Funcionarios y legisladores cordobeses cuestionaron el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno nacional por contemplar la derogación de artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad y modificaciones al régimen de aranceles para las prestaciones básicas.
El Gobierno de Córdoba cuestionó públicamente al presidente Javier Milei luego de conocerse que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla modificaciones sobre normas vinculadas con la emergencia en discapacidad. Según informó La Nueva Mañana, la iniciativa plantea derogar artículos de la Ley 27.793 y modificar el artículo 7 bis de la Ley 24.901, relacionado con los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad.
La secretaria General de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, fue una de las funcionarias que se pronunció contra la iniciativa. A través de una declaración difundida en redes sociales, sostuvo que el Gobierno nacional busca avanzar sobre disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad mientras el Congreso analiza el tema en comisiones.
Montero señaló específicamente que entre las modificaciones previstas se encuentra la eliminación del denominado arancel único. Según explicó la funcionaria, ese mecanismo busca establecer un criterio común para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad en todo el país. En ese marco, cuestionó que la modificación pueda generar diferencias en el acceso a las prestaciones según las condiciones de cada jurisdicción.
La funcionaria cordobesa también cuestionó el rol del Ministerio de Salud de la Nación durante el tratamiento de la iniciativa. En su declaración hizo referencia al ministro Mario Lugones y sostuvo que el tema no habría sido planteado durante una reunión que mantuvieron los ministros de Salud de las distintas provincias y las áreas vinculadas con discapacidad.
Por su parte, la diputada nacional cordobesa Carolina Basualdo también expresó su rechazo a los cambios incluidos en el proyecto. Bajo el título “Con la Discapacidad No”, la legisladora sostuvo que el Presupuesto 2027 contempla la derogación de los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley 27.793, además de una modificación sobre el régimen de aranceles establecido en la Ley 24.901.
Basualdo planteó que las modificaciones podrían traducirse, según su interpretación, en menor protección y mayor incertidumbre para las personas con discapacidad y sus familias. La legisladora también vinculó el debate presupuestario con la discusión institucional sobre las obligaciones del Estado argentino respecto de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional en Argentina.
El cuestionamiento de los representantes cordobeses se produce mientras el Congreso analiza la situación de la emergencia en discapacidad. La discusión parlamentaria incluye tanto el pedido de prórroga de la emergencia como las disposiciones incorporadas al proyecto de Presupuesto 2027, por lo que el alcance definitivo de las modificaciones dependerá del tratamiento legislativo y de los cambios que puedan introducirse durante el debate.
De esta manera, la discusión sobre el financiamiento de las políticas de discapacidad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda parlamentaria. Mientras desde Córdoba funcionarios y legisladores cuestionan las modificaciones propuestas, el proyecto de Presupuesto 2027 continuará su recorrido en el Congreso, donde deberán definirse los artículos que finalmente serán aprobados y el esquema de financiamiento que regirá para las prestaciones vinculadas con discapacidad.
Fuente: La Nueva Mañana
