La Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia consideró insuficiente el proyecto presentado por el gobernador chaqueño para garantizar la actualización de los salarios docentes. El tribunal sostuvo que la iniciativa no establece una fórmula concreta de recomposición y convocó a una audiencia para el 29 de octubre. El conflicto involucra a unos 45.000 trabajadores de la educación y vuelve a poner en discusión quién paga el costo del ajuste.
La política salarial del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, recibió un nuevo revés judicial. La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia cuestionó el proyecto que el Ejecutivo provincial presentó para responder a la orden de establecer un mecanismo de actualización de los salarios docentes. Para las magistradas, la iniciativa oficial no alcanza para cumplir con lo dispuesto por la Justicia: aunque menciona criterios económicos y fiscales para evaluar posibles aumentos, no define una fórmula concreta que garantice la recomposición de los haberes. La resolución abrió una nueva instancia de negociación y citó al Gobierno y a la Federación de Sindicatos de la Educación del Chaco (Federación Sitech) a una audiencia de conciliación obligatoria el jueves 29 de octubre, a las 10.
El centro de la disputa es la eliminación de la cláusula gatillo, el mecanismo que permitía actualizar trimestralmente los salarios docentes en función de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según los antecedentes del caso, dejó de aplicarse en junio de 2025 y su interrupción derivó en un conflicto sindical y judicial que continúa sin una solución definitiva. Para los trabajadores, no se trata solamente de discutir un porcentaje de aumento, sino de recuperar una herramienta que permita evitar que la inflación erosione los ingresos mientras las negociaciones salariales se prolongan. En ese contexto, la falta de una fórmula definida deja a los docentes expuestos a que la eventual recomposición dependa de decisiones posteriores del Gobierno y de la disponibilidad de recursos presupuestarios.
El Ejecutivo provincial intentó dar por cumplida la orden judicial mediante el proyecto de ley 2331/26, presentado en septiembre. La propuesta establece que las actualizaciones salariales deben evaluarse considerando factores como la recaudación provincial, los recursos provenientes de la coparticipación, la inflación y la situación fiscal. También excluye los aumentos automáticos vinculados exclusivamente a los índices inflacionarios. Pero esa arquitectura normativa fue precisamente uno de los puntos cuestionados por la Cámara: para las juezas Silvia Suárez y Silvana Gómez, enumerar variables económicas no equivale a establecer un mecanismo operativo de actualización. En otras palabras, el proyecto habla de revisar los salarios, pero no determina con claridad cómo se calcularía la recomposición ni qué índice se aplicaría.
La observación judicial apunta a una cuestión decisiva: sin una regla concreta, la actualización puede quedar subordinada a la voluntad política del Ejecutivo y a la disponibilidad de fondos. La Cámara señaló que el proyecto no identifica una fórmula específica ni fija el índice de ajuste correspondiente a 2027, pese a que ese mecanismo debería estar contemplado en la planificación presupuestaria. También cuestionó el artículo 7, que prohíbe la indexación automática, y el artículo 10, que prevé la aplicación del régimen desde el ejercicio presupuestario 2027, una vez reglamentado. Según la interpretación del tribunal, esas disposiciones no satisfacen la exigencia de contar con una cláusula efectiva que proteja las remuneraciones docentes. El problema, entonces, no es solamente cuándo podría llegar un aumento, sino qué garantía tendrán los trabajadores para que sus ingresos no vuelvan a quedar rezagados frente a los precios.
La controversia tiene antecedentes concretos. En marzo de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Chaco se pronunció sobre el conflicto y ordenó adoptar medidas normativas y presupuestarias para garantizar un mecanismo de actualización salarial. Al mismo tiempo, delimitó las atribuciones institucionales: corresponde al Poder Ejecutivo y a la Legislatura definir el régimen remuneratorio, mientras que los jueces no pueden establecer directamente cuánto debe pagar la Provincia. Sin embargo, esa distribución de responsabilidades no libera al Gobierno de cumplir con la sentencia. La discusión actual gira precisamente alrededor de si el proyecto presentado responde de manera real a la orden judicial o si, bajo la apariencia de cumplimiento, deja sin resolver la cuestión central: cómo se actualizarán los salarios de los docentes.
La Federación Sitech rechazó la iniciativa oficial y pidió que se agraven las sanciones económicas por el incumplimiento señalado en el expediente. El sindicato también cuestionó que la propuesta no establezca plazos concretos de recomposición ni contemple la devolución de los montos que, según su planteo, los docentes dejaron de percibir durante el período en disputa. El reclamo alcanza a alrededor de 45.000 trabajadores de la educación, una dimensión que convierte el conflicto en un problema de alcance provincial y no en una controversia administrativa menor. En julio, la Justicia ya había aplicado una multa diaria de $37.240 al gobernador por el incumplimiento del fallo. Ahora, el tribunal deberá evaluar cómo continuar con las sanciones, aunque decidió abrir antes una instancia de conciliación para intentar acercar posiciones.
La audiencia del jueves 29 de octubre a las 10 será una instancia clave. La convocatoria incluye al gobernador Zdero, a la ministra de Educación, Sofía Petcoff Naidenoff, y a un representante de la Fiscalía de Estado, quienes deberán concurrir personalmente o mediante funcionarios con facultades suficientes para tomar decisiones. La Cámara buscará que las partes avancen hacia una salida que responda a las exigencias judiciales y permita resolver el conflicto salarial. Sin embargo, la convocatoria no significa que la cláusula gatillo haya sido restablecida ni que exista ya un acuerdo de recomposición. La discusión sigue abierta y el resultado dependerá de si el Gobierno presenta una alternativa concreta, con parámetros verificables y garantías efectivas para los trabajadores.
El caso de Chaco vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a los trabajadores estatales de todo el país: qué sucede cuando los salarios pierden frente a la inflación y los mecanismos de actualización son eliminados o reemplazados por fórmulas sujetas a decisiones políticas y restricciones presupuestarias. Para el Gobierno de Zdero, el desafío no consiste únicamente en defender un proyecto de ley, sino en demostrar que puede cumplir con una orden judicial y ofrecer una respuesta efectiva a miles de docentes. Para los trabajadores, la cuestión es concreta: recuperar previsibilidad salarial y evitar que el costo del ajuste recaiga, una vez más, sobre sus ingresos. La audiencia del 29 será el próximo capítulo de una disputa que todavía no tiene solución y que ya excede las paredes de los tribunales.
Fuente: InfoGremiales
