Un informe de ATE Capital revela un fuerte deterioro de los ingresos de los trabajadores de la Administración Pública Nacional durante el gobierno de Javier Milei. La mora crediticia pasó del 5,43% al 18,63% en dos años y el 80,7% de quienes están en situación irregular presenta riesgo alto o condición irrecuperable.
El salario real de los trabajadores de la Administración Pública Nacional sufrió una caída del 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026, mientras que la mora crediticia entre los empleados estatales se multiplicó por 3,4 en apenas dos años. Los datos surgen de un informe elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires, que cruzó información salarial con datos de endeudamiento para analizar el impacto de la pérdida de poder adquisitivo.
El relevamiento muestra que la proporción de trabajadores públicos en situación crediticia irregular pasó del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026. Es decir, mientras los ingresos perdían capacidad de compra, aumentaba de manera significativa la cantidad de trabajadores que comenzaron a registrar dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Para ATE, ambos fenómenos forman parte de un mismo proceso de deterioro económico.
La situación adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando se observa la calidad de esa deuda. Según el informe, el 80,7% de los trabajadores estatales que se encuentran en situación irregular está clasificado en riesgo alto o directamente como irrecuperable. Esto implica que una parte importante de quienes ingresaron en mora ya no enfrenta simplemente un atraso puntual, sino una dificultad mucho más profunda para poder regularizar sus compromisos con sus ingresos habituales.
El impacto tampoco es uniforme dentro de la administración pública. Los sectores de Seguridad y Defensa aparecen entre los más afectados. El Estado Mayor General del Ejército registra una mora del 30,1%, seguido por el Servicio Penitenciario Federal, con 28,5%, y la Policía Federal Argentina, con 24,2%. Los números muestran que el problema atraviesa organismos estratégicos del Estado y alcanza a trabajadores de distintas áreas de la administración nacional.
El mapa territorial también presenta diferencias importantes. La Rioja encabeza el nivel de incumplimiento con 29,38%, seguida por Formosa, con 28,69%, y Santa Cruz, con 28,55%. En el extremo opuesto aparece la Ciudad de Buenos Aires, con un 9,56%. Para el relevamiento, estas diferencias muestran que el deterioro financiero de los empleados públicos también está atravesado por las condiciones económicas particulares de cada región.
El informe señala además que el crédito comenzó a utilizarse para cubrir gastos cotidianos, entre ellos alimentación, alquileres, servicios públicos y medicamentos. ATE advierte que la pérdida de ingresos llevó a muchos trabajadores a recurrir a alternativas financieras por fuera del sistema bancario tradicional, incluidas plataformas digitales y fintechs que ofrecen préstamos con tasas elevadas. El endeudamiento, de esta manera, deja de funcionar solamente como una herramienta para financiar consumos extraordinarios y pasa a utilizarse para llegar a fin de mes.
En cuanto a las entidades acreedoras, el Banco Nación concentra el mayor volumen, con 24.407 trabajadores en mora y una tasa del 8,56%. Pero algunas entidades privadas y plataformas financieras presentan porcentajes mucho más elevados: Naranja Digital registra una morosidad del 31,86%, mientras que Moni Online alcanza un 60,53% de incobrabilidad, según los datos citados por el informe. La diferencia vuelve a poner en discusión el costo que puede tener para un trabajador recurrir a créditos de corto plazo cuando el salario ya no alcanza.
El problema se concentra especialmente entre trabajadores que atraviesan etapas de mayores responsabilidades familiares: el relevamiento identifica 9.818 trabajadores civiles de entre 36 y 55 años dentro de los sectores alcanzados por la problemática. El cuadro que describe ATE es, en definitiva, el de una combinación cada vez más difícil de sostener: salarios que pierden poder adquisitivo, mayor necesidad de recurrir al crédito y un crecimiento acelerado de los incumplimientos. La discusión sobre el empleo público vuelve así a exceder el tamaño del Estado y se instala sobre una pregunta concreta: qué ocurre cuando el salario deja de alcanzar para cubrir las necesidades básicas y el crédito se convierte en el mecanismo para completar el mes.
Fuente: La Nueva Mañana
