Tras una protesta en el Palacio Pizzurno para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el Ministerio de Capital Humano anunció una denuncia judicial contra los manifestantes. Pettovello afirmó “por la fuerza, nada”, mientras los estudiantes reclamaron respuestas sobre salarios, becas y presupuesto.
El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas volvió a subir de tono este miércoles, luego de que estudiantes universitarios ingresaran al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, para reclamar respuestas del Gobierno nacional. La protesta terminó con el desalojo del edificio por parte de efectivos de la Policía Federal y con el anuncio de una denuncia judicial por parte del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. La funcionaria expresó públicamente su postura con una frase: “Por la fuerza, nada”.
La protesta había comenzado con una sentada frente al edificio y posteriormente los estudiantes ingresaron al Palacio Sarmiento, donde funciona la Secretaría de Educación. Según los manifestantes, la permanencia tenía como objetivo exigir una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y obtener respuestas sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. También reclamaron un aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo y mayores recursos para residencias y comedores universitarios.
Desde el sector estudiantil sostuvieron que la protesta se produjo después de numerosos reclamos previos y que buscaban una respuesta concreta de las autoridades. Isabel González Puente, consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, afirmó que llevaban más de un año reclamando la aplicación de la ley y cuestionó la falta de respuestas oficiales. Otros estudiantes señalaron que habían realizado marchas, clases públicas y presentaciones institucionales antes de llegar a esta nueva medida.
El Gobierno, en cambio, calificó el episodio como una “toma violenta” y sostuvo que durante la ocupación se produjeron daños en el patrimonio del edificio público. En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano anunció que realizará una denuncia judicial para que se investiguen los hechos, se evalúen los daños denunciados y se determinen las eventuales responsabilidades. Esa caracterización corresponde a la versión oficial del Gobierno y no equivale, por sí misma, a una determinación judicial sobre lo ocurrido.
La salida del edificio se produjo mediante un operativo de la Policía Federal, coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva. La funcionaria defendió el procedimiento y sostuvo que en Argentina está permitido reclamar pacíficamente, pero que no puede “violentarse un edificio público”. Desde sectores estudiantiles, en cambio, se denunció que el desalojo fue realizado de manera violenta y con intervención de las fuerzas de seguridad.
El episodio ocurre, además, apenas un día después de una decisión judicial que agregó un nuevo elemento al conflicto. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró inconstitucional el mecanismo utilizado por el Gobierno para frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó avanzar con su cumplimiento. Según la resolución difundida por medios nacionales, el juez Martín Cormick consideró que el procedimiento utilizado por el Ejecutivo constituía un mecanismo que no estaba contemplado por la Constitución Nacional.
La disputa, por lo tanto, excede la protesta dentro del Palacio Pizzurno. En el centro del conflicto está la aplicación efectiva de una ley vinculada con el financiamiento de las universidades públicas, incluidos los salarios docentes, los gastos de funcionamiento y las becas. El Gobierno había sostenido que la norma implicaba obligaciones presupuestarias sin identificar de manera suficiente las partidas para financiarlas, mientras que la Justicia cuestionó el mecanismo utilizado para impedir su ejecución.
La tensión tendrá además una nueva instancia en las calles. Para el 15 de octubre está prevista la Quinta Marcha Federal Universitaria, que en esta oportunidad tendrá como destino el Palacio de Tribunales. El escenario combina así tres frentes: el reclamo de estudiantes y sectores universitarios, la disputa judicial por el cumplimiento de la ley y una respuesta oficial que ahora incorpora la vía penal contra quienes participaron de la toma.
El conflicto universitario vuelve a quedar en el centro de la agenda nacional, esta vez con una denuncia judicial anunciada por el Gobierno y con una movilización federal ya convocada. Mientras Capital Humano sostiene que la protesta cruzó los límites de la manifestación legítima y que deben investigarse los daños denunciados, los estudiantes afirman que llegaron a ocupar el edificio después de agotar otras vías de reclamo y ante la falta de respuestas. La discusión continuará ahora en dos escenarios simultáneos: la Justicia, por la denuncia anunciada, y las universidades y las calles, por el reclamo de financiamiento.
Fuente: Minuto Uno
