La reestructuración de la obra social de las Fuerzas Armadas avanza sin certezas para el personal de sus farmacias propias. Trabajadores denuncian que recibieron notificaciones de cierre, pero todavía desconocen si serán reubicados, indemnizados o perderán sus puestos. La preocupación también alcanza a los afiliados, que necesitan garantizar la continuidad de sus medicamentos y prestaciones.
Los trabajadores de las farmacias del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) atraviesan un escenario de incertidumbre ante el cierre de establecimientos propios y la falta de información oficial sobre su futuro laboral. La reestructuración del organismo, impulsada por el Gobierno nacional, modificó las condiciones de funcionamiento de la cobertura sanitaria y abrió interrogantes sobre la continuidad de los puestos de trabajo y de los servicios que reciben los afiliados. Según informó InfoGremiales, el conflicto se extiende a distintas provincias y afecta tanto al personal de las farmacias como a quienes dependen de ellas para acceder a medicamentos.
En Santa Fe, Jonatán Gutiérrez, trabajador de la delegación Santa Fe Norte, explicó que los empleados recibieron una notificación oficial sobre el cierre de las farmacias aproximadamente 30 días antes, pero que desde entonces no obtuvieron nuevas precisiones. «En cuanto a las farmacias, hace 30 días llegó una notificación oficial, que es lo único que tenemos», señaló en diálogo con EME. Según su testimonio, la comunicación alcanza a establecimientos de todo el país, aunque persisten las dudas sobre el alcance definitivo de la medida y sobre el destino del personal afectado.
El trabajador mencionó que la disposición involucraría a 31 establecimientos a nivel nacional, mientras que las primeras informaciones habían señalado que eran 17 las farmacias propias alcanzadas. En Santa Fe, IOSFA cuenta con una farmacia ubicada en la capital provincial, sobre la calle San Jerónimo al 2400, donde también funciona la delegación Santa Fe Norte. La institución mantiene además oficinas en Rosario y Reconquista, y los empleados advierten que el centro de facturación rosarino podría cerrar, aunque aclararon que no existe una confirmación oficial sobre esa posibilidad. La falta de precisiones alimenta la preocupación por el futuro de toda la estructura territorial.
La situación también genera reclamos en Mar del Plata, donde 22 trabajadores de la farmacia de IOSFA se manifestaron junto a representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Los empleados afirmaron que no recibieron respuestas concretas sobre una posible reubicación en otras dependencias o el pago de indemnizaciones. Una de las trabajadoras, identificada como Silvia, advirtió que la falta de documentación formal dificulta conocer cuáles serán sus derechos ante un eventual cierre. Su compañera Gabriela expresó preocupación por la posibilidad de que el salario de octubre sea el último que perciban sin que exista una definición sobre la continuidad de sus empleos.
El conflicto se inscribe en la disolución y liquidación de IOSFA, dispuesta por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto 88/2026, que creó dos estructuras diferenciadas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). La reorganización busca separar la cobertura del personal militar de la correspondiente a las fuerzas federales de seguridad. Sin embargo, la transición también abrió una discusión sobre la cantidad de trabajadores que serán incorporados a los nuevos organismos y sobre el futuro de las dependencias que formaban parte de la estructura anterior.
El panorama se agravó con las decisiones que dispusieron el cierre de farmacias propias y una reducción de la dotación de personal. Según información publicada por distintos medios, el esquema previsto para OSFA contempla reducir la cantidad de trabajadores de aproximadamente 2.450 a 1.000 a partir de febrero de 2027. A su vez, ATE advirtió que alrededor de 1.200 trabajadores podrían quedar fuera de la nueva estructura, aunque esa cifra corresponde a una estimación sindical y no a un número definitivo confirmado por las autoridades. La incertidumbre se profundizó el 28 de octubre, cuando el Gobierno modificó mediante el DNU 1286/2026 el mecanismo de transferencia del personal y estableció que solo pasarán a OSFA los trabajadores que el directorio considere necesarios para su funcionamiento.
Los reclamos no se limitan a la estabilidad laboral. Los empleados también advierten sobre las consecuencias que el cierre de las farmacias puede tener para los afiliados, especialmente para quienes necesitan tratamientos prolongados o medicamentos de alto costo. Según denuncias difundidas por trabajadores y representantes gremiales, la reorganización coincide con dificultades para acceder a determinadas prestaciones y con interrupciones en la atención de establecimientos vinculados a la obra social. En Mar del Plata, las trabajadoras señalaron que continúan atendiendo a los afiliados en un contexto en el que, según sus testimonios, otras farmacias con convenio tienen suspendida la atención. La continuidad de la cobertura y la disponibilidad de medicamentos constituyen, por lo tanto, otra de las cuestiones centrales del conflicto.
Desde el movimiento sindical reclaman que las autoridades nacionales informen con claridad qué sucederá con cada establecimiento, qué personal será transferido y cuáles serán las alternativas para quienes no continúen en la nueva estructura. ATE viene cuestionando que la reorganización avance sin garantías suficientes para los trabajadores y sin certezas sobre el funcionamiento futuro de las prestaciones. En abril, el sindicato había informado que las autoridades de IOSFA se comprometieron a preservar los puestos laborales durante la transición, pero las decisiones posteriores modificaron el escenario y volvieron a poner en discusión el alcance de aquellas garantías. La nueva normativa, por su parte, deja la definición del personal sujeto a las necesidades operativas que establezca el directorio de OSFA.
La reestructuración de IOSFA abre así un doble interrogante: qué ocurrirá con los trabajadores que sostienen la atención cotidiana y cómo se garantizará el acceso a medicamentos y prestaciones para los afiliados. Mientras se implementan los cierres y se define la nueva estructura, los empleados reclaman información formal sobre sus puestos, sus ingresos y sus derechos laborales. La respuesta del Gobierno será determinante para conocer el alcance definitivo de los cambios y evitar que la reorganización administrativa se traduzca en una mayor incertidumbre para las familias de los trabajadores y para quienes dependen de la obra social.
Fuente: InfoGremiales
