El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional contempla partidas que, según distintos análisis, implicarían nuevas pérdidas en términos reales para organismos científicos y tecnológicos. Las universidades nacionales recibirían $7,34 billones, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional reclama más de $11 billones y cuestiona aspectos vinculados a la autonomía universitaria.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional al Congreso volvió a poner en el centro de la discusión el financiamiento de la ciencia, la tecnología y las universidades públicas. La iniciativa contempla partidas para organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, pero el esquema proyectado queda atado a una inflación estimada oficialmente en el 18% para el próximo año.
El punto central de la discusión pasa por la evolución real de esos recursos. Si la inflación finalmente supera las previsiones incorporadas al proyecto, las partidas perderían capacidad de compra, profundizando una situación que los sectores vinculados al sistema científico vienen señalando desde el inicio de la actual gestión nacional. De acuerdo con el análisis publicado por InfoNews, los organismos científicos todavía no habrían recuperado la pérdida del 35% de sus ingresos reales registrada desde diciembre de 2023.
La situación proyectada presenta diferencias entre los distintos organismos. Para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el proyecto contempla una reducción nominal de las partidas del 12,4%, mientras que para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se prevé una caída nominal del 5,2%. Según los datos difundidos en el análisis, ambos organismos ya vienen atravesando un proceso de reducción de recursos y de personal desde 2024.
En el caso del INTA, el recorte acumulado en términos reales mencionado en la información alcanza más del 43%. Para el INTI, en tanto, el retroceso real acumulado se ubicaría cerca del 49%. Estas cifras son utilizadas para dimensionar el impacto que tendría la continuidad de una política presupuestaria restrictiva sobre instituciones que cumplen funciones vinculadas con la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la asistencia a distintos sectores productivos.
Las universidades nacionales aparecen como otro de los principales focos de conflicto. El proyecto presentado por la administración de Javier Milei contempla $7,34 billones para el sistema universitario nacional, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas, reclama una asignación superior a los $11 billones para el funcionamiento del sistema. La diferencia entre ambas cifras se convirtió en uno de los ejes de la discusión presupuestaria.
Además del monto destinado a las universidades, el proyecto incorpora disposiciones que generaron cuestionamientos entre las autoridades universitarias. De acuerdo con la información publicada, el Capítulo II establece mecanismos mediante los cuales las universidades deberían informar al Ministerio de Capital Humano sobre la finalidad de determinados gastos y contempla la posibilidad de interrumpir transferencias en caso de incumplimientos. Los rectores plantearon que estas disposiciones podrían afectar el principio de autonomía universitaria.
El debate también se vincula con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación es reclamada por las autoridades y sectores de la comunidad educativa. En este contexto, el sistema universitario enfrenta una discusión que no se limita exclusivamente al monto de las partidas: también incluye las condiciones bajo las cuales se distribuirán los recursos y el nivel de autonomía con el que las instituciones podrán administrar sus presupuestos. Los rectores anticiparon, según los informes difundidos, un escenario de fuerte conflictividad.
La discusión del Presupuesto 2027 recién comienza en el Congreso y todavía deberá atravesar el debate parlamentario antes de convertirse en ley. Mientras tanto, el financiamiento de la ciencia, la tecnología y las universidades vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. Las cifras proyectadas por el Ejecutivo, los reclamos del sistema universitario y la evolución de la inflación serán algunos de los elementos determinantes para evaluar cómo quedarán los recursos destinados a estas áreas durante el próximo ejercicio.
Fuente: InfoNews
