¿Quién controla la tierra y los recursos naturales de nuestro país? ¿Qué ocurre cuando territorios estratégicos, fuentes de agua y espacios fundamentales para el desarrollo nacional quedan expuestos a una mayor concentración de la propiedad? Estas preguntas están en el centro de una discusión que Argentina mantiene sobre la soberanía, el ambiente y el futuro de sus recursos naturales.
La Ley de Tierras Rurales, sancionada en diciembre de 2011, fue creada para establecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Su objetivo era evitar una concentración excesiva de la propiedad y proteger territorios estratégicos para el desarrollo económico, ambiental y social del país.
Sin embargo, la norma quedó en el centro de una disputa política y judicial después de que el presidente Javier Milei dispusiera su derogación mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Desde entonces, el futuro de las restricciones a la extranjerización de tierras se convirtió en una cuestión que involucra al Poder Ejecutivo, al Congreso y a la Justicia.
La discusión no es solamente jurídica. También define cómo se protege el territorio argentino y qué herramientas conserva el Estado para resguardar recursos fundamentales, entre ellos el agua.
Una ley para limitar la concentración de tierras
La Ley 26.737 estableció un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. Entre sus principales disposiciones fijó un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, tanto a nivel nacional como provincial y departamental.
También determinó que las personas o entidades de una misma nacionalidad extranjera no podían concentrar más del 30% del cupo permitido para la propiedad extranjera.
Estas restricciones buscaban evitar que una parte significativa del territorio quedara concentrada en manos de capitales extranjeros y preservar la capacidad del país para decidir sobre el uso de sus recursos.
La importancia de estas regulaciones se comprende mejor cuando se considera que la tierra no es una mercancía cualquiera. Es el espacio donde se produce alimento, se desarrollan comunidades, se construyen actividades económicas y se encuentran recursos naturales indispensables para la vida.
Por eso, el debate sobre la propiedad rural también involucra cuestiones de soberanía, desarrollo productivo, protección ambiental y acceso al agua.
El antecedente de Lago Escondido
Uno de los casos que alimentó la discusión pública sobre la concentración de tierras fue el de Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, vinculado con las propiedades adquiridas por el magnate británico Joe Lewis.
La controversia alrededor de ese territorio puso en evidencia las dificultades que pueden surgir cuando la propiedad privada de grandes extensiones se relaciona con el acceso a espacios naturales y recursos estratégicos.
El acceso público a Lago Escondido ha sido objeto de disputas judiciales y reclamos sociales durante años. El caso se convirtió en un ejemplo recurrente dentro del debate sobre los límites de la propiedad privada cuando están involucrados bienes de interés colectivo.
La discusión sobre la extranjerización de tierras no implica desconocer los derechos de propiedad. Plantea, en cambio, una cuestión fundamental: qué regulaciones necesita un país para proteger sus recursos estratégicos y garantizar que su aprovechamiento no entre en contradicción con el interés general.
El DNU 70/2023 y la disputa por la vigencia de la ley
En diciembre de 2023, el Gobierno nacional dictó el DNU 70/2023, cuyo artículo 154 dispuso la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La medida abrió un conflicto político y judicial que todavía no tiene una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión constitucional.
El escenario cambió en distintas oportunidades durante 2026. La Corte Suprema revocó inicialmente una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación, pero posteriormente dispuso, en otra causa, la suspensión provisoria de los efectos de ese artículo del decreto. Esta última decisión permitió mantener temporalmente las restricciones de la Ley de Tierras mientras continúa el proceso judicial.
En paralelo, el Congreso volvió a intervenir en la discusión. El 21 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a un proyecto de ley que incorporan la restitución de la Ley de Tierras y dejan sin efecto el artículo del DNU que había dispuesto su derogación. Como el texto fue modificado, debe regresar al Senado para continuar su tratamiento.
Este recorrido demuestra que la protección de los recursos naturales no depende únicamente de una decisión presidencial o de una resolución judicial. También exige una discusión institucional en la que el Congreso tiene un papel central.
La tierra y el agua son bienes estratégicos
La propiedad de la tierra tiene una relación directa con la protección de los recursos hídricos. Los campos, las cuencas, los lagos, los ríos y los territorios que contienen fuentes de agua forman parte de sistemas naturales cuyo cuidado resulta indispensable para la vida de las comunidades.
En un escenario global atravesado por el cambio climático, las sequías y las disputas por el acceso al agua, la protección de estos recursos adquiere una importancia creciente.
El agua no es solamente un insumo para la producción. Es una condición básica para la vida, la salud, la alimentación y el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
Por eso, las decisiones sobre la propiedad y el uso de territorios estratégicos deben considerar sus consecuencias ambientales y sociales. La discusión no puede reducirse exclusivamente a cuánto capital puede ingresar al país o a qué velocidad pueden realizarse determinadas operaciones inmobiliarias.
También es necesario preguntarse qué mecanismos de control existen, cómo se protege el interés colectivo y qué capacidad conserva la sociedad argentina para decidir sobre sus recursos.
Defender la soberanía no significa cerrar toda posibilidad de inversión extranjera. Significa establecer reglas claras que permitan compatibilizar la actividad económica con la protección del territorio, los recursos naturales y las necesidades de la población.
La responsabilidad ciudadana y el papel del Congreso
Frente a este escenario, la participación ciudadana resulta fundamental.
La ciudadanía tiene derecho a informarse, debatir y exigir explicaciones a sus representantes sobre las decisiones que afectan el patrimonio natural del país. Contactar a diputados y senadores, conocer sus posiciones y reclamar políticas de protección ambiental son formas concretas de participación democrática.
El Congreso, por su parte, tiene la responsabilidad de debatir y definir un marco normativo que brinde previsibilidad y garantías para el futuro. La discusión legislativa debe contemplar tanto las necesidades del desarrollo económico como la protección de los recursos estratégicos y el interés de las comunidades.
La restitución de la Ley de Tierras se encuentra actualmente dentro de ese proceso institucional. Su futuro dependerá de la continuidad del tratamiento legislativo y de las decisiones que se adopten en el ámbito judicial.
Más allá de las diferencias políticas, existe una cuestión que debería convocar a una discusión amplia: la necesidad de proteger los recursos que hacen posible la vida y el desarrollo de nuestro país.
Defender el territorio es defender el futuro
La tierra y el agua forman parte del patrimonio natural de Argentina. Su protección exige políticas públicas, controles efectivos y decisiones institucionales que contemplen las consecuencias de largo plazo.
La discusión sobre la Ley de Tierras Rurales no debería quedar limitada a una disputa entre gobiernos, jueces y legisladores. Es un debate sobre el país que queremos construir, sobre la manera en que administramos nuestros recursos y sobre las garantías que dejamos a las generaciones futuras.
En una época en la que los recursos naturales adquieren cada vez mayor relevancia económica y geopolítica, Argentina necesita discutir cómo proteger su territorio sin perder de vista el desarrollo, la producción y los derechos de sus habitantes.
Porque la soberanía también se construye mediante las decisiones que tomamos sobre nuestros bienes comunes.
Defender la tierra y el agua es defender la capacidad de nuestro pueblo para decidir sobre su presente y su futuro. Es reconocer que los recursos naturales no son solamente una fuente de riqueza: son parte de las condiciones que hacen posible la vida y el desarrollo de toda la sociedad.
Verónica San Martín | Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
