El Tribunal Oral Federal N.º 5 inició este viernes el debate unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, que investigan presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con operaciones hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner participaron de manera virtual en la audiencia inicial. Entre los acusados también figuran empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La Justicia deberá analizar las hipótesis de la acusación y los argumentos de las defensas antes de determinar si existieron delitos.
El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comenzó este viernes 23 de octubre en los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires. El proceso quedó a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 5 y reúne expedientes que investigan presuntas operaciones de lavado de activos mediante actividades hoteleras e inmobiliarias. Entre las principales acusadas se encuentra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto con su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner. El inicio del debate abre una nueva instancia judicial para examinar operaciones comerciales, contratos, movimientos financieros y la administración de sociedades vinculadas con el patrimonio familiar.
La primera audiencia estuvo destinada a la presentación y lectura de las acusaciones, con autorización para que Cristina y Máximo Kirchner participaran de manera remota. La expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, mientras que su hijo solicitó la modalidad virtual para compatibilizar el proceso con sus responsabilidades parlamentarias. La autorización fue excepcional y limitada a la apertura del debate. Según el esquema anunciado por el tribunal, las audiencias posteriores serán presenciales, salvo que se concedan excepciones debidamente justificadas.
La investigación reúne dos expedientes que inicialmente tramitaron por separado y que fueron unificados por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. La causa Hotesur se centra en la firma propietaria del hotel Alto Calafate, mientras que Los Sauces investiga operaciones vinculadas con la sociedad inmobiliaria del mismo nombre. La acusación sostiene que determinados contratos de alquileres, servicios hoteleros y movimientos de fondos podrían haber sido utilizados para canalizar dinero de origen ilícito hacia empresas familiares. La hipótesis fiscal deberá ser probada durante el juicio y podrá ser controvertida por las defensas de los acusados.
Entre los empresarios incluidos en el proceso se encuentran Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de otras personas vinculadas con la administración de las sociedades, operaciones comerciales, registros contables y movimientos financieros. Según la acusación, empresas relacionadas con los grupos económicos de Báez e Indalo habrían realizado pagos por alquileres y servicios que, en el marco de una presunta maniobra, podrían haber permitido el retorno de fondos al patrimonio de la familia Kirchner. Los imputados tienen situaciones y participaciones atribuidas diferentes, que deberán examinarse individualmente a partir de la prueba reunida en cada expediente.
Uno de los ejes de la investigación está relacionado con el origen de los fondos utilizados para adquirir y sostener emprendimientos hoteleros e inmobiliarios en Santa Cruz. Los fiscales plantean que algunas de esas operaciones deben analizarse en conexión con contratos de obra pública y con negocios de empresarios que mantuvieron relaciones comerciales con el Estado durante los gobiernos kirchneristas. En el caso de Báez, la acusación vincula la hipótesis de lavado con fondos que, según la Fiscalía, estarían relacionados con delitos precedentes investigados en otras causas. Respecto de los empresarios del Grupo Indalo, la hipótesis fiscal también examina operaciones relacionadas con la actividad comercial y los alquileres. Estas relaciones constituyen parte de la teoría acusatoria, no hechos que puedan darse por probados antes de la sentencia.
La unificación de las causas también modificó la dimensión del debate. Mientras la información inicial difundida por algunas fuentes mencionó 19 acusados, la cobertura del juicio unificado informó que el proceso comprende a 32 imputados, distribuidos entre quienes están acusados en ambos expedientes y quienes intervienen solamente en uno de ellos. La lista incluye a integrantes de la familia Kirchner, empresarios, contadores, escribanos y otras personas que habrían tenido funciones en la administración de sociedades o en operaciones investigadas. El tribunal deberá ordenar el análisis de una gran cantidad de documentación y testimonios, con el objetivo de determinar qué hechos pueden atribuirse a cada acusado.
El debate estará a cargo de los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, mientras que la acusación será sostenida por representantes del Ministerio Público Fiscal. La Unidad de Información Financiera también participa como querellante. El cronograma prevé tres audiencias semanales, los lunes, viernes y sábados, con la posibilidad de ajustar el esquema según las necesidades procesales y los planteos de las partes. Las audiencias serán transmitidas por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación, una modalidad que permitirá seguir públicamente el desarrollo de un juicio de alta relevancia política e institucional.
El comienzo del juicio no implica una declaración de culpabilidad contra Cristina Kirchner, Máximo Kirchner ni los demás imputados. La finalidad del debate oral es examinar las pruebas, escuchar los argumentos de las partes y determinar si las acusaciones tienen sustento suficiente para una condena o si corresponde absolver a alguno de los acusados. El proceso tendrá relevancia tanto por la cantidad de personas involucradas como por las preguntas que plantea sobre el funcionamiento de las sociedades comerciales, el origen de los fondos y los controles sobre las operaciones financieras. La resolución final deberá establecer responsabilidades individuales con fundamentos jurídicos y probatorios, respetando la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia.
Fuente: Noticias Argentinas
