El Gobierno costarricense comenzó a trasladar presos al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, una prisión de máxima seguridad con capacidad para 5.100 personas. La iniciativa replica elementos del sistema penitenciario de El Salvador y reabre el debate sobre la política de mano dura, las condiciones de detención y las garantías de las personas privadas de libertad.
Costa Rica comenzó a trasladar a los primeros presos a su nueva megacárcel de máxima seguridad, una infraestructura inspirada en el modelo penitenciario impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. El lunes 26 de octubre ingresaron los primeros 123 reclusos al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), ubicado en la provincia de Alajuela. Los traslados fueron acompañados por imágenes de detenidos con la cabeza rapada, uniformes naranjas y fuerte custodia policial, una puesta en escena similar a la que se hizo conocida internacionalmente por los procedimientos realizados en El Salvador.
El CACCO fue inaugurado el 14 de octubre por la presidenta costarricense Laura Fernández, quien presentó el complejo como una pieza central de la estrategia oficial contra el crimen organizado. El proyecto contempla cinco módulos y una capacidad total de 5.100 personas privadas de libertad. En la primera etapa se habilitó un módulo para 1.020 internos, mientras que el Gobierno prevé completar los restantes durante diciembre. La construcción demandó una inversión de aproximadamente 33,2 millones de dólares, según los datos publicados por el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica.
Entre los primeros trasladados se encuentran sospechosos del homicidio del policía Gerson Rosales Cascante, además de personas que las autoridades consideran de alta peligrosidad. El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, defendió la medida al sostener que el Estado debe recuperar el control de los establecimientos penitenciarios e impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles. El Gobierno también afirma que el nuevo centro permitirá reducir la sobrepoblación en otros establecimientos y reforzar la vigilancia sobre personas vinculadas con redes delictivas.
La semejanza con el modelo salvadoreño no se limita a las imágenes de los traslados. El CACCO fue diseñado a partir de planos proporcionados por El Salvador y toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de gran escala que se convirtió en uno de los símbolos de la política de seguridad de Bukele. El ministro Aguilar reconoció públicamente que su país busca replicar las medidas que considere útiles y compatibles con la legislación costarricense. No obstante, también señaló una diferencia institucional relevante: Costa Rica no se encuentra bajo un régimen de excepción como el aplicado por el Gobierno salvadoreño.
Las condiciones de detención previstas en el nuevo establecimiento incluyen controles permanentes, vigilancia por cámaras durante las 24 horas y fuertes restricciones sobre la circulación y las pertenencias personales. Según las explicaciones del ministro, los internos permanecerán hasta 23 horas al día dentro de sus celdas y dispondrán de una hora de sol. Tampoco podrán salir del módulo al que sean asignados, y la atención médica, las visitas y otras actividades se organizarán dentro de ese sector. Las autoridades sostienen que las medidas responden al perfil de riesgo de la población penitenciaria y buscan impedir la continuidad de actividades criminales desde el interior de la cárcel.
El Gobierno de Laura Fernández presenta el complejo como una respuesta a la escalada de violencia que atraviesa Costa Rica, donde el narcotráfico y las disputas entre organizaciones criminales se convirtieron en una preocupación central. El país registró cifras históricas de homicidios en los últimos años, en un contexto de expansión de las redes dedicadas al tráfico de drogas y de enfrentamientos por el control de rutas y mercados. La estrategia oficial combina la construcción de infraestructura penitenciaria de máxima seguridad con mayores restricciones para los detenidos. Para el Ejecutivo, el objetivo es fortalecer la capacidad estatal para contener a quienes considera responsables de los delitos más graves.
Sin embargo, el proyecto también generó cuestionamientos de sectores opositores y organizaciones que advierten sobre las condiciones de reclusión y la necesidad de contar con criterios claros para decidir quiénes serán enviados al CACCO. Las críticas apuntan a los riesgos de restricciones excesivas, posibles arbitrariedades y dificultades para garantizar derechos fundamentales en un sistema de aislamiento prolongado. También se discute si una prisión de estas características puede responder por sí sola al crecimiento de la violencia y al hacinamiento penitenciario. Las autoridades aseguran que los ingresos se definirán mediante evaluaciones individualizadas de peligrosidad y que se respetarán los derechos humanos de las personas detenidas.
La puesta en funcionamiento del CACCO confirma la expansión regional de políticas penitenciarias inspiradas en la experiencia de Bukele, que distintos gobiernos observan como referencia frente al avance del crimen organizado. La discusión, sin embargo, excede la construcción de una megacárcel: incluye la eficacia de las medidas de máxima seguridad, las condiciones de detención, el control judicial y las garantías que deben mantenerse incluso frente a delitos graves. En Costa Rica, el desafío será demostrar si el nuevo centro contribuye a reducir la violencia y evitar que las cárceles funcionen como bases de operaciones criminales, sin que la política de seguridad implique un debilitamiento de los derechos fundamentales.
Fuente: Página 12
