El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja destacó el valor de las ocho nuevas identificaciones de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en Córdoba. Explicó cómo el análisis de pequeños restos óseos y las pruebas genéticas permitieron avanzar pese a las maniobras de ocultamiento realizadas por los militares en 1979. Además, convocó a familiares de desaparecidos a aportar muestras de sangre y confirmó que continúa abierta la investigación sobre el destino de los restos trasladados clandestinamente.
La identificación de ocho personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar volvió a poner en el centro de la agenda pública la búsqueda de verdad y justicia en Córdoba. El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N.º 3, brindó detalles sobre el trabajo forense que permitió establecer sus identidades a partir de restos encontrados en los terrenos cercanos al excentro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla. En declaraciones a Canal 10, el magistrado destacó que los avances representan una respuesta concreta frente a los mecanismos que el aparato represivo utilizó para ocultar los cuerpos y borrar las pruebas de sus crímenes.
Vaca Narvaja explicó que el proceso de identificación se apoya en los restos óseos recuperados durante las excavaciones realizadas en 2025. Según detalló, los primeros hallazgos de esa campaña se produjeron el 22 de septiembre del año pasado y, desde entonces, el material fue sometido a estudios de laboratorio y análisis genéticos. El magistrado precisó que las nuevas identidades se suman a las restituidas en etapas anteriores de la investigación, que permitieron identificar primero a 12 personas, luego a otras 17 y posteriormente a una más, antes de las ocho identificaciones anunciadas en octubre. El trabajo requiere un análisis minucioso y el cotejo de los restos con muestras genéticas de familiares.
Uno de los aspectos centrales de la investigación es la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), junto con especialistas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el perito Guillermo Sagripanti. La tarea combina antropología forense, análisis del terreno, reconstrucción de movimientos de suelo y estudios de ADN. Durante este año también se desarrolló una nueva campaña de excavaciones que permitió recuperar más material, cuyo análisis deberá continuar en los laboratorios. De acuerdo con el juez, esos restos pueden aportar nuevas identificaciones a medida que se completen los estudios y se disponga de muestras genéticas que permitan establecer correspondencias con personas desaparecidas.
El magistrado hizo especial hincapié en las maniobras de ocultamiento realizadas por las fuerzas militares en 1979, antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina. Según la hipótesis investigada, los militares utilizaron palas mecánicas y camiones para remover y trasladar restos humanos con la intención de eliminar evidencias de los asesinatos cometidos. Vaca Narvaja señaló que la tecnología actual permite identificar incluso pequeños fragmentos óseos y reconstruir información que se creyó perdida. En ese sentido, sostuvo que las nuevas pruebas derriban el plan de ocultamiento y permiten demostrar que personas desaparecidas estuvieron en esos lugares, aun cuando sus cuerpos fueron removidos deliberadamente.
Para el juez, la identificación de las víctimas tiene un valor que trasciende el avance técnico de una causa judicial. Permite establecer con certeza el destino de personas que durante décadas permanecieron desaparecidas y ofrece a sus familias una respuesta frente a una de las consecuencias más dolorosas del terrorismo de Estado. La desaparición forzada no solo implicó el secuestro y el asesinato de miles de personas, sino también la supresión de información sobre sus destinos y el impedimento de que sus allegados pudieran recuperar sus restos. Cada identificación aporta evidencia sobre el funcionamiento del aparato represivo y contribuye a reconstruir las historias individuales que la dictadura intentó borrar.
Durante la entrevista, Vaca Narvaja también reveló que la investigación permitió identificar personas que ya estaban desaparecidas en 1975, antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Este dato vuelve a poner de relieve que la persecución política y la represión ilegal en Córdoba comenzaron antes de la formalización de la dictadura y se desarrollaron en un contexto de violencia estatal y paraestatal. La documentación de esos casos permite ampliar la reconstrucción histórica y judicial de los crímenes, además de mostrar la importancia de investigar los antecedentes de la maquinaria represiva que luego se consolidó durante el régimen militar.
En paralelo, el juez convocó públicamente a quienes tengan familiares desaparecidos a acercarse para aportar muestras de sangre al Banco Nacional de Datos Genéticos. La disponibilidad de esas muestras es fundamental para comparar perfiles genéticos con los restos recuperados y avanzar en nuevas identificaciones. El llamado busca llegar especialmente a familias que todavía no hayan participado en los procesos de comparación genética y que puedan contribuir con información relevante. La colaboración de los familiares, junto con el trabajo científico y judicial, resulta indispensable para que los hallazgos se traduzcan en identidades confirmadas y para que cada resultado pueda comunicarse con rigor y respeto.
Finalmente, Vaca Narvaja confirmó que continúa abierta una investigación específica sobre el destino que tuvieron los camiones utilizados para trasladar restos humanos en 1979. El magistrado indicó que existen testimonios e indicios que podrían orientar la búsqueda, aunque todavía deben ser evaluados judicialmente. La pesquisa en los terrenos de La Perla, las identificaciones genéticas y la reconstrucción de las maniobras de ocultamiento forman parte de un mismo objetivo: conocer qué ocurrió con las personas secuestradas y asesinadas, identificar sus restos y aportar pruebas para las causas por delitos de lesa humanidad. Los avances ratifican que, incluso décadas después, el trabajo científico puede desmontar estrategias de impunidad y sostener el reclamo de memoria, verdad y justicia.
Fuente: Cba24n
