Con 43 femicidios contabilizados en lo que va de 2026, Santa Fe encabeza las estadísticas nacionales en relación con su población femenina, según el relevamiento de MuMaLá. Las organizaciones feministas reclaman que se declare la emergencia provincial para fortalecer la prevención, garantizar asistencia a las víctimas y disponer de recursos frente al avance de la violencia machista.
El desarrollo de la noticia
Santa Fe, en el centro de la alarma por la violencia machista
La provincia de Santa Fe atraviesa una situación crítica en materia de violencia de género. Según los datos difundidos por la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), durante 2026 se contabilizaron 43 femicidios en el territorio provincial, una cifra que ubica a Santa Fe en el primer lugar del país cuando se analiza la cantidad de víctimas en relación con la población femenina. El relevamiento volvió a poner en evidencia la gravedad de una problemática que continúa cobrándose vidas y que genera preocupación entre organizaciones sociales, feministas y familiares de las víctimas.
Una tasa que supera a otras provincias
El informe señala que Santa Fe registra una tasa de 1,9 femicidios cada 100.000 mujeres. Detrás aparecen Santiago del Estero, con 1,7, y Catamarca, con 1,4. Estos indicadores permiten dimensionar el impacto de la violencia extrema más allá de la cantidad absoluta de casos, ya que contemplan la proporción de víctimas respecto de la población. Para las organizaciones que realizan estos relevamientos, los números constituyen una señal de alerta sobre la necesidad de reforzar las políticas públicas, mejorar los mecanismos de protección y garantizar respuestas estatales oportunas ante situaciones de riesgo.
Rosario concentra una parte importante de los casos
La distribución territorial de los femicidios muestra una situación especialmente preocupante en el departamento Rosario, que concentra una parte sustancial de los hechos registrados en la provincia. De acuerdo con el relevamiento publicado por Página/12 el 22 de octubre, Rosario contabilizaba 16 casos, mientras que la ciudad de Santa Fe registraba ocho. El informe también identificó hechos en distintas localidades santafesinas, lo que evidencia que la violencia de género no constituye un problema limitado a los grandes centros urbanos, sino una realidad que atraviesa diferentes comunidades del territorio provincial.
Las organizaciones reclaman declarar la emergencia provincial
Frente a este escenario, las organizaciones feministas, sociales y sindicales insisten en la necesidad de que la Legislatura de Santa Fe declare la emergencia en violencia de género. El proyecto impulsado por la diputada Claudia Balagué, del Frente Amplio por la Soberanía, busca habilitar herramientas para responder con mayor rapidez a las situaciones de violencia y fortalecer los mecanismos de prevención y acompañamiento. El reclamo tomó fuerza durante los últimos meses, con movilizaciones y reuniones con representantes legislativos, ante la preocupación por el incremento de los casos y las dificultades que atraviesan las víctimas para acceder a una protección efectiva.
Recursos y asistencia para las mujeres en situación de violencia
Uno de los principales argumentos de las organizaciones que reclaman la emergencia es la necesidad de disponer de recursos económicos de manera inmediata. La declaración permitiría agilizar intervenciones, fortalecer los dispositivos territoriales y mejorar la asistencia a mujeres que necesitan alejarse de sus agresores. Entre las herramientas consideradas fundamentales se encuentran los refugios, la atención psicológica y social, el acompañamiento jurídico y las medidas que permitan alcanzar autonomía económica. Las organizaciones advierten que la dependencia financiera, la falta de redes de apoyo y las dificultades para sostener los gastos cotidianos pueden convertirse en obstáculos concretos para abandonar relaciones violentas y acceder a una vida segura.
La preocupación por las denuncias y las medidas de protección
Otro dato que genera alarma es la baja proporción de víctimas que habían denunciado previamente a sus agresores. Según MuMaLá, solo el 12% de las víctimas de femicidio registradas durante el período analizado había realizado denuncias previas, frente al 38% informado para el año anterior. El dato plantea interrogantes sobre las dificultades para identificar situaciones de riesgo, la posibilidad de pedir ayuda y el acceso a mecanismos de protección antes de que la violencia alcance consecuencias irreversibles. También refuerza la importancia de contar con espacios de atención accesibles, equipos especializados y políticas de prevención que permitan intervenir incluso cuando las víctimas no han formalizado una denuncia.
El impacto de la crisis social y económica
Desde las organizaciones feministas también advierten sobre la relación entre la vulnerabilidad económica y las dificultades que enfrentan muchas mujeres para salir de situaciones de violencia. La precarización laboral, el endeudamiento, la pobreza y la falta de ingresos propios pueden profundizar la dependencia respecto de los agresores y limitar las posibilidades de buscar protección. Gabriela Sosa, directora ejecutiva de MuMaLá, señaló en declaraciones recogidas por Página/12 que la precariedad económica y social debe ser considerada al analizar las dinámicas actuales de la violencia machista. En este contexto, las organizaciones sostienen que las políticas de prevención deben contemplar no solamente la respuesta judicial, sino también las condiciones materiales necesarias para proteger la vida y garantizar autonomía.
La emergencia, un reclamo que exige respuestas concretas
La magnitud de los registros de 2026 vuelve a colocar la violencia de género en el centro de la agenda pública santafesina. Mientras las organizaciones reclaman que el proyecto de emergencia avance en la Legislatura, el Senado provincial aprobó una iniciativa del Poder Ejecutivo destinada a crear un sistema integral de prevención, protección y gestión del riesgo frente a la violencia de género. El desafío será transformar las iniciativas institucionales en medidas concretas, con presupuesto, equipos profesionales, asistencia territorial y mecanismos de evaluación. Para las organizaciones que acompañan a las víctimas y sus familias, las cifras no son únicamente estadísticas: representan vidas perdidas y comunidades atravesadas por el dolor. La demanda apunta a que los distintos niveles del Estado asuman la gravedad del problema y garanticen respuestas sostenidas para prevenir nuevos femicidios.
Fuente: Página 12
