La incorporación del senador Fernando Rejal al bloque Justicialista modificó el equilibrio de fuerzas en la Cámara alta y reactivó la pelea por los representantes parlamentarios en el organismo judicial. La definición podría quedar en manos de Victoria Villarruel y abrir un nuevo frente de conflicto en los tribunales.
La renovación de los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura amenaza con convertirse en un nuevo foco de tensión entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo. La disputa se concentra especialmente en el Senado, donde ambos espacios buscan asegurarse lugares en el organismo encargado de intervenir en la selección, evaluación y eventual remoción de jueces. Los ocho representantes parlamentarios —cuatro diputados y cuatro senadores— deberán asumir el próximo 18 de noviembre, en un proceso que vuelve a poner en juego el equilibrio político dentro de una institución clave para el sistema judicial.
El cambio que reactivó la controversia fue la incorporación del senador riojano Fernando Rejal al bloque Justicialista, conducido por José Mayans. Según informó Noticias Argentinas, hasta el viernes previo a su incorporación, el peronismo y La Libertad Avanza contaban con 21 integrantes cada uno en el Senado. Con el pase de Rejal, el justicialismo pasó a constituirse en la primera minoría, una condición que Mayans pretende utilizar para reclamar dos de las cuatro bancas que corresponden a la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura.
La Libertad Avanza, encabezada en el Senado por Patricia Bullrich, anticipó que rechazará esa interpretación. Desde el oficialismo cuestionan que un cambio en la composición de los bloques, producido en la antesala de la renovación, pueda modificar el reparto de representantes en el organismo. La discusión no se limita a una diferencia reglamentaria: la cantidad de consejeros que cada espacio consiga ubicar puede incidir en las negociaciones y decisiones vinculadas con la selección y el control de los magistrados.
En esa disputa vuelve a aparecer el antecedente de 2022, cuando la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó la división del bloque del Frente de Todos en el Senado. La fragmentación permitió al oficialismo de aquel momento obtener tres de las cuatro representaciones parlamentarias de la Cámara alta, mientras que el entonces senador del PRO Luis Juez reclamó una de esas bancas. El conflicto llegó a la Corte Suprema, que rechazó aquella maniobra y ordenó que Juez asumiera en el Consejo. Ahora, La Libertad Avanza invoca ese precedente para cuestionar que una modificación de los bloques se utilice para alterar la distribución de los lugares.
Ante la falta de acuerdo, la definición podría quedar en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, quien deberá resolver cómo se determina la primera minoría y cómo se aplica el criterio de distribución. El oficialismo no descarta recurrir a la Justicia si el peronismo sostiene su reclamo. De concretarse, la controversia sumaría un nuevo capítulo a las disputas institucionales que enfrentan a ambos sectores y trasladaría la discusión desde el Congreso hacia los tribunales.
Mientras se define el reparto, ya comenzaron a circular posibles nombres para ocupar las bancas. El peronismo analiza las postulaciones de Eduardo “Wado” de Pedro y Sergio Uñac. Por su parte, La Libertad Avanza evalúa a las senadoras Nadia Márquez y Belén Montes de Oca. La definición del cuarto lugar también permanece abierta dentro del radicalismo, donde todavía no está resuelto si continuará Eduardo Vischi o si la candidatura recaerá en Maximiliano Abad. Se trata de nombres en consideración y no de designaciones confirmadas.
La disputa también se replica en la Cámara de Diputados, aunque con una correlación de fuerzas diferente. La Libertad Avanza buscará quedarse con dos de las cuatro representaciones y renovar el mandato de Gonzalo Roca, quien asumió en reemplazo de la radical Roxana Reyes; entre las alternativas también aparece el santafesino Nicolás Mayoraz. El peronismo pretende conservar dos lugares, aunque el nuevo escenario parlamentario podría reducir su representación a uno. En esa negociación aparecen los nombres de Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, mientras que otros sectores justicialistas y el Frente Renovador también buscan incidir en la definición.
El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros y cumple un papel central en el funcionamiento del Poder Judicial: interviene en los concursos para cubrir vacantes judiciales, administra recursos y ejerce facultades disciplinarias sobre los magistrados. Además de los ocho representantes legislativos, lo integran cuatro jueces, cuatro abogados, dos representantes del ámbito académico, un representante del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. La renovación de los consejeros parlamentarios, prevista para el 18 de noviembre, se desarrollará en medio de una disputa que combina reglamentos, antecedentes judiciales y negociaciones políticas, con consecuencias para la representación de las principales fuerzas en el organismo.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas.
