La organización de derechos humanos llevará a organismos internacionales las declaraciones del Presidente contra cinco periodistas que investigaron el caso $LIBRA. Milei los calificó de “ensobrados” y “corruptos” y afirmó que debían “quemarse en la hoguera”. FOPEA registró 278 ataques contra trabajadores de prensa durante 2025.
Amnistía Internacional anunció que presentará denuncias contra el presidente Javier Milei ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sus recientes declaraciones contra periodistas que investigaron el caso de la criptomoneda $LIBRA. La organización cuestionó el tono de los mensajes presidenciales y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en la Argentina. Las presentaciones, según informó la entidad, se concretarán durante esta semana.
El conflicto se desató luego de un discurso que Milei pronunció el viernes pasado durante la cena anual de la Fundación Faro, realizada en Puerto Madero. Allí, el mandatario apuntó contra cinco periodistas que cubrieron las investigaciones sobre $LIBRA: Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio. El Presidente los calificó de “ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones”, y agregó que quienes debían “quemarse en la hoguera” eran algunos de ellos. Las expresiones generaron cuestionamientos de organizaciones periodísticas y referentes de distintos espacios políticos.
Las declaraciones se produjeron después de que se conociera el sobreseimiento judicial de Milei y de su hermana, Karina Milei, en la causa vinculada con la criptomoneda. El caso tomó relevancia pública en febrero de 2025, cuando el Presidente difundió en sus redes sociales información sobre el activo digital y su cotización se desplomó posteriormente, con pérdidas para inversores. La cobertura periodística de esos hechos motivó investigaciones y cuestionamientos sobre la intervención del mandatario. La decisión judicial de sobreseerlo no impidió que continuaran las controversias políticas en torno al episodio y a la reacción presidencial contra quienes lo investigaron.
Desde Amnistía Internacional sostuvieron que las expresiones del jefe de Estado exceden una crítica a la tarea de los medios, porque identifican públicamente a periodistas y utilizan imágenes de violencia para referirse a quienes cuestionan su gestión. Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización en Argentina, afirmó que cuando el Presidente señala a trabajadores de prensa de esa manera contribuye a generar un clima de intimidación que puede habilitar nuevas agresiones. La entidad remarcó que el cargo presidencial implica una responsabilidad especial para garantizar que la prensa pueda investigar e informar con libertad y seguridad.
La preocupación también se apoya en los datos del Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Durante 2025, la entidad registró 278 ataques contra periodistas, un aumento del 55% respecto del año anterior y la cifra más alta desde que comenzó el relevamiento, en 2008. Según el informe citado por Amnistía Internacional, en 119 de esos episodios Milei fue identificado como protagonista directo. El registro incluye distintas modalidades de agresión, entre ellas expresiones estigmatizantes, restricciones al acceso a la información y acciones judiciales contra periodistas.
La decisión de acudir a organismos internacionales busca poner en conocimiento de instancias multilaterales lo que Amnistía considera un deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en el país. La ONU y la CIDH cuentan con mecanismos para recibir información y analizar situaciones relacionadas con los derechos humanos y la libertad de expresión. La presentación anunciada no equivale, por sí misma, a una condena contra el Gobierno: será necesario conocer el contenido de las denuncias y las eventuales actuaciones de los organismos para establecer qué medidas podrían adoptarse.
Los dichos presidenciales también recibieron cuestionamientos de otras instituciones y organizaciones. El Club Político Argentino manifestó su rechazo a las expresiones contra los periodistas, mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por los ataques del mandatario a trabajadores de medios. FOPEA, por su parte, viene alertando sobre el impacto que las descalificaciones públicas pueden tener en el debate democrático y en las condiciones de trabajo de quienes investigan asuntos de interés público. Las reacciones muestran que el episodio trascendió la discusión entre el Presidente y los periodistas mencionados.
El anuncio de Amnistía Internacional vuelve a colocar la libertad de expresión en el centro de la discusión pública argentina. La organización sostiene que los mensajes intimidatorios desde las más altas autoridades pueden fomentar la autocensura y afectar el derecho de la ciudadanía a recibir información. El caso tendrá ahora una dimensión internacional, mientras se espera que se formalicen las presentaciones ante la ONU y la CIDH. El debate plantea una cuestión central para la vida democrática: cómo garantizar el control periodístico de los actos de gobierno y el derecho a la crítica sin que las diferencias deriven en hostigamiento o intimidación.
Fuente: Política Argentina, Amnistía Internacional, FOPEA y La Nación.
