
Godoy había denunciado ante las autoridades provinciales problemas de infraestructura que incluían bancos deteriorados, paredes descascaradas, baños obstruidos y acumulación de basura. Las condiciones del establecimiento eran tan deficientes que no podía permanecer allí durante la noche y debía alojarse en la vivienda de una vecina, ubicada a unas tres horas de viaje a caballo. La situación volvió a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan los docentes rurales, especialmente en establecimientos alejados de los centros urbanos, donde las deficiencias de infraestructura y la falta de recursos profundizan las condiciones de aislamiento y vulnerabilidad.
A la conmoción por el asesinato se sumó otro episodio de violencia ocurrido en una escuela secundaria de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Una profesora terminó hospitalizada después de ser golpeada y arrastrada de los pelos por una alumna, luego de pedirle que dejara de utilizar el celular durante la clase. El hecho quedó registrado en un video que se difundió ampliamente en redes sociales y volvió a encender las alarmas sobre las agresiones que sufren los trabajadores de la educación. Desde el ámbito sindical reclamaron medidas de protección y herramientas institucionales para abordar estas situaciones.
Durante las movilizaciones realizadas en distintos puntos del país, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, cuestionó el deterioro de las políticas públicas destinadas a la educación. «No hay presupuesto para la educación», afirmó, y advirtió sobre el tratamiento de las partidas educativas sin una paritaria nacional docente ni fondos específicos para el sector. La dirigente también reclamó justicia por Nancy Godoy y vinculó la situación con el retroceso de políticas públicas de protección social y de género. Para la organización sindical, la defensa de la educación pública requiere garantizar tanto recursos para las instituciones como condiciones laborales dignas y seguras.
La problemática salarial también fue señalada por Cecilia Paolizzi, secretaria general de UDOCBA Junín, quien describió el proceso de desvalorización que atraviesa la profesión. «Es tremendo lo que está pasando con nosotros los docentes, la desvalorización que sufrimos por parte de la sociedad. Desde los alumnos, desde los padres, desde el lado del Gobierno en otras cuestiones. Esto se está visibilizando cada vez más, parece que esto fuese moneda corriente», sostuvo en declaraciones al diario La Verdad. Y sintetizó el reclamo con una definición: «El docente tiene que ser cuidado, con buenos salarios y con medidas que lo protejan».
El paro nacional tuvo una adhesión significativa en distintas jurisdicciones. En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) informó una participación de entre el 67% y el 70%, mientras que en la ciudad capital el acatamiento habría superado el 90%. La jornada reunió reclamos que exceden la discusión salarial: recomposición de los ingresos, mayor presupuesto educativo, infraestructura adecuada y políticas concretas para proteger a quienes trabajan en las escuelas. El deterioro del poder adquisitivo, sumado a las condiciones de precariedad y los episodios de violencia, vuelve a instalar una pregunta central sobre el lugar que ocupa la educación en la agenda pública y las responsabilidades del Estado.
Fuente: InfoGremiales
