La Justicia Federal de Rosario investiga si la concesión del Puerto de Rosario fue utilizada como vehículo para introducir y blanquear fondos de presunto origen ilícito. La pesquisa involucra al financista Gustavo Shanahan, a integrantes de su familia y al empresario español Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat de Cataluña.
El Puerto de Rosario quedó en el centro de una investigación de la Justicia Federal que busca reconstruir un presunto circuito internacional de lavado de dinero. La hipótesis de los fiscales apunta a determinar si fondos vinculados con hechos de corrupción en España ingresaron a la Argentina bajo la apariencia de inversiones portuarias y posteriormente fueron reinsertados en la economía formal. El expediente también analiza posibles conexiones con dinero proveniente del narcotráfico.
Uno de los principales nombres de la investigación es el del financista rosarino Gustavo Shanahan, quien años atrás estuvo vinculado a la conducción de Terminal Puerto Rosario (TPR). Esta semana fueron detenidos dos de sus hijos y su pareja, mientras que la Justicia también pidió la detención del empresario español Jordi Pujol Ferrusola. Los procedimientos fueron realizados por Gendarmería Nacional por orden del juez federal de Garantías Carlos Vera Barros.
La investigación tiene como antecedente una causa tramitada en España por la Audiencia Nacional de Madrid. El fiscal federal Federico Reynares Solari explicó que la pesquisa argentina tomó elementos relacionados con una presunta trama de corrupción vinculada a la administración de la Generalitat de Cataluña. Según la hipótesis fiscal, desde 2005 comenzaron a llegar fondos a la Argentina a través de sociedades relacionadas con Jordi Pujol Ferrusola, utilizando una estructura empresarial que habría dificultado seguir el recorrido del dinero.
El nombre de Pujol Ferrusola resulta central porque es hijo del histórico presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Soley, y durante años estuvo bajo investigación en España por presunto lavado de activos y delitos vinculados con el origen de su patrimonio. En el expediente argentino se intenta determinar si parte de esos fondos fueron canalizados hacia negocios relacionados con el Puerto de Rosario y posteriormente utilizados en otras operaciones.
Los fiscales sospechan que detrás de determinadas operaciones societarias vinculadas con la terminal portuaria pudo existir una estructura destinada a ocultar el verdadero origen de los fondos. Reynares Solari describió un entramado empresarial que, según la hipótesis investigada, habría permitido “difuminar” el dinero ilícito mediante diferentes sociedades y operaciones. El funcionario también remarcó que se trata de maniobras sofisticadas, diseñadas para atravesar controles financieros y comerciales.
La investigación adquiere todavía mayor relevancia por los antecedentes judiciales de Shanahan. En diciembre de 2023, el Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario lo condenó a siete años de prisión como partícipe primario en una estructura vinculada al tráfico de estupefacientes. Según aquella causa, el financista realizaba operaciones de cambio de pesos por dólares que permitían a una organización narcotraficante hacerse de divisas para reponer la droga comercializada en moneda nacional.
La Justicia busca ahora determinar si existe una conexión entre distintos circuitos financieros investigados y establecer qué papel cumplió cada una de las personas y empresas involucradas. El fiscal Reynares Solari señaló que uno de los objetivos es avanzar sobre los delitos económicos vinculados al narcotráfico y dejar de investigar únicamente el momento en que la droga aparece, para reconstruir también el circuito financiero que permite sostener esas organizaciones.
En ese sentido, la mirada sobre el puerto adquiere una dimensión estratégica. El complejo portuario de Rosario moviliza enormes volúmenes de mercadería y constituye un nodo central del comercio exterior argentino. Para los investigadores, esa dimensión obliga a reforzar los controles no solamente sobre las cargas, sino también sobre las sociedades, inversiones y movimientos financieros vinculados con las empresas que operan en ese ámbito.
La causa también vuelve a poner bajo discusión el funcionamiento de los controles institucionales. Los investigadores buscan determinar cómo pudieron avanzar durante años determinadas operaciones y si hubo fallas de organismos encargados de controlar las actividades vinculadas con la concesión portuaria. Por ahora, esas cuestiones forman parte de la investigación y no existe una conclusión judicial definitiva sobre la responsabilidad de cada actor.
El expediente suma así una nueva dimensión a la compleja historia del Puerto de Rosario: una investigación que conecta presuntos fondos de corrupción originados en España con inversiones portuarias en Argentina y que, además, vuelve a poner bajo la lupa los vínculos entre economía ilegal, narcotráfico y circuitos financieros formales. La Justicia Federal deberá reconstruir el recorrido del dinero y determinar si efectivamente existió una estructura de lavado, quiénes participaron y cuáles fueron sus responsabilidades.
Fuente: Página 12
