El gobierno de José Antonio Kast quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que el Ministerio de Justicia otorgara reducciones de condena a 56 personas sentenciadas por abuso sexual y violación contra menores de edad. El mandatario reconoció que la decisión fue un error, pero mantuvo en el cargo al ministro Fernando Rabat, mientras el Ejecutivo busca alternativas legales para revertir los beneficios y evitar que se repitan.
La polémica estalló en Chile tras conocerse que el gobierno de José Antonio Kast concedió rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con una investigación publicada por el medio chileno Interferencia, los decretos beneficiaron a 27 condenados por abuso sexual y a otros 29 por violación. Las resoluciones fueron tramitadas entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, durante los primeros meses de la actual administración. El caso provocó cuestionamientos de organizaciones, referentes políticos y sectores del propio oficialismo, y abrió un debate sobre la interpretación de la legislación penitenciaria y la responsabilidad del Estado frente a las víctimas.
El presidente Kast reconoció que su gobierno cometió un “error” al aprobar las reducciones y afirmó que el Estado les había fallado a las víctimas. Sin embargo, decidió sostener en el cargo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, responsable de firmar los decretos. El mandatario le pidió explorar todas las alternativas posibles para revertir los beneficios ya concedidos. El problema es que, según explicó el propio Ejecutivo, deshacer esas decisiones resulta jurídicamente complejo, especialmente cuando las reducciones ya fueron ejecutadas y algunos de los beneficiados recuperaron la libertad. La continuidad de Rabat intensificó las críticas y dejó abierta la discusión sobre las responsabilidades políticas dentro del gobierno.
El núcleo de la controversia se encuentra en la legislación chilena. En febrero de 2022 se aprobó una reforma que excluyó del beneficio de reducción de condena a personas sentenciadas por determinados delitos sexuales contra menores. El gobierno de Kast sostuvo que esa restricción no debía aplicarse a hechos cometidos antes de la entrada en vigencia de la norma y argumentó que existían antecedentes judiciales que respaldaban esa interpretación. Con ese criterio, el Ministerio de Justicia otorgó las rebajas a condenados cuyos delitos eran anteriores a la reforma. Sin embargo, el alcance de la jurisprudencia invocada por Rabat fue cuestionado por especialistas y por integrantes del Poder Judicial, que señalaron que la Corte Suprema no mantuvo una posición uniforme en todos los casos.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recordó que los decretos fueron dictados por el ministro de Justicia dentro de sus atribuciones legales y señaló que los tribunales intervienen cuando las decisiones son impugnadas. A su vez, una investigación de BioBioChile identificó fallos en los que la Corte Suprema confirmó el rechazo de beneficios para personas condenadas por delitos sexuales contra menores, incluso cuando los hechos habían ocurrido antes de 2022. Estos antecedentes pusieron en duda la afirmación de que el Ministerio estaba obligado a conceder las rebajas. La discusión no implica, por sí sola, que los 56 decretos hayan sido declarados ilegales: evidencia, en cambio, una disputa jurídica sobre cómo deben aplicarse las restricciones y qué margen de decisión tenía el Ejecutivo.
Uno de los aspectos más cuestionados es la falta de notificación a las víctimas. Según reconocieron autoridades chilenas, la normativa vigente no establece que deban ser informadas de este procedimiento antes de que se otorgue la reducción de condena. La situación reabrió el debate sobre la participación de las víctimas en las decisiones que afectan el cumplimiento de las penas y sobre las herramientas institucionales disponibles para proteger sus derechos. El gobierno anunció que impulsará cambios legales para cubrir lo que considera un vacío normativo, entre ellos mecanismos que garanticen que las víctimas puedan ser oídas en los procedimientos relacionados con beneficios penitenciarios.
Frente a la crisis, el Ejecutivo anunció iniciativas legislativas para modificar las reglas que permiten reducir condenas por buena conducta. La propuesta busca precisar que la exclusión de los condenados por delitos sexuales contra menores se aplique también cuando los hechos hayan ocurrido antes de la reforma de 2022. A esto se suman iniciativas parlamentarias que plantean eliminar excepciones legales y endurecer las condiciones para acceder a estos beneficios. Otra propuesta apunta a que las decisiones sobre reducciones de condena y otros beneficios penitenciarios sean resueltas por tribunales especializados, en lugar de quedar en manos de las instancias administrativas que intervienen actualmente. Mientras se tramitan los cambios, el gobierno suspendió la tramitación de nuevos decretos de reducción para estos delitos.
La controversia también reavivó las críticas contra Rabat por su trayectoria profesional. Antes de asumir como ministro, integró el equipo jurídico que defendió al dictador Augusto Pinochet en procesos vinculados con la Operación Colombo y el Caso Riggs, investigaciones relacionadas, respectivamente, con crímenes contra opositores y con el patrimonio del exmandatario. Su designación ya había generado cuestionamientos y la polémica por las rebajas volvió a colocar su continuidad en el centro del debate. Sectores de la oposición reclamaron explicaciones y analizaron posibles acciones políticas, mientras desde distintos espacios se pidió revisar los antecedentes y los criterios utilizados para firmar los decretos. Kast, por ahora, ratificó su respaldo al ministro y le encomendó encabezar las respuestas institucionales.
El caso expone una tensión que va más allá de la disputa entre el gobierno y sus críticos: cómo garantizar que las normas penitenciarias se apliquen con criterios jurídicos claros sin desatender los derechos de las víctimas de delitos sexuales contra menores. La posibilidad de revertir las rebajas ya otorgadas continúa condicionada por las herramientas legales disponibles y por el alcance que tengan las futuras reformas. Al mismo tiempo, la decisión de mantener a Rabat en el cargo dejó abierta la discusión sobre la responsabilidad política por los decretos. El gobierno chileno busca cerrar el episodio con cambios normativos, pero la controversia continúa y plantea interrogantes sobre la transparencia de los procedimientos, el control judicial y las garantías para quienes sufrieron los delitos.
Fuente: Página 12
