Omar Manuel Ludueña, trabajador de la Legislatura de Córdoba, fue denunciado por una mujer de su familia, quien sostiene que sufrió abusos durante su infancia y adolescencia. El empleado ingresó a la Unicameral en 2015 de la mano de la entonces legisladora Elisa Caffaratti y luego pasó a planta permanente. Desde el radicalismo pidieron su apartamiento.
La Justicia de Córdoba investiga una denuncia por presunto abuso sexual contra Omar Manuel Ludueña, empleado de la Legislatura provincial y militante del radicalismo cordobés. La acusación fue realizada por una mujer de su familia, quien sostiene que habría sufrido abusos durante su infancia y adolescencia. Se trata de una investigación en curso y, hasta el momento, no existe una condena que determine responsabilidad penal.
Según publicó La Nueva Mañana, la denunciante habría convivido con Ludueña desde los tres hasta los diez años y aseguró que las situaciones de abuso se habrían extendido durante su adolescencia. De acuerdo con su relato, algunos de los episodios denunciados habrían incluido acceso carnal. La presentación judicial habría sido realizada originalmente el 15 de agosto.
Ludueña trabaja en la Legislatura de Córdoba desde 2015. Su ingreso se produjo como asesor de Elisa Caffaratti, por entonces integrante del bloque radical. Posteriormente rindió un concurso y consiguió incorporarse a la planta permanente de la Unicameral.
Además de su actividad legislativa, la nota señala que Ludueña es militante de la seccional cuarta de la Unión Cívica Radical de Córdoba y que mantiene vínculos políticos con el espacio interno que conduce Rodrigo De Loredo. Esa relación política adquirió relevancia luego de que la denunciante se comunicara a través de redes sociales con el propio De Loredo y con Elisa Caffaratti para hacerles conocer la situación.
La legisladora Alejandra Ferrero, titular del interbloque Juntos por el Cambio en la Unicameral, señaló que tomó conocimiento de la denuncia a través de ese contacto y que desde el bloque opositor solicitaron a las autoridades legislativas el inmediato apartamiento de Ludueña. Ferrero aclaró que pidió que se arbitren medidas disciplinarias urgentes, aunque reconoció que la decisión formal no depende directamente de ella.
Por su parte, Elisa Caffaratti confirmó que Ludueña comenzó a trabajar junto a ella en la Legislatura en 2015, dentro del bloque radical, y posteriormente pasó a planta permanente mediante concurso. La dirigente expresó su consternación frente a la denuncia y señaló que el 8 de septiembre realizó una presentación ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos institucionales para actuar frente a denuncias de violencia y abuso sexual dentro de organismos públicos. En este tipo de situaciones, el desafío consiste en garantizar una investigación judicial eficaz y, al mismo tiempo, adoptar las medidas administrativas que correspondan para proteger a las personas involucradas, sin convertir una denuncia en una condena anticipada.
La dimensión política del caso aparece por la trayectoria del denunciado dentro del radicalismo y por sus vínculos con dirigentes de ese espacio. Sin embargo, la investigación penal debe avanzar por los canales correspondientes y determinar qué ocurrió, sobre la base de pruebas y garantías procesales. La gravedad de las acusaciones exige respuestas institucionales claras, pero también responsabilidad periodística para no confundir una denuncia con una sentencia.
Mientras la Justicia avanza, desde el espacio radical ya fueron solicitadas medidas dentro de la Legislatura. La investigación deberá establecer la existencia o no de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades penales. Por ahora, el caso permanece bajo investigación y cualquier definición sobre la responsabilidad de Ludueña deberá surgir del proceso judicial correspondiente.
Fuente: La Nueva Mañana
