Copete: El Concejo Municipal de Rosario volvió a quedarse sin acuerdo para avanzar con la legalización de Uber, DiDi y otras aplicaciones de transporte. Las diferencias entre el oficialismo y La Libertad Avanza sobre las tarifas, las tasas municipales y el papel del Estado impidieron emitir un dictamen. Mientras los concejales negocian una salida, taxistas, remiseros y cadetes reclaman reglas claras y condiciones de competencia que consideren equitativas. El debate continuará la próxima semana.
La regulación de las aplicaciones de transporte volvió a estancarse en el Concejo Municipal de Rosario. El miércoles 21 de octubre, las comisiones de Gobierno y Servicios Públicos retomaron el análisis artículo por artículo del proyecto enviado por el intendente Pablo Javkin, pero las diferencias entre los bloques impidieron alcanzar un acuerdo. La iniciativa busca modificar la Ordenanza 10.544, aprobada en 2023, para establecer un marco legal para plataformas como Uber y DiDi, que ya son utilizadas por pasajeros en la ciudad.
Uno de los principales puntos de conflicto es cómo debe definirse legalmente el servicio. El oficialismo, junto con sectores del peronismo, impulsa una regulación que permita incorporar las plataformas al sistema de movilidad con obligaciones y controles específicos. La Libertad Avanza, en cambio, sostiene que los viajes deben considerarse acuerdos entre privados y cuestiona que se los encuadre como servicio público. Esa diferencia repercute en las condiciones que deberían cumplir las aplicaciones, sus conductores y los usuarios.
La discusión tarifaria es otra de las trabas centrales. El oficialismo y otros sectores proponen establecer una tarifa mínima de $2.150, equivalente al valor del boleto del transporte urbano, con el argumento de evitar una competencia basada exclusivamente en precios más bajos. El concejal libertario Juan Pedro Aleart rechaza esa alternativa y defiende un esquema de tarifas determinadas por la oferta y la demanda. También cuestiona la creación de nuevas tasas municipales y reclama una regulación con menor intervención estatal.
La posibilidad de habilitar viajes en motocicleta también genera diferencias. El proyecto impulsado por el Ejecutivo no contempla el traslado de pasajeros en motos, principalmente por las dudas sobre la disponibilidad de seguros específicos y las condiciones de seguridad. Desde el oficialismo sostienen que la regulación debe permitir verificar la documentación de los conductores, exigir licencias profesionales y controlar el estado técnico de los vehículos. La Libertad Avanza, por su parte, pretende incorporar esa modalidad a la normativa.
Mientras continúa la disputa política, taxistas y remiseros mantienen su rechazo al proyecto en los términos planteados por la Intendencia. Los trabajadores reclaman que las aplicaciones y sus conductores estén sometidos a exigencias equivalentes a las que rigen para los servicios tradicionales, incluyendo seguros para transportar pasajeros, licencias habilitantes y controles técnicos. Advierten que, sin reglas comparables, los sectores que llevan años trabajando bajo regulaciones municipales podrían quedar en desventaja frente a las plataformas digitales.
Los cadetes y repartidores también participan del conflicto, porque la iniciativa incluye cambios relacionados con las tareas de entrega de productos. El Sindicato de Trabajadores Cadetes y Repartidores pidió preservar la exclusividad de las motos para el reparto habitual de alimentos, bebidas, medicamentos y mensajería. Tras las conversaciones en el Concejo, se incorporaron modificaciones para limitar el reparto de taxis y remises a bienes que, por su volumen, no puedan trasladarse mediante motocicletas. El sector busca evitar que la ampliación de actividades para otros servicios afecte sus fuentes de trabajo.
Las diferencias entre los bloques ya habían frustrado el tratamiento de la iniciativa la semana anterior. La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, cuestionó públicamente a La Libertad Avanza por retirarse de una reunión sin presentar modificaciones concretas, mientras que Aleart defendió la posición de su bloque y acusó al oficialismo de intentar imponer su propio modelo de regulación. En el nuevo encuentro aparecieron señales de acercamiento con sectores del peronismo y Ciudad Futura en algunos aspectos, aunque no fueron suficientes para conseguir un dictamen.
Ante la falta de consenso, las comisiones pasaron a un cuarto intermedio y anunciaron una nueva reunión para el miércoles 28 de octubre a las 11. El objetivo será retomar las negociaciones e intentar avanzar con un dictamen que habilite el tratamiento legislativo. La discusión se desarrolla en un escenario en el que las aplicaciones ya forman parte de las opciones de movilidad de los rosarinos, pero todavía no cuentan con el marco normativo que busca aprobar el municipio.
El debate plantea un desafío que va más allá de la habilitación de Uber y DiDi: cómo incorporar nuevas tecnologías al transporte urbano sin dejar de lado la seguridad de los pasajeros, las condiciones laborales de los conductores y la situación de los sectores tradicionales. Mientras el oficialismo busca establecer controles y reglas para las plataformas, La Libertad Avanza reclama menos intervención estatal y los trabajadores exigen garantías de competencia. La falta de acuerdo mantiene abierta la incertidumbre sobre el futuro de la regulación en Rosario.
Fuente: InfoGremiales
