La diputada nacional de Unión por la Patria y secretaria general de FeSITRAJU, Vanesa Siley, pidió tratar de manera urgente la derogación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei. La legisladora advirtió que el mecanismo desviaría recursos que hoy financian el sistema previsional hacia fondos destinados a cubrir indemnizaciones por despido. Según sus estimaciones, el impacto podría alcanzar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales. El oficialismo, por su parte, impulsó el FAL como una herramienta para financiar esas obligaciones laborales.
La discusión por el futuro de las jubilaciones sumó un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados, donde Siley reclamó habilitar el tratamiento de un proyecto para derogar el título de la Ley 27.802 que creó el Fondo de Asistencia Laboral. La iniciativa busca frenar la puesta en marcha del mecanismo antes de su entrada en vigencia, prevista para el 1 de diciembre tras una prórroga oficializada por el Poder Ejecutivo. Para la legisladora, el fondo representa un riesgo para el financiamiento de la seguridad social y podría tener consecuencias sobre los ingresos futuros de los jubilados.
Durante su exposición, Siley cuestionó directamente a los diputados que votaron a favor de la creación del FAL y planteó interrogantes sobre cómo se financiarán las jubilaciones en los próximos años. “¿Me quieren explicar cómo vamos a pagar las jubilaciones el año que viene? ¿Y las nuevas jubilaciones?”, preguntó. La diputada sostuvo que el sistema previsional podría perder ingresos en un contexto de caída de la recaudación y reducción del empleo registrado. Estas consecuencias forman parte de sus advertencias sobre el funcionamiento futuro del fondo, no de una declaración oficial de insolvencia del sistema.
El punto central de la crítica está en la forma de financiar el mecanismo. La ley establece una contribución del 1% de las remuneraciones computables para las grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas. Según los cuestionamientos de Siley, esos porcentajes se compensan con una reducción equivalente de las contribuciones patronales que actualmente ingresan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Por esa vía, parte de los recursos que financian la seguridad social se destinarían a cuentas individuales utilizadas para afrontar indemnizaciones laborales.
La legisladora comparó el FAL con las antiguas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que administraban fondos privados de capitalización previsional. Según su interpretación, el nuevo esquema introduce una lógica de administración financiera privada sobre recursos que antes contribuían al sostenimiento de un sistema solidario. También advirtió que los fondos podrían invertirse en instrumentos financieros y cuestionó que la deuda del Tesoro nacional no tenga un límite porcentual específico de inversión establecido por la reglamentación, según los fundamentos del proyecto presentado por la oposición.
Siley sostuvo que la posible reducción de los ingresos previsionales podría abrir una nueva discusión sobre la fórmula de movilidad jubilatoria y la edad de retiro. “Cuando la plata no esté, van a terminar tocando la fórmula de movilidad, subiendo la edad jubilatoria y denunciando que el sistema es inviable”, advirtió. Se trata del escenario que la diputada considera posible si disminuyen los recursos disponibles, aunque no implica que el Gobierno haya anunciado esas medidas como consecuencia directa de la implementación del FAL.
El proyecto para eliminar el fondo fue presentado por Siley junto con los diputados de extracción sindical Sergio Palazzo, Mario Manrique, Hugo Moyano, Hugo Yasky y José Gómez. La propuesta apunta a derogar el título correspondiente de la Ley 27.802 antes de que el mecanismo comience a funcionar. Los legisladores sostienen que financiar anticipadamente las indemnizaciones podría reducir el efecto disuasorio que tiene ese derecho frente a los despidos y facilitar las desvinculaciones laborales. El oficialismo, en cambio, incorporó el FAL como una herramienta para que las empresas puedan afrontar esas obligaciones mediante fondos específicos.
La controversia se desarrolla en un contexto de preocupación por el empleo y la recaudación previsional. En los fundamentos de la iniciativa, los diputados citaron indicadores laborales del segundo trimestre de 2026 que ubicaban la desocupación en el 7,9%, la subocupación en el 11,5% y la informalidad laboral en el 45%. Para la oposición, la combinación de menos empleo registrado y menores contribuciones patronales podría debilitar el financiamiento de la seguridad social. Esos datos corresponden al período estadístico mencionado por los legisladores y constituyen parte de los argumentos con los que fundamentan su rechazo al fondo.
La entrada en vigencia del FAL está prevista para el 1 de diciembre de 2026, según la prórroga mencionada por InfoGremiales. Mientras el Gobierno avanza con la implementación del mecanismo, Siley reclama que el Congreso trate la derogación antes de esa fecha. El debate enfrenta dos enfoques: uno que busca establecer un fondo para contribuir al pago de indemnizaciones y otro que advierte sobre el efecto de la reducción de contribuciones patronales en el financiamiento previsional. La resolución de la disputa legislativa determinará si el esquema comienza a funcionar en los términos previstos o si se modifica su marco legal.
Fuente: InfoGremiales
